En Costa Rica allanan Scotiabank por caso Alejandro Toledo

Mientras en el Perú se sigue esperando el “terremoto” de las delaciones de Odebrecht, y de Brasil llegan las confirmaciones de coimas ya conocidas hace tiempo, la noticia llega desde Costa Rica: la Fiscalía de ese país allanó las oficinas centrales de Scotiabank, como parte de las investigaciones por el ingreso de 17.5 millones de dólares del expresidente Alejandro Toledo, hoy prófugo de la justicia peruana.

La medida asumida –que tiene relación con el caso Ecoteva– no obedeció a una solicitud de colaboración por parte de la justicia peruana sino a la reapertura del caso por parte del Ministerio Público del país centroamericano.

La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales es la encargada del operativo en la zona de Sabana Norte, de San José de Costa Rica, y de la investigación que se sigue dentro del expediente 13-000051-0618-PE.

Las acciones tienen como objetivo ubicar información relacionada con el procedimiento establecido para la emisión de los certificados de depósito desmaterializados denominados “Scotiaflex”, así como el trámite a seguir para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos “Scotiaflex”, documentación que la fiscalía considera relevante para el desarrollo de la investigación.

La medida se tomó después de que la Fiscalía, según se informó, solicitara inútilmente esta información al Scotiabank en cuatro oportunidades en 2018; una quinta vez se realizó en enero de este año, pero el banco envió información que no correspondía a lo solicitado.

MILLONARIA MULTA

El caso estalló el 2013, y la investigación fue archivada en 2015, en medio del escándalo por los personajes involucrados.

Sin embargo, la decisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de imponer una multa millonaria contra Scotiabank Costa Rica, por no ejercer los suficientes controles antilavado en los US$ 17.5 millones que Toledo Manrique depósito en el país, activó las alarmas en el Ministerio Público costarricense.

Después de tres años y cinco meses de investigación, el caso –como es público– fue archivado; sin embargo, en noviembre de 2017, la fiscal general Emilia Navas Aparicio ordenó la reapertura de la causa, pues requería de mayor análisis y la realización de diligencias de investigación omitidas.

Los hechos ocurrieron cuando la citada superintendencia estaba bajo el mando de Luis Liberman, quien después sería vicepresidente “tico”.

Además de Liberman, según los despachos, existían varios funcionarios bancarios costarricenses que fueron investigados. Sin embargo, las acciones contra esas personas prescribieron ante la poca acción del anterior fiscal Jorge Chavarría.

Además de Toledo, en el expediente figuran como imputados su suegra, Eva Rosa Fernenbug, el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Maiman.

FACTOR ODEBRECHT

Como se sabe, Toledo está acusado de recibir US$ 20 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de entregar el primer tramo de la Interoceánica sur.

El documento con el que Perú solicitó a EE.UU. la extradición de Toledo señala que Confiado International, una firma registrada en Panamá y con sede en Suiza, adquirida en 2003 por el empresario israelí Josef Maiman, amigo de Toledo, recibió los US$ 17.5 millones de Odebrecht como pago de dádivas.

Las transferencias a Confiado empezaron en la segunda mitad de 2007 y se prolongaron hasta el año 2010.

Es por eso que a fines de 2006 o inicios del año 2007, Toledo le indicó a Maiman que su jefe de seguridad Avi Dan On le haría saber el nombre de las empresas a las que se debían realizar las transferencias del monto arriba citado.

Nos referimos a Ecostate Consulting S.A, Milan Ecotech Consulting S.A y Sirlon Dash Consulting. Las sociedades estaban a nombre de Eva Fernenbug, suegra de Toledo.

Pero en enero de 2013, cuando estalló el escándalo Ecoteva, Maiman es contactado por Toledo, quien desesperado le solicita ayuda en el manejo del tema. Es por ello que el empresario decide que la reacción más conveniente era asumir el control de las empresas y los fondos en Costa Rica y para ello instruyó a su subordinado Sabi Saylan que viajara para tal fin.

Es de subrayar q ue el total de los pagos realizados por Odebrecht a Confiado fue de 27'561,112.85 dólares, aparte de otra cifra que no viene al caso detallar.

Sin embargo, hasta donde se sabe, parte de ese dinero se trasladó a cuentas bancarias ligadas con el exmandatario en Perú u otros países. No obstante, US$ 6.5 millones quedaron congelados en el Scotiabank de Costa Rica a pedido de la justicia peruana.

Otra parte, más de US$ 5 millones de Ecoteva, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, se gastaron en el Perú.

