Exigen la renuncia del procurador Jorge Ramírez

Tras las declaraciones del procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, quien defendió los acuerdos con las empresas brasileñas diciendo inclusive que quienes los critican tienen intereses personales y que el monto de la reparación civil tuvo como referencia a los cálculos de la Contraloría, diversos políticos, exprocuradores y abogados lo retaron a probar sus afirmaciones e incluso demandaron su renuncia.

“El mandatario [Martín Vizcarra] lo ha descalificado al decir que es muy poca la reparación. Por eso el procurador debería tener vergüenza propia y renunciar”, reclamó el congresista y exintegrante de la Comisión Lava Jato, Víctor Andrés García Belaunde.

Cabe recordar que el pasado 31 de diciembre el presidente Martín Vizcarra aseveró estar en contra de que la empresa brasileña Odebrecht continúe contratando con el Perú, luego de que se destaparan nuevos detalles del escándalo de corrupción denominado Lava Jato.

“Mi opinión es que Odebrecht no debería seguir trabajando en el Perú... No debería seguir brindando sus servicios de ingeniería, de construcción, de proyectos en el Perú, porque ella misma se ha descalificado para trabajar con los peruanos", afirmó el jefe de Estado a una radio local.

García Belaunde, quien ha sido un duro crítico del desempeño de Jorge Ramírez en las negociaciones del convenio efectuado entre la Procuraduría, Fiscalía y Odebrecht, no tuvo miramientos en señalar que al defensor del Estado no le importó regalar dinero del país, en vez de recuperarlo.

“Él [Ramírez] representa al Estado. El Estado está representado por él. El Estado va a regalar más de 4 mil millones de dólares porque él lo dice, ya que no tiene el apoyo del Gobierno, que lo ha criticado, hasta el propio ministro de Justicia lo ha criticado. Los otros ministros también lo han hecho”, enfatizó.

QUE ACLARE

Por otro lado, el abogado penalista Luis Lamas Puccio le pidió al procurador Ramírez señalar a quiénes se refiere cuando habla de los abogados que tendrían conflictos de intereses con el acuerdo de colaboración eficaz, luego que en declaraciones a un medio local señalara que “muchos juristas respetables [que criticaron el convenio] patrocinaron en dichos casos o son abogados de la defensa”.

“Es importante que él señale de manera pormenorizada y en términos nominativos a quiénes se está refiriendo cuando menciona que opinan porque defienden intereses en casos de corrupción. Todos tienen derecho a opinar y esa es una categoría de la libertad de expresión”, dijo.

Aclaró que, a pesar de ser uno de los críticos del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, no ha participado en ninguno de los casos que ahora están en cuestión, por lo que afirmó no estar impedido de emitir opiniones sobre temas que comprometen los intereses económicos del país.

En tal sentido, aseguró que todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer su libre opinión sobre los temas que estén vinculados al ejercicio de la función pública. Además reiteró que la libertad de expresión está amparada en el Constitución Política del Perú.

Sobre el monto de reparación civil establecido, Lamas Puccio dijo que el propio Ramírez se contradice, ya que primero hizo referencia a S/ 3,468 millones y la posibilidad de que la constructora no continúe contratando con el Estado, situación que no sucedió.

“El mismo procurador ha dado declaraciones del monto, que no es el mismo que está incluyéndose en el proceso de colaboración [eficaz]. Él señaló una cantidad totalmente distinta”, añadió.

“NO PUEDE HACER LO QUE QUIERE”

En cuanto a los comentarios que deslizó Jorge Ramírez, sobre un presunto conflicto de intereses de los críticos del acuerdo, el exmagistrado Marcos Ibazeta dijo que se le está solicitando al procurador transparencia, a fin de evitar investigaciones selectivas y se pueda perseguir a los responsables de los presuntos hechos de corrupción.

“Que no nos venga a dar explicaciones un procurador que piensa que puede hacer lo que quiera en un proceso sin que defienda los intereses del Estado, entonces el procurador hace lo que quiere porque los fiscales son los que determinan. Esto es realmente caótico”, refutó.

Otro de los puntos en cuestión, y que en diferentes oportunidades fue repetido por el presidente Martín Vizcarra y el ministro Vicente Zeballos, es el de la autonomía que habría tenido el procurador y los fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato, para la toma decisiones sobre el acuerdo de colaboración con la empresa corrupta.

Para Marcos Ibazeta, la Fiscalía no tiene ninguna injerencia o responsabilidad sobre el monto de reparación civil que se establece en los acuerdo de colaboración eficaz, dado que es una responsabilidad que le corresponde al procurador.

Señaló que el Ministerio Público coadyuva a establecer la responsabilidad penal; sin embargo, como defensor del Estado peruano es Jorge Ramírez quien debió reclamar el resarcimiento de los daños.

“Él tenía la obligación de pedir al ministro de Justicia, en coordinación con el de Economía, que establezcan el monto de la reparación por cada una de las obras en investigación, para que el fiscal tuviese en cuenta los elementos de cálculo tomados por el Estado y no fijar arbitrariamente un monto”, manifestó.

Además, cuestionó la autonomía que este afirma tener y la calificó como una “negligencia grave y punible” del incumplimiento de sus funciones al no exigir que se respeten los intereses del Estado.

“Si él [Ramírez] dice que lo hace el fiscal, pero está mirando cómo afectan los intereses de su representado que es el Estado, ¿entonces para qué lo tenemos allí? Eso significa una negligencia grave y hasta punible”, agregó.

