Fiscales regresan de Brasil con las manos vacías

La información entregada por los ex directivos de la empresa Odebrecht a los fiscales, como parte del acuerdo de colaboración eficaz establecido entre la Fiscalía, la Procuraduría y la constructora brasileña, no ha mostrado avances resaltantes ni ha aportado nuevos elementos a la indagación fiscal, manifestó a EXPRESO el jurista Carlos Chipoco Cáceda.

“Yo creo que los resultados son absolutamente pobres. Lo que las declaraciones demuestran es que no hay resultados de esta cooperación porque no hubo ninguna revelación sustantiva, y eso habla mal de la estrategia de investigación de la Fiscalía”, sostuvo.

“Los fiscales, y esta es mi opinión personal, investigan más para el público que para el proceso penal, más para hacer número mediático que para encontrar las responsabilidades penales de las personas, y eso está muy mal, esa es una pésima lección para el Perú, y por eso los resultados son tan malos, tanto que vuelven con las manos vacías”, enfatizó.

Chipoco realizó este análisis luego de conocerse que el brasileño Sergio Nogueira (ex secretario general del consorcio Conirsa- Odebrecht que ejecutó los tramos 2 y 3 de la Interoceánica) revelara que el pago a Alan García, por la conferencia realizada en Brasil, habría sido “simulado”.

“El lunes un funcionario de Odebrecht sostuvo que el pago a García fue una simulación. Bueno, el brasileño –y al parecer ni los fiscales peruanos– saben de acto jurídico. Porque la simulación está regulada en el Código Civil como una de las modalidades del acto jurídico. No es delito”, sostuvo.

Lo anterior “implica que no haya acto real, que el acto simulado no existe. Pero acá hubo conferencia. Si hubiera sido pago de un soborno, tendría que probarse que García lo sabía. Que sabía que venía del fondo 2 o de ‘operaciones estructuradas’, y que era ilegal. Pero además debe decirse a cambio de qué fue el pago”, agregó.

Además, el abogado habló sobre el conocimiento del pago de coimas que tenían las empresas peruanas que conformaron el consorcio Conirsa con Odebrecht, y enfatizó que esto muestra que la Fiscalía no realizó un buen trabajo de control sobre los implicados, debido a que incluso algunos lograron salir del país.

“La novedad del segundo día, del martes, la conocíamos en el Perú hace un año. Los socios peruanos de Odebrecht conocían el soborno a [Alejandro] Toledo. Esto en realidad es un jalón de orejas a los fiscales. Porque sabiendo del tema hace casi un año, no hicieron nada. Ni intervinieron los libros ni solicitaron medidas cautelares contra los dueños de estas empresas, como la prohibición de salida del país”, dijo el experto.

“No procedieron a investigarlos a fondo, no allanaron, como han hecho últimamente con los árbitros, las oficinas de estas empresas, y no inspeccionaron los libros de contabilidad”, añadió.

Respecto a la cantidad de US$ 45 millones que se habrían pagado como sobornos en la carretera Interoceánica, el jurista manifestó que esta información debe ser revisada de forma detallada, ya que llama la atención que Odebrecht suba recién el monto del pago ilegal que habría efectuado a favor de ex funcionarios peruanos.

“Como no se menciona quiénes recibieron coimas, yo estoy sospechando si en realidad Odebrecht no levantó el monto del dinero, para señalar que la parte que le correspondía pagar a las empresas peruanas sea la más elevada [del pago de la coima], y la de ellos [Odebrecht] sea la más baja. Una cosa es repartirse el costo de una coima de 20 millones de dólares, por cuatro participantes, y otra es repartirse una coima de 45 millones de dólares por cuatro”, acotó.

REPARACIÓN CIVIL

Asimismo, Chipoco Cáceda cuestionó el monto de reparación civil que entregará la transnacional al país, aseverando que ese es otro elemento perjudicial para los intereses de la nación, y enfatizó que esto se debe a que los representantes de la Fiscalía que participaron en el acuerdo no tienen conocimiento económico para pactar un contrato de este tipo.

“¿Qué saben los dos fiscales [Rafael Vela y José Domingo Pérez] de negociación internacional? ¿Qué saben de temas económicos y financieros? Nada, nunca han trabajado en esos temas, nunca han estudiado esas especialidades”, resaltó.

El graduado en Derecho en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, también señaló que la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, quien revisará el acuerdo y determinaría si declara favorable el control de legalidad, podría tener poco conocimiento de los temas financieros que están en debate.

¿Un juez, con una formación solo jurídica, sin asesoría especializada, puede aprobar una colaboración que implica miles de millones de dólares, intereses, valoración de bienes, etc., etc.? Me parece que no. La jueza, que tiene un doctorado muy distinguido en la Universidad de Piura, tampoco ha estudiado economía ni finanzas, de manera que yo no veo cómo va a tener el panorama completo para aprobar este acuerdo”, advirtió.

Debido a esto, el también ex congresista de la República emplazó a la magistrada a solicitar una asesoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o del Banco Central de Reserva (BCR) para así poder evaluar de forma más detallada las más de mil páginas del acuerdo.

“Yo espero que la jueza asuma esas limitaciones, y solicite a la Corte Suprema, que a través de ella se pida una asesoría especial del MEF o del BCR, porque si no, esta jueza va a asumir la responsabilidad de las consecuencias económicas de este acuerdo”, recomendó.

Carlos Chipoco también cuestionó que el convenio aún se mantenga en forma reservada, e indicó que este debería ser de conocimiento público, y así permitir que la ciudadanía pueda revisarlo.