Es decir, cerca de US$ 3.7 millones por la casa de Las Casuarinas; US$ 882 mil por la oficina en Torre Omega; se canceló la hipoteca de la casa en Punta Sal (277 mil dólares), y 217 mil dólares del crédito hipotecario, por la casa de Camacho a nombre de Eliane Karp.

ACUERDOS FICTICIOS

Finalmente es importante considerar, según el auto de requerimiento judicial de extradición de Toledo Manrique, “que Maiman ha aseverado ante la Fiscalía que los acuerdos nominativos (nominee agreement) entre Confiado y Ecostate y Milan Ecotech, que incluía un supuesto fideicomiso, no eran otra cosa que acuerdos ficticios para facilitar la transferencia de fondos, con lo que la coartada de Toledo Manrique queda desvirtuada”.

GARCÍA BELAUNDE

El parlamentario Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) dijo que le parece muy bien las acciones de la Fiscalía de Costa Rica, que ha allanado un banco en busca de pruebas del caso Ecoteva, ya que va en sentido positivo de las investigaciones.

“Yo creo que el tema está bastante claro y creo que este allanamiento es parte del proceso y no de ahora. El tema es evidente porque Toledo no pudo justificar esos ingresos en el Perú. Si se encuentra mayor información en Costa Rica, evidentemente va a facilitar las cosas con la justicia”, argumentó

De otra parte, el legislador acciopopulista planteó una reforma profunda del Ministerio Público y del Poder Judicial, ya que aseguró que la inacción que han mostrado estas instituciones frente al caso Lava Jato, principalmente con la situación de la transnacional Odebrecht, es un elemento que obliga al sistema de justicia peruano a esperar información desde en el extranjero.

“Lamentablemente tenemos un Poder Judicial y Ministerio Público muy deficiente, eso es lo que está pasando. Tiene que haber una reforma total (…) se necesita una reforma profunda del Poder Judicial, pero una reforma no solo de normas sino de personas, hay que hacer un saneamiento del Poder Judicial y Ministerio Público porque las personas que están ahí ya no están calificadas para desempeñar en esa altísima responsabilidad”, señaló.

Se firmará acuerdo con Maiman

El ministro de Justicia Vicente Zeballos informó que en los próximos días, los fiscales del Equipo Especial viajarán a Israel para firmar el acuerdo de colaboración eficaz con el empresario israelí Josef Maiman. “El acuerdo está bastante avanzado, en los próximos días los fiscales deben viajar a Israel para suscribir el documento”, informó Zeballos.

Marcos Ibazeta: Hay un conflicto de intereses en Fiscalía

El ex presidente de la Corte Superior de Lima, Marcos Ibazeta, en diálogo con EXPRESO, saludó la decisión de la Fiscalía de Costa Rica de intervenir las oficinas de Scotiabank de ese país, para encontrar nuevos elementos en las investigaciones del caso Ecoteva.

“Ahí, en Centroamérica, se constituyó Ecoteva; se supone que han existido transferencias de dinero, y podríamos establecer las rutas [de dónde provienen], desde qué otras cuentas, empezar a armar ese rompecabezas con los que nuestros fiscales se demoran un mundo”, enfatizó.

Ibazeta agregó que los pocos o casi nulos resultados que ha obtenido el Ministerio Público en Brasil, se debe a que existe un conflicto de intereses al interior de la Fiscalía, motivo por el cual solo se priorizan algunas investigaciones.

“Siempre hay un juego de intereses que se infiltra en el sistema de justicia, en cambio en el extranjero actúan con autonomía, independencia, identifican al enemigo, no es un juego de poderosos sobre a quién se protege y a quién no, es una lucha contra la delincuencia, hay que ubicar a los delincuentes, a los corruptos, y meterlos a la cárcel, pero acá se mide quién es amigo y quién es enemigo”, advirtió.

Por su parte, la ex procuradora para el caso Lava Jato, Katherine Ampuero, aseguró que el equipo especial de la Fiscalía no ha logrado obtener nuevos elementos respecto a lo que ya se conocía desde el 2017, a excepción del monto de pago de coimas que se realizó por la carretera Interoceánica.

“Hasta ahora las declaraciones se han centrado en confirmar la información que ya teníamos desde el 2017, lo único nuevo es el tema del monto de coima pagado en IIRSA, y que se ha confirmado que la empresa de Monteverde, que ya venía siendo investigada por la Procuraduría y la Fiscalía de Lavado de Activos, ha servido para pagar coimas a funcionarios peruanos. Se debió dar el nombre de los responsables, necesitamos individualizar las responsabilidades”, dijo.

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