“Colaboradores han perdido credibilidad”

¿Qué opina sobre la situación legal de Luciana León, miembro de la Comisión Permanente, teniendo en cuenta que aún tiene inmunidad parlamentaria?

En principio, un funcionario que es parte de la Comisión Permanente tiene que ser investigado a nivel de la Corte Suprema de Justicia y tendría que haber sido un fiscal supremo el que dispusiera o solicitara el allanamiento al juez de tutela de la Corte. Por lo tanto, ese allanamiento [a la vivienda de León], desde mi opinión, adolece de serias irregularidades de forma y fondo. Hay que precisar que esto es una indagación porque Luciana León no ha sido integrada en una investigación preparatoria. Es ilegal ese allanamiento desde los términos que estoy explicando. Tengo entendido que el hermano también está involucrado, pero es una realidad distinta porque no goza de inmunidad y se someterá a un proceso como cualquier ciudadano.

-¿Ha sido irregular el allanamiento?

Sí. Ahora, si esa diligencia se anula, los que han participado podrían asumir responsabilidades de carácter penal y funcional. Sobre todo por abuso de autoridad, en el caso de que se declarara nula por haberse violado normas de carácter constitucional.

-¿Cuáles son los escenarios si la asesora de León, Betsy Matos, se acoge a la colaboración eficaz?

Habrá que esperar cuál es la actitud de la secretaria, si se acoge o no a la colaboración. Además, hay una situación bastante contradictoria porque el Congreso ha sido disuelto, ella pertenece a la Comisión Permanente y no hay a quién recurrir para términos parlamentarios. Por ejemplo, si encontraran indicios, tendrían que tramitarse a través de una comisión investigadora en el Congreso y determinar en qué términos, en un momento determinado, la Fiscalía le solicitaría al Poder Judicial que le levante la inmunidad, pero cómo no hay comisiones en el Legislativo, estamos en una especie de limbo.

-¿Podría hacer algo el Poder Ejecutivo?

No, no lo haría, porque ha disuelto el Congreso y no le va a querer dar ningún tipo de legitimidad o valor en cualquier etapa de este proceso, que debería tener una investigación de esta naturaleza. El Ejecutivo se lavaría las manos.

-Si las diligencias avanzan y salen nuevos hechos, ¿su futuro estaría en manos del próximo Congreso?

En principio sí, sin perjuicio de que todas estas diligencias, en las que se habría visto involucrada, van a generar controversia.

-¿Qué piensa sobre Luis Nava, quien vinculó al expresidente Alan García con aportes de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú?

Se tendrá que verificar lo que está diciendo y hay elementos para corroborar lo que indica. Posiblemente sea cierta la estrecha vinculación que tuvo el expresidente García, pero eso va a ser un tema más adelante.

-Esto motivó el allanamiento del inmueble de la expareja de García, Roxanne Cheesman. ¿Vendrán más operativos?

Creo que sí. En principio se trata de una indagación, no investigación, y el allanamiento es parte de esa etapa, pero a partir de ahí se deberá tomar la decisión si se formaliza o no una investigación, ya sea para el caso de la señora Cheesman u otros.

-¿Cómo evalúa el trabajo del Equipo Especial Lava Jato?

Estratégicamente ha sido un error supeditarse en un 100 % a la colaboración eficaz. La Fiscalía debe fortalecer los elementos indiciarios para no sujetarse estrictamente a una colaboración que implica el pago de una reparación civil, además se contradicen y cambian de versión. Los colaboradores han perdido credibilidad.

-¿Qué se debería hacer al respecto?

Han estado omitiendo información, se contradicen y además hay un manejo político. Es una injerencia de factores externos condicionados. Habría que fortalecer todos los elementos indiciarios que son pruebas indirectas y también la autonomía del Ministerio Público. No se debe supeditar a lo que dicen los colaboradores, que son parte de un poder económico empresarial que tiene mucha injerencia en la vida política del país.

CASO MELISA GONZÁLEZ

-Han criticado los 4 meses de prisión preventiva contra Melisa González por matar a dos jóvenes. ¿Cuál es su posición?

Es un proceso sumario. Entonces la responsabilidad se debe resolver en los próximos 2 o 3 meses. Ahí es donde se aplicará una sentencia e indicará una pena privativa de la libertad porque eso está sancionado con una pena de hasta unos seis años, lo que se tipifica como homicidio culposo.

PERFIL 

• Estudió Derecho en la Universidad Nacional Federico Villareal. Realizó una maestría en Capacitación Judicial en la Universidad San Marcos.
• Magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Derecho Penal, con la tesis ´Transacciones Financieras Sospechosas´.
• También llevó un doctorado en Derecho y Ciencia Política de la Universidad San Marcos. Labora en el estudio Lamas Puccio Abogados.

POR: JUAN C. ÁNGELES MORENO

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