Marcos Ibazeta: “En el caso Villarán no queda más por investigar”

Las declaraciones de Jorge Barata han puesto al descubierto a la exalcaldesa Susana Villarán. ¿Es el caso más grave?
Efectivamente. En el caso de la señora Villarán no queda mucho por investigar con respecto a su gestión y relación con Odebrecht. Si en caso llegara a negar las conversaciones con Barata, se podría pedir el levantamiento de su secreto de las comunicaciones. Ahora, esto no solo compromete a Susana Villarán, sino también a quienes le rodeaban porque ese financiamiento fue para la campaña del “No” a la revocatoria. Se tiene que identificar a todos los que participaron, como quién recibió el dinero, quién pidió, quién hizo la transacción, quién era el encargado de tesorería, etcétera.

Barata también ha confirmado el financiamiento de la campaña presidencial de Alejandro Toledo. ¿Fortalece el proceso de extradición?
Sí. Esto se suma a la responsabilidad del señor Josef Maiman [intermediario de Toledo] y a la ruta del dinero que se ha trazado. Con todo lo que se tiene la mano, este caso debe estar sólidamente sustentado por el Estado peruano y sus abogados en Estados Unidos. Hay que indicar que EE.UU. tiene una política especial con sus ciudadanos y está corriendo el tema de que Toledo tiene nacionalidad estadounidense.

¿Cómo califica el trabajo del Ministerio Público en Brasil?
El Ministerio Público está haciendo lo que puede. Lo que mortifica es que haya una percepción de priorización en las investigaciones contra los rivales ideológicos y políticos, y no contra los amigos y cercanos al régimen. Una lucha contra la corrupción debe ejecutarse para todos, por igual y bajo las mismas medidas. Cuando se trata de los rivales toman medidas draconianas y cuando se trata de los amigos todo va empezando a desaparecer.

¿Considera que hay un exceso en la aplicación de la prisión preventiva?
En el Perú nuestros jueces y fiscales están acostumbrados a jugar con los extremos. Cuando hay un plazo, por ejemplo, de 36 meses, el fiscal tiene la capacidad de solicitar hasta la cantidad máxima, pero sin evaluación previa pide los 36 meses de frente, como si no se tratara de una medida excepcional. Acá se tiene que usar un criterio razonable. Esto también recae en el juez porque a él le hacen la solicitud, pero depende de su manejo para aceptar. El magistrado no puede dictar la medida para que los fiscales empiecen a investigar. Debe ser al revés, primero se investiga y luego se detiene.

PROYECTO  GENERARÍA IMPUNIDAD

¿Qué opina sobre el proyecto de ley que busca reducir el plazo de la prisión preventiva, propuesto por la congresista Luciana León?
Inútil. Porque las leyes no cambian nada, sino cobran vida en las manos de los jueces. Si sabemos que no tenemos una Fiscalía eficaz y oportuna, y tomamos en cuenta la cantidad de presos en el país sin sentencia, entonces reducir la prisión preventiva generaría impunidad.

PERFIL
Abogado y docente universitario en consultorías y patrocinio legal, también labora en el Estudio Jurídico Independiente. Fue presidente de la Sala Penal Antiterrorista.

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POR JUAN C. ÁNGELES MORENO

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