Supremos eran los verdaderos blancos del “chuponeo”

El pasado 7 de julio de 2018, el diario EXPRESO publicó un informe titulado “Chuponeo telefónico es manejado por fiscal bajo sospecha”. Esa misma noche, IDL–Reporteros difundió, de manera inesperada, una serie de audios en los cuales se escuchaba al entonces titular de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, afirmar que buscaría al abogado José Luis Cavassa para hablar con los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y así apoyar la candidatura de Orlando Velásquez a la presidencia de esa entidad, ahora desactivada.

Si bien el portal IDL-Reporteros tenía los audios mucho antes de que decidiera hacerlos públicos, los reveló la noche de aquel 7 de julio, luego de que EXPRESO destacara en su portada el tema del ‘chuponeo’ telefónico, en el cálculo de que este diario también tenía dichas grabaciones, como en efecto las tuvo.

E hizo públicos esos audios junto a los expedientes en los que un juez del Callao, Cerapio Roque Huamancóndor, daba el visto bueno para las interceptaciones telefónicas.

De manera sorpresiva, el propio portal señaló, en ese momento, que publicaba los audios porque conocía que se habían filtrado.

Desde esa fecha, se revelaron a diario las conversaciones de los entonces consejeros Julio Gutiérrez e Iván Noguera. Y se difundieron día y noche las escuchas del expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, así como del hoy extitular de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza, entre otros.

“LOS HERMANITOS”

Hinostroza Pariachi se convirtió en el centro de atención de la prensa, que utilizó el clásico “hermanito”, vocablo usado constantemente por el exjuez, como sinónimo de corrupción.

De acuerdo a fuentes del Ministerio Público, la ONG IDL tenía las grabaciones mucho antes y con ellas quería marcar la agenda política y, a través de la prensa, demoler a sus enemigos en el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Pese a que marcó en efecto la agenda, demolió a sus enemigos a tal punto que logró la extinción del Consejo Nacional de la Magistratura, aunque ese no habría sido el único objetivo del sector que buscaba copar la administración del sistema judicial.

Primero, según los informantes, se les filtró los audios a dicha ONG para que publicara gradualmente las grabaciones de sus adversarios y así no se vincularan dichas interceptaciones con las efectuadas por el equipo ‘Constelación’ en el marco de la investigación hecha a la organización criminal “Las Castañuelas de Rich Port”.

Ello debido a que solo se tenía permiso para chuponear a los integrantes de la banda delincuencial y no para escuchar las conversaciones de altos magistrados porque ello era totalmente ilegal.

DETIENEN ESCUCHAS

Es necesario recordar que las escuchas se habían realizado durante seis meses, en tanto que las empresas telefónicas tenían que dar cuenta de quiénes eran los usuarios de las líneas, por lo cual era imposible que la fiscal Sánchez y todos los encargados de las interceptaciones no conocieran a quienes estaban chuponeando.

Es por eso que una vez conocida la fuente de las interceptaciones, el Ministerio Público, en ese tiempo a cargo de Pablo Sánchez, se curó en salud y aseguró que detuvo las escuchas al conocerse que estaban involucrados magistrados de niveles 3 y 4.

Es más, nuestras fuentes indicaron que las primeras grabaciones se efectuaron de forma privada, en las cuales se habrían oído las conversaciones de ciertos magistrados, para luego hacer una investigación fiscal, como la que se hizo en 2017 con las “Castañuelas de Rich Port”, utilizándola como justificativo para realizar las grabaciones a los magistrados.

OBJETIVO

El objetivo mayor de los sectores “progresistas” o “caviares” que buscaban a como diera lugar el manejo de todo el aparato judicial era otro. EXPRESO tuvo conocimiento de que entre el 15 o 20 de julio se iba a pedir las interceptaciones telefónicas del entonces titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, de su asesor Luis Díaz Asto, del juez supremo César Romero, del magistrado Federico Quispe Pariona, del titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila, y del hoy titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros.

¿Con qué pretexto? Con el de probar la existencia de una presunta organización criminal que tenía un brazo legal, vale decir los magistrados, para defenderlos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, sicariato y extorsión.

