Rafael Romero

Es deplorable ver cómo la institución de la presidencia de la República se desmorona por la insensatez de Pedro Castillo.

En el caso de los “Cuellos Blancos” son de escándalo los informes de “Panorama” sobre el pedido del fiscal supremo Pablo Sánchez al investigado Edwin Oviedo, entonces presidente de la FPF, de entradas para palco en los partidos de la Blanquirroja.

“No condenar inocentes” no sólo debería ser una frase en la administración de justicia de cualquier país, sino un principio, una consigna y el norte a seguir.

En un caso que lleva años, al parecer en Perú la primera persona que usó el Tik Tok para temas no bailables ni musicales fue la ciudadana Karina Reaño, que esta semana no dejó de enviar mensajes a las redes sociales pidiendo a la opinión pública que la apoye en la búsqueda de justicia para su familia en medio de un enfrentamiento que tiene con la Municipalidad de Surquillo y Cofopri.

Terminamos la serie de un conflicto en el Alto Purús (Cerro de Pasco) dando cuenta de la carta enviada a esta redacción por parte de una familia nativa (Silvia Samaniego) con la cual contradice a la misiva enviada previamente por la presidenta de la ONG Atiycuy, Elizabeth Luque Quispe.

Esta columna informa historias de conflictos. Recientemente abordamos casos de Atalaya (Ucayali), San Pablo (Amazonas), Huacaybamba (Huánuco) y Alto Purús (Cerro de Pasco). En este último, aparece la vulnerabilidad de una mujer y sus menores hijos, según Carpeta Fiscal N° 751-2020 (Segunda Fiscalía Provincial Penal de Oxapampa).

Desde el pasado 28 de diciembre, “Día de los Inocentes”, el Ministerio de Educación tiene un nuevo titular, el doctor Rosendo Leoncio Serna Román, a quien le deseamos los mayores éxitos.

La ciudadana Elvira Samaniego Arroyo y sus menores hijos, residentes en la comunidad nativa de Alto Purús (Oxapampa, Cerro de Pasco), viven una amenaza para su integridad física y emocional.

En la historia del fútbol peruano el club Alianza Lima ocupa un sitial especial, pero más recientemente, con líderes dirigenciales que están haciendo bien las cosas, su proyección escapa de lejos al ámbito estrictamente deportivo y se fortalece como una marca peruana de gran sentimiento, fidelidad y orgullo.

"Casas Huertas" es una zona ubicada en el distrito de Surquillo (en el corazón de Lima), que bien podría resumir o representar -en chiquito- los problemas del Perú, del caos administrativo; de los desencuentros y no pocos conflictos arrastrados por décadas de inseguridad jurídica generada por la reforma agraria, entre otras medidas socialistas de la dictadura de Velasco (con Sinamos incluido).

Cuando las puertas de la administración pública se cierran para encubrir sus caprichos, se abren las puertas de la prensa y se encienden los reflectores buscando respuestas a decisiones arbitrarias y a consabidas adjudicaciones que, generalmente, ningún beneficio trae a los administrados, salvo una perspectiva destinada a saquearlos con más impuestos y con el aumento del coste de sus tributos.<

Llama a reflexión el pedido público formulado en redes sociales por el matrimonio Alberto Ponce y Karina Reaño, familia modesta que está sola y olvidada en Surquillo frente a un conflicto generado por las políticas socialistas del régimen del general Velasco Alvarado, cuyas consecuencias perduran hasta hoy.

¿Qué es lo más digno para un funcionario fiscal o judicial? Proceder conforme a la práctica de valores, dejar la flojera, garantizar la legalidad y no ver simples rumas de expedientes, sino que detrás de ellos hay seres humanos junto a familias enteras que esperan respeto, justicia y objetividad.

Desde la dictadura de Velasco continúan diversos conflictos territoriales. La historia narra la batalla de los esposos Alberto y Karina, representantes de la sucesión Osorio Hernández, quienes no pueden usar ni disfrutar una propiedad adquirida en 1948 a la familia Marsano (predio ubicado en Surquillo).

Si viviéramos en un eficiente Estado de derecho, la denuncia del valiente y correcto fiscal Hamilton Montoro hubiera tenido el efecto de una bomba atómica de mil megatones en el seno del sistema de justicia del Perú. Pero eso no ocurre porque vivimos, como lo ha dicho el decente magistrado Montoro, bajo la “venganza” y el “chantaje” de Odebrecht (y de una Fiscalía a su medida).

Es innegable que el papel y producción de un estamento joven, nacido en la época del vizcarrato, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sea todavía tan pobre en materia de “ratificación de jueces y fiscales”.

Para quienes estamos empeñados hace tiempo en la promoción de los valores, como consta en diversas plataformas periodísticas y obviamente desde el buque insignia “Más allá de la Noticia”, resulta de especial significado que el martes 19 de octubre la Comisión Regional Anticorrupción del Callao (CRAC) aprobara -en sesión extraordinaria- la campaña: “Valores que construyen un país”.

En tiempos en los que no abundan buenas noticias en la lucha contra la corrupción, ocurre una excepción con la Resolución N° 072-2021-PLENO-JNJ, siendo oportuno dar cuenta de un caso visto por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que podría ayudar a recuperar la fe y esperanza de los peruanos y autoridades decentes (porque sin duda las hay), a fin de ponerle el guante a los corruptos.