Luis García Miró Elguera

Antes que los países latinoamericanos, el primer mundo ha manifestado su preocupación por el descuido –mas claramente la destrucción y el abandono- del gigantesco bosque ubicado en el subcontinente Sudamericano llamado la Amazonia.

Mientras no cambien moralmente las dirigencias políticas, judiciales, sociales, económicas, académicas y trabajadoras del país, seguiremos hundiéndonos en este pantano llamado corrupción. Por donde uno mire siguen saltando escándalos que creíamos superados, pero cuyas secuelas siguen repitiéndose delante nuestro.

La profesión periodística, por principio, está dedicada a obtener, tratar, comentar, interpretar y difundir la noticia por medios formales como la prensa, radio y televisión. Aunque desde hace casi medio siglo el periodismo se difunde asimismo por medios electrónicos que cada día avanzan, se multiplican y consolidan.

En el Perú, la orfandad partidaria supera toda expectativa.

Benji Espinoza fue uno de los tres abogados del golpista, proto corrupto, plagiador de tesis y muchas otras nefastas taras , Pedro Castillo Terrones.

Venimos insistiendo, con preocupación, sobre las irregularidades que rodean a la Junta Nacional de Justicia JNJ, ente del Estado ideado por el imputado por corrupción y golpista Martín Vizcarra, para sustituir al Consejo Nacional de la Magistratura, impuesto a la sociedad a través de una forzada reforma constitucional vía referendo al paso.

Después de siete meses de gestión, el gobierno de Dina Boluarte sigue sin despertar. El mayor síntoma de su sinsentido es el silencio que manifiesta frente a toda suerte de obstáculos. Incluso ante coyunturas que preocupan seriamente a la ciudadanía. Como la anunciada “Toma de Lima”, prevista hace meses para el 19 de julio.

Parafraseando a Winston Churchill, Perú es un acertijo envuelto en un enigma que es un misterio. Acá puede ocurrir cualquier cosa y no pasa nada. ¡Desde llover hacia arriba hasta nevar en plena canícula! Hemos llegado a tal nivel de incoherencia que nada sorprende.

Estamos repletos de entidades estatales, presuntamente encargadas de que funcione correctamente el Estado. Desde la Contraloría General de la República hasta el último pinche del millón y medio de burócratas que anidan en el sector público. Aunque, oficialmente, no existe un censo confiable respecto a la población de trabajadores del Estado peruano.

Si pudiéramos llamarles “dirigentes” a quienes fungen de tótems en los partidos políticos peruanos que izan la bandera de la derecha, como del centro derecha, la candidez de estos impide que parte de la sociedad se desarrolle en aquellos espacios filosóficos, afines a su pensamiento.

Causa verdadera extrañeza el comportamiento sospechosamente errático del Ministerio Público respecto a Aníbal Torres Vásquez, el provocador e incitador a la violencia ex primer ministro del golpista Castillo.

A pedido de algunos vocales, por ejemplo el juez César San Martín, la Corte Suprema convocó el miércoles último a una impertinente sesión, para tratar un asunto particular.

Justicia que tarda, no hace justicia. Y lo que viven los peruanos desde tiempos no tan recientes es, justamente, la carencia de Justicia que trae consigo aquel anquilosado mecanismo de tortura que caracteriza a su, si pudiera llamársele, “sistema de Justicia”.

Dos semanas antes de las elecciones generales de 2016, a través de canal 4 –cuya cuestionada propiedad comparte con el diario izquierdista La República- El Comercio asestó un fortísimo golpe a la democracia peruana, introduciendo una noticia falsa para difamar a Keiko Fujimori; y beneficiar la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski.

Evocando las siguientes palabras de la ex Fiscal de la Nación, y actualmente congresista de la República, doña Gladys Echaíz: “A la luz de los hechos y la forma en que viene actuando el presidente del JNE, podríamos señalar que su actuación es política (…) pretende que sea considerado dentro de los altos dignatarios del país (…)”, invocamos ayer a los vocales de la Corte Suprema para que retire

Desde todo punto de vista, resulta insostenible la condición del polémico Jorge Luis Salas Arenas, aún presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Existe el principio fundamental que nadie debe traicionar la voluntad de Juan Pueblo, en el ejercicio más importante que tiene la sociedad: elegir a sus autoridades con el voto secreto y directo que facultan la Carta y la Ley.

El ágrafo, golpista, corrupto Pedro Castillo, permaneció durante un año y medio en el poder a base de corromper, con dinero de los contribuyentes, al Congreso Nacional, comprando la conciencia de la escoria nacional que se incrustó en el poder Legislativo. Algunos de ellos gracias apenas a 1,200 votos preferenciales que obtuvieron en los comicios de 2021.

Si hay algún delito que los peruanos deben interiorizar como execrable, que además es desafiante, intolerable y condenable, es aquel que comete quien promueve o ejecuta un golpe de Estado. La razón es simple. En toda sociedad que se precie de civilizada y democrática, los ciudadanos se rigen por lo que dicta la Constitución que les otorga el Estado de derecho.