Natale Amprimo: “El Congreso no debió archivar denuncia contra Dina Boluarte, sino suspender el procedimiento”
Abogado constitucionalista remarcó que un presidente sí debería poder ser investigado en funciones por cualquier delito, dado que existe el riesgo de que se pierdan las pruebas.
Natale Amprimo, ¿qué opina de las cinco denuncias constitucionales que presentó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la presidenta Dina Boluarte ante el Parlamento, por delitos que no están contemplados en el artículo 117 de la Carta Magna?
Yo noto una suerte de exceso de protagonismo por parte de la Fiscalía, y muchas de las denuncias presentadas carecen de razonabilidad. Sin embargo, también es verdad que la conducta de la presidenta y su ausencia de claridad, de dar la cara y de ofrecer una explicación coherente, conduce a muchas de estas denuncias. Pero sí hay un exceso en abrir carpetas por “quítame esta paja” y en forzar figuras penales simplemente para generar protagonismo. Además, en estas cinco denuncias que mencionas, tiene mucho que ver el hecho de que el Tribunal Constitucional esté discutiendo la cuestión competencial, y es una suerte de sutil presión, a la que estoy seguro de que el TC no accederá.
La Fiscalía emitió un comunicado donde pide al Congreso reconsiderar el archivo de la denuncia contra la presidenta por el caso Rolex, donde se le imputa el supuesto delito de cohecho pasivo.
La fiscal de la Nación debería saber que el Reglamento del Congreso solo contempla la posibilidad de reconsideración a pedido de un congresista, no de un tercero ajeno al Poder Legislativo. Sin embargo, creo que el Congreso no debió archivar esa denuncia, sino simplemente suspender el procedimiento hasta que la señora Boluarte deje de ser presidenta. No es que los hechos denunciados no sean graves ni que no puedan constituir un delito, simplemente aquí no se puede proseguir con el procedimiento en razón de que el artículo 117 de la Constitución prohíbe acusar a la presidenta por delitos distintos a los que ahí se prevén. Entonces, reitero: me parece que el Congreso ha actuado mal al archivar la denuncia; debió suspender el procedimiento.
La Comisión Permanente, y antes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, archivó la denuncia dado que el supuesto delito cometido por la mandataria no está en el artículo 117 de la Constitución.
Pero el archivo de una denuncia constitucional se sustenta en otras consideraciones. Por ejemplo, en los procedimientos penales que se siguieron contra Martín Vizcarra, hay algunos que estaban en trámite como consecuencia de su gestión como gobernador de Moquegua y, cuando asumió la Presidencia, estos procesos no se archivaron, sino que se suspendieron. Cuando Vizcarra dejó de ser presidente, estos procesos continuaron. Eso es lo que debió ocurrir.
¿A nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?
A nivel de la Comisión Permanente, porque la Constitución dice que es la que acusa ante el Pleno y, si no se puede acusar, ese informe no debe ser visto. Lo que pasa es que la subcomisión empezó mal porque su informe proponía el archivo. Todo surge porque las personas que se colocan en esta subcomisión no tienen ningún conocimiento jurídico.
¿Se tuvo que suspender, entonces, la aprobación de la denuncia?
Tiene que quedar en suspenso, porque el procedimiento no puede continuar debido a una razón procesal temporal, que es que la Constitución dispone que, mientras Dina Boluarte sea presidenta, no puede ser acusada. Además, el país no puede tener una posición distinta según la persona que esté involucrada; es decir, con el señor Castillo sí procedía e incluso hubo la peculiar tesis de que un tratado internacional genérico permitía “saltarse la garrocha” del artículo 117.
Eso lo dijo Rosa María Palacios.
Era una barbaridad. Uno no puede ir cambiando de posición según la persona que está de por medio. Eso no es serio ni correcto.
¿La Fiscalía de la Nación pudo esperar que Dina Boluarte termine su mandato para recién denunciarla?
Sí, pudo esperar, pero no me parece mal que, ante hechos graves, la Fiscalía pueda plantear una denuncia. Porque el camino frente a un gobernante que no actúa acorde a la alta responsabilidad y el nivel del cargo que ostenta es la vacancia.
¿Y usted cree que un presidente en funciones debe poder ser investigado por cualquier delito?
Sí debe ser investigado, porque, de lo contrario, se pierden elementos de prueba. Hay que decir que esta situación es responsabilidad de la señora Boluarte, porque ha mentido groseramente al país, ha dado versiones contradictorias y no ha dado la cara.
Natale Amprimo, ¿una persona que miente constantemente es incapaz moral permanente?
Para mí, no hay incapacidad moral temporal. Incapaz moral es una persona que ejerce un cargo y cuya conducta no es compatible con la dignidad del mismo. Una persona con la conducta de la señora Boluarte está claramente en una causal como esa. Pero esto se tiene que analizar desde la óptica política, porque la decisión de una vacancia es política.
Yo no estaría a favor de una vacancia faltando menos de un año para las elecciones. ¿Usted sí?
No sé qué decir, porque una persona con ese comportamiento no merece estar un día más en la Presidencia. El tema de la dignidad del cargo no depende de cuánto falte para las elecciones. Y yo no soy una persona de izquierda, radical o que busque desestabilizar al país.
Miente groseramente al país
El abogado constitucionalista cuestiona la decisión del Congreso de archivar la denuncia contra Dina Boluarte por el caso Rolex, y propone que el procedimiento debió suspenderse hasta el fin del mandato presidencial.
“No es serio ni correcto que la postura del país cambie según la persona implicada”, advierte Natale Amprimo al criticar la inconsistencia jurídica en los casos de Pedro Castillo y Dina Boluarte.
El excongresista señala que una presidenta que “miente groseramente al país” encaja dentro de una causal de incapacidad moral, aunque reconoce que la vacancia es una decisión política.
Natale Amprimo acusa a la Fiscalía de protagonismo excesivo, pero defiende el derecho a investigar delitos graves en funciones para evitar la pérdida de pruebas.
Critica la falta de preparación jurídica en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y afirma que el caso contra Boluarte no debió terminar en archivo, sino en suspensión procesal.
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