Cerca de 12 mil funcionarios implicados en robo al Estado

Unos S/ 27 mil millones se gastaron en el país durante el 2022 en contrataciones de bienes, servicios y/o obras bajo el marco de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), lo que equivale el 47% del total de S/57,500 millones de gasto público realizado en dicho periodo, mientras que el 32% (S/ 18,580 millones) se gastó en contrataciones sin proceso, ya que son compras cuyo valor es menor a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), informó el contralor general Nelson Shack.

Lo hizo en la mesa de trabajo de análisis de aportes y recomendaciones al proyecto de Ley 5472, que plantea una nueva Ley de Contrataciones del Estado, organizada por el Congreso de la República.

Remarcó que entre 2018 y 2022, la Contraloría emitió 3,364 informes de control posterior que permitieron establecer que 11,927 funcionarios públicos tienen presuntas responsabilidades de tipo administrativo, civil y penal en hechos irregulares.

“El año pasado, durante el gobierno de Pedro Castillo, se gastaron S/ 18,580 millones en compras menores a 8 UIT, en consecuencia es una contratación a dedo. No hay competencia, no hay pluralidad y hay poca transparencia, todos sabemos cómo funciona esta modalidad en el Estado, todo es una farsa que cumple con la normatividad”, refirió.

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Sostuvo que si las autoridades desean que haya un solo sistema de contrataciones públicas, se debe reunir lo mejor de otros mecanismos especiales para que una ley sea aplicable a todos los casos.

Manifestó que, en términos generales, hay 5 grandes problemáticas en el gasto realizado en contrataciones públicas, de los cuales la primera es la excesiva cantidad de normas de contratación, por lo que se necesita un sistema más simple basado en una sola normativa y que sea más estandarizado.

La segunda problemática es el “débil proceso” de programación y planificación, lo que genera que no haya una idea clara de lo que se va a contratar. En tercer lugar están las contrataciones sin proceso, lo que genera problemas de falta de transparencia, competencia y pluralidad. “Una enorme cantidad de gasto se va en contrataciones sin proceso, las que son menores a 8 UIT”, acotó.

También se advierte la poca cantidad de proveedores con experiencia en contratación pública. Ello origina que las contrataciones se hagan con precios muy caros, ya que no hay competencia real de postores e inclusive hay casos de tres postores que pueden pertenecer a un mismo dueño. La quinta problemática se debe a las debilidades en los procedimientos de selección y deficiente administración de los contratos.

Entre las presuntas responsabilidades penales detectadas figuran la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, colusión, peculado, entre otros.

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