Gobierno impone toque de queda en Pataz tras asesinato de 13 trabajadores: militarizan provincia y suspenden actividades mineras
Tras masacre, Gobierno endurece su postura.
La presidenta Dina Boluarte anunció este lunes una serie de medidas excepcionales para restablecer el orden en la provincia de Pataz, región La Libertad, tras el asesinato de 13 mineros a manos de presuntas bandas criminales vinculadas a la minería ilegal.
La mandataria detalló que se instalará una base militar en la zona y que se aplicará un toque de queda como parte de una estrategia integral de seguridad.
“Quiero expresar mis condolencias a los fallecidos en Pataz. Es un dolor, no solo como presidenta, sino como ciudadana”, señaló durante su mensaje.
Las víctimas fueron secuestradas a fines de abril y posteriormente halladas sin vida dentro de una mina tomada por criminales.
Pataz: suspendes actividades mineras
Como parte de las acciones inmediatas, el Ejecutivo decretó un toque de queda que regirá desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. en el distrito de Pataz. Además, se anunció la suspensión total de las actividades mineras en la provincia por un periodo de 30 días. Estas decisiones buscan contener la violencia e impedir nuevas tragedias en la zona.
“Desde el primer momento que se rumoreaba (del secuestro), inmediatamente tomamos las acciones debidas. El Gobierno actuó incluso antes de conocer formalmente la denuncia”, sostuvo la mandataria. También hizo un llamado al Ministerio Público para coordinar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el crimen organizado.
Boluarte agregó que su administración solicitará al Congreso facultades legislativas en materia de “terrorismo urbano”, un término con el que aludió a la operación armada y violenta de bandas ilegales que controlan zonas mineras.
El crimen ocurrió en una mina donde operaban trabajadores de la compañía Poderosa. La empresa denunció que bandas criminales, en alianza con mineros ilegales, se apoderaron violentamente de la zona y ejecutaron a los trabajadores. Familiares de las víctimas también acusaron a las autoridades de inacción, al señalar que conocían la ubicación de los cuerpos días antes de su hallazgo.
En medio del luto, el Estado busca dar un golpe de autoridad con la presencia militar. Sin embargo, líderes locales y defensores de derechos humanos advierten que la militarización por sí sola no resolverá el problema estructural del crimen organizado y la corrupción que afecta a la región.
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