Vizcarra nombró a su blindador

El presidente Martín Vizcarra acaba de ejecutar su plan para que ninguno de los procuradores públicos –sea de lavado de activos, anticorrupción, antidrogas…- pueda acusarlo a él o a otros altos funcionarios. Nombró oficialmente como procurador general a Daniel Soria Luján, un abogado que nunca ha litigado y que tampoco es especialista en Derecho Penal, y que concentrará la prerrogativa de acusar a altos funcionarios del Estado.

Basándose en el Decreto Supremo 018-2019-JUS, que el Ejecutivo había emitido hace dos meses, el mandatario y la ministra de Justicia, Ana Revilla, oficializaron ayer esta decisión en el diario oficial El Peruano.

Como advirtiera EXPRESO a inicios de diciembre, solo el procurador general está facultado a acusar penalmente a quienes disponen de antejuicio. Hasta ahora, cualquier representante podía ir directamente donde la Fiscalía de la Nación si encontraba indicios de delitos.

“Evaluar y formular, cuando corresponda, denuncia penal contra el Presidente de la República; los ministros de Estado; los congresistas de la República; los magistrados del Tribunal Constitucional; los miembros de la Junta Nacional de Justicia; los jueces de la Corte Suprema; los fiscales supremos; el Defensor del Pueblo; el Contralor General de la República; el presidente del Tribunal Disciplinario de la Procuraduría General del Estado”.

Soria no pasó por concurso público alguno, sino que simplemente recibió la confianza del Poder Ejecutivo “a dedo”. Esto no sería problema si fuera una persona con el perfil que debe tener un procurador, que actúa como abogado del Estado para acusar y/o investigar a quien sea, con tal de proteger los recursos públicos.

“Es abogado y magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú; además, ejerce la docencia en Derecho Constitucional desde el año 2000 en la misma institución”, fue la escueta presentación que le hizo la Agencia de Noticias Andina.

Pero ahondando más, incluso se encuentra que Soria nunca ha litigado. Es decir, no tiene experiencia mínima en confrontar argumentos legales, a diferencia de sus supuestos subalternos, quienes sí son especialistas en investigar asuntos criminales.

“Es de destacar que Soria Luján tiene más de 20 años de experiencia como profesor universitario de pregrado y posgrado en la PUCP, en las siguientes unidades académicas: Facultad de Derecho, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, y Maestría en Derecho Constitucional. Asimismo, tiene 17 años de experiencia en asuntos jurídicos universitarios y académico-administrativos en la Secretaría General de la PUCP como subsecretario general”, refiere el portal La Ley.

Esto refuerza la percepción de que el flamante procurador podría ser un buen consejero en temas constitucionales, ponente en cuestiones de política especializada y en gestión administrativa universitaria. Sin embargo, nada de eso sirve para defender los intereses del Estado frente a altos funcionarios corruptos.

RECORDARIS...

“Daniel Soria Luján (ex subsecretario general PUCP) ha sido designado procurador general del Estado. Lo recordamos (entre otras cosas) por apañar a Wilfredo Ardito en campaña de desprestigio a la Comisión contra el hostigamiento sexual PUCP, mientras ejercía cargo”, ha escrito Valeria Mandujano (@jano_vale) en sus redes sociales.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Como si fuera poco, el abogado también ha sido denunciado por postergar procesos de justicia, específicamente en la universidad donde ha hecho casi toda su carrera. El año pasado, cuando estallaron reclamos por acoso y hasta violación en el campus de San Miguel, fue uno de los sindicados por aparente negligencia en ayudar a las jóvenes violentadas.

“Exigen además la inmediata renuncia de Daniel Soria Luján (secretario general de la PUCP), Wilfredo Ardito Vega (aún defensor universitario) y su asistente Carlos Santibáñez, por su evidente incompetencia frente a casos de violencia de género. ¡Por el derecho a estudiar en un ambiente libre de violencia!”, protestaba el colectivo Se acabó el silencio – Derecho PUCP y muchas activistas como Andrea Carrasco Gil.

