Comunidades van al “paro”
Exigen la liberación de los que cometieron extorsión contra la mina
Comunidades de Cotabambas, Apurímac, irán a un “paro” hasta que se ponga en libertad al dirigente Gregorio Rojas y sus asesores, los hermanos Frank y Jorge Chávez, acusados de extorsionar a la minera Las Bambas. Esto, pese a que el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, llegó el lunes pasado para dialogar con quienes mantienen bloqueada la carretera desde hace más de 50 años.
El alcalde de Challhuahuacho, Porfirio Gutiérrez, respalda la medida y califica de arbitraria la detención de Rojas. El gobierno regional de Apurímac y los alcaldes de Abancay, Andahuaylas, Antabambas, Aymaraes, Chincheros y Grau dicen respaldar “a la comunidad de Fuerabamba”.
Extorsión
Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Morán, sostuvo en entrevista televisiva que “una cosa son los hermanos Chávez Sotelo, cabecillas de una organización criminal, quienes utilizaron la extorsión para obtener algo a su favor, y otra cosa son los comuneros que han sido utilizados por estas personas”.
Mientras tanto, el viceministro de Gobernanza de la PCM, Raúl Molina, continúa en la búsqueda de un intermediario para el diálogo. La situación se halla en un punto muerto.
El ministro Ísmodes dice que el gobierno no puede poner a los detenidos en libertad porque eso es competencia del Ministerio Público. “La dirigencia exige su liberación como si fuera responsabilidad de nosotros”, aduce.
Salvador del Solar
Mientras tanto, el poder Ejecutivo ha decidido enviar ahora a tres ministros, anunció el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Dijo que se enviará a Cusco y a Apurímac a los titulares de Transportes, Salud, y Desarrollo e Inclusión Social, a encauzar el diálogo afectado –dijo- por la conducta “extorsiva” de los hermanos Chávez Sotelo.
El Premier aseguró que ambos detenidos generaron la exclusión de las comunidades para no encontrar una “solución”, excluyendo al Estado. “Hemos escuchado los audios donde se dice que no intervenga el Estado, se ha excluido a las comunidades, a los distritos de Cotabambas que no pueden recibir regalías, se ha afectado a la región Apurímac y al país. Todo el hilo conduce a los hermanos Chávez Sotelo", afirmó.
“La comunidad de Fuerabamba ha (recibido) un buen trato de la minera Las Bambas para el traslado. Se ha pagado a la comunidad una cantidad muy importante y merecida”, añadió.
En los audios, dos abogados negocian un monto a cambio de ceder paso a los camiones. Los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo presuntamente exigían 500 millones de dólares a la empresa MMG de Las Bambas a cambio del paso. La Policía grabó las conversaciones entre los abogados y una persona cercana a ellos, identificado como Carlos Vargas Arizabal.
Amenazas
Según un colaborador eficaz, los hermanos Chávez Sotelo amenazaban a los comuneros que se oponían a la extorsión contra la empresa. “Recibí amenaza de muerte de la junta directiva y de los asesores Frank y Aníbal Chávez Sotelo", dijo en entrevista televisiva.
"Los asesores mediante llamadas telefónicas ordenan a los dirigentes para que sigan bloqueando las vías, también instigan a que haya enfrentamientos con la policía, que los provoquen y que haya muertos", contó. Las amenazas eran lanzadas durante las asambleas.
"Son aproximadamente 50 comuneros que han sido sancionados por 15 años para que no reciban ningún beneficio y sin derecho a voz ni voto", aseguró.
Los hermanos Chávez Sotelo fueron convocados por el presidente de la comunidad, Gregorio Rojas. El objetivo era azuzar a los comuneros.
"La comunidad era tranquila y todos teníamos la misma idea hasta que Gregorio Rojas entró como presidente y tomaron como asesores de la comunidad a Frank y Aníbal Chávez Sotelo y a Carlos Vargas Arizábal", reveló. Para ello convocaron al bloqueo de carreteras.
"Habían traído un papel en blanco donde nos hizo firmar a cada comunero de cada caserío, que era la asistencia de los pobladores, pero estas firmas las han utilizado para que interpongan demandas a la empresa", mencionó otro testigo protegido, según un medio televisivo.
"La comunidad acordó pagarles la suma de 5,000 soles mensuales, pero resulta que los asesores no quieren ese pago sino lograr el monto solicitado a la empresa, y de ese dinero quieren recibir el 30%", precisó.
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