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Ministro del Interior pone trabas a ley de personal de Sanidad Policial

Publica proyecto de reglamento que exige trámites y documentos que no existen o no se brindan a todas las categorías laborales.

Recién luego de públicos reclamos, la gestión de Víctor Torres Falcón en el Ministerio del Interior publicó el proyecto de reglamento.
Fecha Publicación: 22/12/2023 - 12:56
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Recién luego de públicos reclamos, la gestión del ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, publicó el proyecto de reglamento del Artículo 67 de la Ley de Presupuesto 2023, para el cambio de categoría del personal suboficial de servicios o armas que realizó labores asistenciales de profesionales durante la pandemia del Covid-19.

Esto debería significar sus beneficios de ley, pero en realidad, se pusieron condicionamientos. La norma original señala que, por excepción (de manera automática) quienes lucharon contra el virus debían pasar al grado de capitán y/o mayor. Sin embargo, ahora se está exigiendo pasar un proceso de asimilación, cuando estos se producen en cronogramas proyectados con anticipación.

Como si fuera poco, los funcionarios de Torres Falcón insisten en dejar de lado a algunos con el requisito de contar con resolución directoral, cuando estas normalmente se emiten a los jefes, mientras la mayoría fueron requeridos con otros documentos oficiales, como memorándum, oficios o decretos.

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En las semanas pasadas, EXPRESO publicó que se anunciaba una acusación constitucional contra el ministro del Interior, por no acatar una ley. Ahora, en vez de cumplirla con quienes arriesgaron sus vidas, se pretendería beneficiar a 651 profesionales, cuando el total de beneficiarios por quienes se emitió la norma es menor.

Ministerio del interior.
Otro sesgo es el requisito de haber pasado ficha médica en el año 2023 y encontrarse apto con código cero, a pesar de que este trámite fue suspendido desde el 2020, por la pandemia.

Cuando el Poder Ejecutivo reglamentó leyes en contra del espíritu de estas, el Congreso e incluso el Tribunal Constitucional señalaron que esto atenta contra los derechos de las personas.

El proyecto publicado, mismo que recibirá opiniones y sugerencias durante cinco días útiles, con la necesidad de implementar y hacer efectiva la norma dada por el Parlamento en el 2022.

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