Fiscalía pidió 34 de prisión para el exmandatario por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y de la sociedad.
Auditores recopilaron información en ambas entidades, en respuesta a “denuncias públicas y alertas de riesgo en las inversiones”, en obras y contratación de personal.
Tribunal Constitucional ratificó inhabilitación de dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que fueron destituidos por el Parlamento Nacional.