Veamos algunas publicaciones del único autorizado para denuncias a presidentes, ministros y congresistas: “Autonomía universitaria y supervisión estatal: ¿Es inconstitucional la Sunedu?”, “La República y el Imperio de Star Wars: Una aproximación jurídico-política. Star Wars: El derecho en una galaxia lejana, muy lejana” y “Educación, religión e igualdad en la universidad. Diálogo con la jurisprudencia”.

GOLPE “CONSTITUCIONAL”

La cercanía al Gobierno del citado abogado también se pone en evidencia en su posición a favor del cierre de un poder del Estado como es el Congreso de la República argumentado que Vizcarra tomó dicha medida por primera vez en la política de Perú.

En una declaración a prensa extranjera, Soria Luján sostuvo que el golpe se ajusta a la Constitución, sobre todo cuando “se niega confianza a dos consejos de ministros, que es lo que ha sucedido”, sostuvo.

Con esta designación, el procurador general solo podría ser retirado por alguna falta grave o pérdida de confianza del Congreso, y los abogados del sistema de defensa jurídica del Estado deberán tenerlo como “filtro” de sus acusaciones.

Es decir, de ahora en adelante será imposible ver más casos como el de Katherine Ampuero, quien estuvo encargada del caso Lava Jato, y fue defenestrada luego de inquirir por las presuntas responsabilidades de Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht, cuando este era presidente de la República.

Se recuerda que, en el 2017, la entonces ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, anunció en cadena nacional que le había perdido la confianza. Como Julia Príncipe era la directa responsable del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y había respaldado a Ampuero, también fue retirada de su cargo.

En los casos de ministros, ya no veremos un Amado Enco (procurador anticorrupción) que denuncie a Martín Vizcarra por el caso Chinchero.

No olvidemos que el ahora mandatario Martín Vizcarra protagonizó audios donde, junto con Alfredo Thorne y Fernando Zavala, presionaban al contralor de entonces, Édgar Alarcón, para que dé “luz verde” a un proyecto perjudicial por cientos de millones de soles al Perú.

El artículo 47 de la Constitución dice que los procuradores defienden los intereses del Estado, y no existe la figura del procurador general, por lo cual el Congreso podría considerar anticonstitucional el Decreto Supremo 018-2019-JUS, y eliminar este nuevo sistema.

¿Qué otros casos podrían afectarse por la concentración de poder en un solo funcionario del Poder Ejecutivo?

Por ejemplo, en casos como el de Luciana León, Richard Acuña y otros salientes congresistas, cualquier defensor del Estado ya no podrá acudir a la Fiscalía de la Nación o a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Solo Soria, designado por Vizcarra, podrá decidir si se acusa o no a los legisladores oficialistas, pro oficialistas o de oposición.

LOS INVESTIGADOS

Por ahora, tenemos a condenados por la justicia como electos padres de la Patria, como Humberto Acuña Peralta, de Alianza Para el Progreso (APP), sentenciado por cohecho pasivo (recepción de sobornos).

Otros investigados son José Luna, joven representante de Podemos en cuyo poder se encontraron 100,000 soles en efectivo; Norma Alencastre Miranda (Somos Perú) investigada por aparente falsificación de documentos.

En caso de que se detecten indicios de acciones parecidas durante el mandato del nuevo Parlamento, solo Soria podrá decidir si se les acusa penalmente o no.

Como otro ejemplo, se pudo ver que Martín Vizcarra no tuvo problemas en recibir en Palacio de Gobierno a César Acuña y a José Luna, líderes de APP y Podemos, respectivamente. Ambos dirigirán a sus bancadas y aceptaron apoyar al gobierno en el Congreso.

Ambos visitantes son procesados por lavado de activos, e incluso tiene un pedido de prisión preventiva, pero las procuradurías prácticamente no los tocan, y le dejan toda la tarea al Ministerio Público. ¿Coincidencia?

NOMBRADOS POR 5

La Procuraduría General del Estado está encabezada por el Consejo Directivo integrado por el procurador general Daniel Soria Luján, un representante del Minjus y otro de la Contraloría General de la República, nombrados por un plazo de 5 años.

POR: CÉSAR ROJAS

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