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Quieren una PNP al servicio de la mafia

Buscan poner por encima de la institucionalidad de la PNP “los intereses criminales de encubrir a prófugos de la justicia” como Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, sobrinos del Presidente.

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Buscan erosionar órganos operativos de la PNP. Gallardo, Tiburcio Orbezo y Vera pagan consecuencias.
Fecha Publicación: 16/10/2022 - 23:00
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Por Plinio Esquinarila

El vendaval de ira que provocó en la cúpula del poder el allanamiento a Palacio de Gobierno del 9 de agosto último para la captura de Yenifer Paredes, cuñada-hija del presidente Pedro Castillo, aún no se disipa porque es ahí donde empezó la razzia de los altos mandos policiales en su última etapa.

Recordemos que el 22 de agosto de 2022, al concluir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) realizado en Trujillo, donde participó el teniente general Luis Vera Llerena, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), se le acercó David Pérez Curi, uno de los “asesores en la sombra” del presidente de la República, y altanero le increpó: por qué había permitido que el coronel Harvey Colchado, el Equipo Especial y el fiscal Hans Aguirre ingresaran a la residencia del señor Presidente.

-“¿Por qué no ha podido evitarlo?; han rebuscado todas sus cosas, [y usted] no ha comunicado nada”, agregó Pérez Curi.

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“Señor, discúlpeme, esta es una resolución judicial, es un mandato de allanamiento y registro que se le dio a la Fiscalía Superior de la Corrupción Contra el Poder y el Equipo Especial, porque yo no puedo obstaculizar como comandante general esa diligencia judicial”, respondió el jefe policial.

-“No, señor, debió apoyar” al Presidente, insistía su interlocutor.

“Yo no puedo hacer eso, no tengo ninguna injerencia en ese Equipo Especial ni en la Fiscalía”, fue la respuesta del general Vera Llerena.

-“Ah no, así no es, general, ah (…)”, reiteraba Pérez Curi, con el añadido no solo de por qué había permitido dicho allanamiento sino “por qué no avisó al Presidente”.

Había pues un evidente propósito, según la acusación constitucional de la fiscal de Nación Patricia Benavides contra Castillo Terrones, de erosionar el cumplimiento funcional de los órganos operativos de la PNP, a través del comandante general de entonces.

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