“Lo más grave es que el acuerdo de más de mil hojas, hasta ahora con magros resultados, es clandestino. No lo conocemos. Yo entiendo que los acuerdos sean reservados en casos de personas naturales, para proteger su vida. Pero las personas jurídicas no pueden ser secuestradas ni disparárseles. Son abstracciones. No hay excusa. Debe mandar la transparencia, no pueden sustraerlo de la vigilancia ciudadana”, enfatizó.

“No digo que sea un delito, ni que fuera una falta administrativa, pero es un error de política pública. En el Perú, las políticas públicas tienen que ser transparentes, y la Fiscalía no puede tapar todo bajo un manto de clandestinidad, cuando estamos viendo que a lo único que nos ha llevado esa praxis en estos últimos 20 años es a la corrupción”, explicó.

MÁS CRÍTICAS

Posición similar tuvo el analista político Hugo Guerra, quien argumentó –respecto a la información obtenida hasta el momento por la Fiscalía– que “se creó todo un estado de expectativa enorme, que no se condice, por lo menos hasta el momento, con lo ofrecido”.

Guerra también calificó como extraño que Nogueira no pudiera brindar nueva información respecto del caso de Ollanta Humala, lo cual consideró irregular, ya que existen diversos elementos que demostrarían una relación cercana entre el líder del nacionalismo y la empresa brasileña.

“Es extraño que el testigo y colaborador eficaz diga que no conoce a Ollanta Humala y no sabe de quién se trata, eso francamente es un disparate porque hay evidencias, hay indicios de que el expresidente Humala sí recibió plata de Odebrecht, por lo tanto, no se entiende qué cosa han ido a hacer en Brasil, cuál es el sentido de la entrevista”, afirmó.

El analista enfatizó que el Congreso debería evaluar la posibilidad de interpelar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, debido a las condiciones en las que se firmó este acuerdo, y cuestionó que haya sido el mismo presidente Martín Vizcarra quien respaldara este contrato de forma pública.

“Estoy muy preocupado por la mansedumbre del pueblo peruano frente a un acuerdo entreguista. Pero si el clamor nacional no se pronuncia, entonces tendremos que esperar la acción del Congreso para exigir una interpelación al ministro de Justicia”, dijo.

Guerra explicó que el titular de la cartera de Justicia debe responder por los términos del acuerdo, debido a que fue el mismo presidente de la República quien respaldó esto, lo cual demostraría que es una política de gobierno. “El ministro Zevallos debe dar cuenta sobre el contenido exacto de ese acuerdo”, apuntó.

Falsedad informática

El acuerdo del Estado peruano con Odebrecht sobre el acceso a los sistemas informáticos “My Web Day” y “Drousys” tampoco podrá cumplirse a cabalidad. No es que los brasileños entregarán la información al Perú sino que lo solicitarán a la justicia suiza, lo que implica que la entrega no es obligatoria de parte del Brasil.

Gustavo Adrianzén: Poder Judicial no puede modificar acuerdo

Para el ex ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, el acuerdo no podrá ser modificado por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, ya que la magistrada solo tendrá la responsabilidad de analizar el control de legalidad.

“Tratándose de un documento tan extenso de mil folios, [la jueza] tiene que tomarse su tiempo para estudiarlo. Ojo que ella hace un control de legalidad, se va a preocupar por ver si el contenido del acuerdo es legal, no va a juzgar si es poquita la reparación civil o que los 15 años son muchos”, explicó.

Adrianzén resaltó que él también está en contra de lo que se estableció respecto al monto de reparación civil, y el plazo del pago; no obstante, recalcó que la jueza no observará esa situación en el control de legalidad.

“Los 610 millones son muy poquitos para mí también, pero eso no le corresponde decirlo a la jueza, para mí 15 años son mucho, pero a la juez eso no debe interesarle, ella no cuestiona los términos del acuerdo, ella cuestiona la legalidad de cómo se ha llevado a cabo”.

Por otro lado, desestimó el proyecto de ley que presentó la congresista Yeni Vilcatoma, con el cual se busca derogar la Ley 30737, y señaló que eso no tendrá ningún efecto, debido a que el acuerdo se estableció con ese marco legal.

“Mientras ella presenta el proyecto, mientras su proyecto se tramita, mientras hay 50 mil cosas, este acuerdo ya debe estar firmado y homologado y por más que modifiquen la Ley 30737 con posterioridad, ya no le va a afectar porque esa ley estuvo plenamente vigente cuando el acuerdo se firmó (…), es hora de dar vuelta a la página y seguir hacia delante, el acuerdo es beneficioso porque va a permitir homologar y tener en consideración ya ratificadas todas las declaraciones que hemos venido recibiendo en los dos últimos años”, dijo.

Vicente Zeballos: “Acuerdo con Odebrecht está dando primero resultados”

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, aseguró que el acuerdo de colaboración eficaz establecido entre la Fiscalía y la Procuraduría con Odebrecht ya está mostrando sus primeros resultados, y se han obtenido elementos de juicio para iniciar algún procedimiento.

“Este acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht nos está brindando los primeros resultados. Hay evidencias iniciales que están a instancias del Ministerio Público, falta el fuero judicial; pero ya hay elementos de juicio que sirven como instrumentos de trabajo para encauzar procedimientos (…)”, señaló a un medio televisivo.

Además, aseguró que la actitud que viene mostrando el expresidente Alan García, quien ha venido publicando diversos tuits en su cuenta personal, rechazando toda la información que se habría obtenido desde Brasil, solo demuestra el nerviosismo del exmandatario.

“Declaraciones corroboran actos ilícitos que de una u otra manera comprometen gravemente al expresidente [Alan García] y a una acción, una reacción. Este esmero en tuitear algunos comentarios del exgobernante pone en evidencia una preocupación que despierta demasiada suspicacia”, aseveró.

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