Sobre esa base, Ibazeta detalló que los fiscales “no tienen conocimiento de macro ni microeconomía”, e incluso la Ley Nº 30737 detalla que son los expertos quienes fijan la pretensión económica a recibir, con base en los daños que ocasionaron al Estado.

TIENEN DERECHO A OPINAR

Por su parte, la exprocuradora Delia Muñoz manifestó que los acuerdos de colaboración eficaz son documentos de carácter reservado que deben ser manejados por el Ministerio Público, con los funcionarios que intervinieron y el procurador, y si hoy la opinión pública los critica es porque la reserva quedó de lado cuando se filtró a los medios de comunicación.

En ese sentido, dijo que los abogados tienen el derecho de formular las críticas y objeciones que crean convenientes como parte del ejercicio del derecho a la defensa.

“Las críticas son porque un funcionario público ha permitido que ese proyecto de acuerdo de colaboración se filtre y ellos son los que deberán asumir la responsabilidad del mismo, sin culpar a un tercero”, agregó.

Ampuero: Contraloría no evalúa monto

La exprocuradora Katherine Ampuero señaló que la Contraloría General de la República no evalúa el monto del perjuicio extrapatrimonial, ya que dicho trabajo está en manos de la Procuraduría.

“No es que solo la Contraloría no ha fiscalizado todos los proyectos, sino que la Contraloría no evalúa el monto del perjuicio extrapatrimonial, ellos solo hacen el cálculo del perjuicio económico que no es sinónimo de reparación civil, porque esta es la sumatoria del perjuicio económico más el perjuicio moral, y el perjuicio moral la Contraloría no lo calcula”, sostuvo.

Agregó que si el contralor tuviera la capacidad de medir la reparación civil, entonces no se necesitaría del trabajo de los procuradores.

Más adelante consideró que el futuro acuerdo con OAS seguirá la misma línea de la empresa Odebrecht y negó que este convenio haya generado un efecto dominó, como lo señala el procurador del Estado para el Caso Lava Jato.

“No es que este acuerdo ha generado un efecto dominó, porque OAS desde hace tiempo (2017) quería acogerse al proceso de colaboración eficaz, esto no es producto de ahorita”, manifestó.

Además, añadió que Jorge Ramírez rinde cuentas al presidente del Consejo de Defensa Jurídica, que en la práctica es el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, entonces no se puede decir que su jefe no conoce las condiciones de los acuerdos o que como procurador tiene plena autonomía funcional.

“Cuando yo fui procuradora, la exministra Marisol Pérez Tello decidió delegar esta facultad de fiscalizar a los procuradores a Julia Príncipe, ella fue la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, por eso es que la coordinación que tenía con ella era bastante fluida, porque los procuradores teníamos que rendirle cuentas”, indicó.

“Entonces en este caso el ministro de Justicia como jefe del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo al DL 1068, tiene la obligación de exigirle explicaciones al procurador acerca de las acciones que va a desarrollar para defender los intereses del Estado, y puede destituirlo si es que lo desea”, subrayó.

Ramírez: Críticos de acuerdo patrocinan testigos

El procurador ad hoc del Ministerio Público, Jorge Ramírez, se refirió la mañana de ayer a las diferentes críticas que viene recibiendo el acuerdo de colaboración eficaz sobre los beneficios que obtuvo la empresa y el monto establecido para la reparación civil, y dijo que estos comentarios podrían provenir de abogados que patrocinan testigos o fueron abogados de la defensa de Odebrecht.

“He visto, no me voy a referir, a muchos juristas respetables que también patrocinan a testigos [en estos casos] o son abogados de la defensa. El país es un Estado que está políticamente débil y las sillas giratorias siempre se mantienen”, argumentó.

En ese sentido, Ramírez dijo que el monto de reparación civil fue establecido sobre la base de los delitos que habría cometido la constructora, y la Fiscalía los había establecido con base en los cuatro proyectos que abarcan el convenio de beneficios: Interoceánica Sur tramos 2 y 3, Línea 1 del Tren Eléctrico, vía Costa Verde - Callao y vía de Evitamiento del Cusco.

Además, dijo que ahora es deber del Poder Judicial, que a través de un juez decidirá si son legales o no los beneficios otorgados a la empresa, al igual que el monto de reparación.

“Hemos medido la reparación civil sobre los delitos que la propia Fiscalía nos ha dicho que ha cometido la empresa y que recae en los cuatro proyectos en mención. Más allá no podemos ir porque la cancha la traza el Ministerio Público”, indicó.

Por otro lado, negó que la empresa Odebrecht haya demandado al Estado peruano por los proyectos del Gasoducto, Chaglla y Chavimochic, pero señaló que ambas partes habían llegado a un proceso de negociación que ya habría vencido el plazo.

“La información que hemos recibido del Ministerio de Economía es que en la actualidad no existe ninguna demanda, lo que hubo es trato directo entre Odebrecht y el Estado, ya se venció el plazo y la empresa podía demandarnos, pero no lo ha hecho”, manifestó.

INTERPELACIÓN

Previamente, Ramírez se refirió a la interpelación del Congreso de la República al ministro de Justicia Vicente Zeballos, y detalló que este no tuvo ninguna participación en el acuerdo de colaboración eficaz, dado que fue la Fiscalía la encargada de dirigir todo el proceso y negociación.

Sin embargo, dijo respetar el derecho del Parlamento a ejercer control político sobre el tema, pero precisó que se trata de asuntos netamente judiciales.

“Desde el punto de vista legal y jurídico respetamos el derecho del Congreso para ejercer su control político y llamar a cualquier ministro, pero le corresponde al Poder Judicial decir si es legal o no”, indicó.

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