Hay que recalcar que en el caso del juez Walter Ríos, sí existía una organización criminal, la cual se debía investigar y sancionar, pero ello fue utilizado para involucrar a magistrados que debían comunicarse con Ríos, por su cargo como presidente de la Corte del Callao, sin imaginar a qué otras actividades se dedicaba.

En resumidas cuentas, este sector tenía como propósito traerse abajo el sistema judicial y coparlo con jueces y fiscales afines.

Debido a la crisis judicial, Duberlí Rodríguez decide renunciar a la Presidencia de la Corte Suprema, ante el juez decano Francisco Távara, quien posteriormente convoca a elecciones, en las cuales sale elegido como titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros, para decepción del sector seudo izquierdista.

Entonces la maquinaria comienza a trabajar en contra de Lecaros, y esta vez señalan que los jueces que votaron a su favor para presidir el PJ, es decir Aldo Figueroa y Ángel Romero, se encontraban comprometidos en el informe de la fiscal Sandra Castro del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Sin embargo esta estrategia no dio resultados.

Donde sí da resultados es en el Ministerio Público, pues lograron sacar del cargo de fiscal de la Nación a Pedro Chávarry, quien era considerado anticaviar, para colocar a una persona como Zoraida Ávalos, quien forma parte de dicho sector.

Dicho de otra forma, publicaron de manera apresurada los audios, porque este sector pensó que las grabaciones que tenían en su poder también las tenía EXPRESO; entonces, el plan para escuchar a los magistrados contrarios a su ideología, y quienes eran sus verdaderos blancos, tuvo que ser abortado.

Libertad de expresión

Estallado el escándalo, no faltaron quienes quisieron investigar la filtración ilegal de las citadas grabaciones, pero parte de la prensa aupada a la ONG IDL y la concentración mediática lo impidieron, alegando violación a la libertad de expresión.

Cadena de custodia

Fuentes de la Fiscalía manifestaron a EXPRESO que la única persona que puede solicitar una copia de las interceptaciones telefónicas es el fiscal que hizo la petición al juez, por lo cual en el caso de los “Cuellos Blancos” sería la fiscal Rocío Sánchez.

Explicaron que cuando se ejecuta una medida limitativa de intervención de las comunicaciones en tiempo real, todos los audios que se obtienen son almacenados por la Dirección Antidrogas (Dirandro).

La cesión de los audios por parte de la Policía se efectúa a través de una cadena de custodia, luego de la cual el magistrado se hace responsable del contenido del material que se entrega generalmente en un CD.

Cabe recordar que cuando las grabaciones fueron publicadas por el portal IDL-Reporteros, la Fiscalía y la Policía se culparon entre ellas, por la evidente filtración de los audios, pero, de acuerdo a las fuentes, era imposible que los efectivos policiales hayan sido los responsables de la manipulación de los audios debido a que no arriesgarían sus puestos de trabajo y menos por entregar información a una ONG con una tendencia ideológica totalmente contrataría a la de la Policía.

Base legal: Ley Nº 27697

El funcionamiento legal de escuchas está regulada por la Ley No. 27697 y sus modificaciones, y es el fiscal contralor quien pide el permiso al juez para que autorice la interceptación que realiza el grupo ‘Constelación’.

La norma detalla que “el juez que autoriza, su personal auxiliar, el fiscal recolector así como el personal auxiliar del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, peritos, los Procuradores Públicos y demás personas naturales o jurídicas autorizadas en el proceso de investigación, deberán guardar reserva sobre toda la información que obtengan”.

“El incumplimiento de este deber se sanciona con inhabilitación conforme a ley para el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que el ordenamiento jurídico prevé”, indica la referida ley

Por lo tanto si las autoridades desean saber detalles de cómo funciona y cómo salió la información, tienen que llamar a los fiscales responsables que supervisan el sistema.

Los audios, hechos en el marco de las investigaciones de la banda criminal del primer puerto, oficialmente son auténticos ya que lo hizo el grupo ‘Constelación’ de la PNP y la tarea de identificar a los personajes en las grabaciones es tarea de la Fiscalía, pero no de una ONG.

POR: MARÍA TERESA GARCÍA

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