¡Asalto total! Corrupción devora al Perú: al descubierto redes enemigas del desarrollo
Eleva costos de proyectos en S/ 63,150 millones y paraliza obras por S/ 43 mil millones.
La corrupción en las obras públicas en el Perú corroe los cimientos del desarrollo y el futuro del país, paraliza inversiones e incrementa exageradamente los costos de estas; destruye la esperanza de millones de peruanos que viven en situación de pobreza y de pobreza extrema que no pueden aspirar a servicios básicos de agua y desagüe, y condena a comunidades enteras al pasado y les niega el desarrollo ante la falta de carreteras y caminos que los conecte al país.
Los hallazgos recientes de la Comisión Especial de Control Concurrente revelan una dimensión alarmante: más de S/ 63,150 millones en sobrecostos de inversiones de 18 regiones y S/ 43 mil millones en obras paralizadas en todo el país.
Este fenómeno no solo representa un saqueo sistemático de los recursos públicos, sino también una traición a las esperanzas de millones de peruanos que aguardan hospitales, colegios, carreteras y servicios básicos que nunca llegan.
Radiografía del saqueo
Según el informe preliminar de la Comisión Especial, a la que EXPRESO tuvo acceso, el país pierde cada año S/ 8,836 millones en compras sobrevaloradas; S/ 8,936 millones en obras mal ejecutadas y más de S/ 7 mil millones por inconductas funcionales.
Esta sangría financiera se traduce en obras inconclusas, adendas, presupuestos inflados y una institucionalidad resquebrajada.
Durante sus visitas en obras en 18 regiones del país, se identificaron 967 inversiones con incrementos de costos superiores al 100% respecto al monto viable y en total muestran un incremento de S/ 63,150 millones.
Los sectores más afectados son Salud, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, y la Presidencia del Consejo de Ministros (principalmente la Autoridad Nacional de Infraestructura), con una diferencia acumulada de S/ 34,205 millones. En 18 gobiernos regionales, se detectaron 653 inversiones con incrementos que suman S/ 28,944 millones.
Cementerio de obras
Pero no solo es el incremento. A marzo de 2025, se registraban 2,572 obras públicas paralizadas, con una inversión total de S/ 43,163 millones. De ese monto, S/ 22,512 millones aún no han sido ejecutados.
Son 617 entidades, en distintos niveles de gobierno, las que tienen obras detenidas. En la mayoría de los casos, la causa es la corrupción y la ineficiencia en la gestión de recursos.
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Los departamentos más afectados son, según el informe, La Libertad, Loreto, Piura, Tumbes, Lambayeque, Ica, Arequipa, Cusco, Áncash, Tacna, Moquegua, Ayacucho, Huancavelica, Ucayali, Huánuco, Cajamarca, Madre de Dios y San Martín.
La mayoría de las razones de la paralización de las obras pudieron haberse corregido a tiempo, si el control concurrente se hubiera aplicado desde la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión del proyecto.
“En la mayoría de los casos, el incremento de los costos y la paralización de obras obedecen a la corrupción y a la ineficiencia en el uso y protección de los recursos públicos, además del manto de complicidad e impunidad de funcionarios que prefieren ignorar las advertencias y alertas emitidas tras la aplicación del control concurrente”, sostuvo el presidente de la Comisión Especial de Control Concurrente, José Luna Gálvez, en un mensaje difundido en la web de este grupo de trabajo.
Causas de la paralización
Desde una lectura técnica, el informe preliminar de la comisión identifica las causas estructurales de esta crisis:
• Expedientes técnicos deficientes en más del 10.9% de los casos, elaborados con información incompleta, errores constructivos, y presupuestos mal calculados.
• Incumplimiento de contratos (25.4%), sin aplicación de penalidades ni resolución efectiva por parte del Estado.
• Incremento sustantivo de presupuestos; 1,610 proyectos han duplicado su presupuesto original (más del 100%) y, peor aún, 154 proyectos han elevado sus costos en más de 500%.
• Falta de financiamiento (21.2%), lo que revela un uso irresponsable de los recursos y ausencia de planificación real.
• Controversias legales (9.1%) que concentran el 34.5% del monto económico paralizado, recurriendo al uso del arbitraje como refugio.
Estructura del colapso
En la mayoría de los casos investigados, el incremento de los costos y la paralización de obras obedecen a la corrupción y la ineficiencia en el uso y protección de los recursos públicos.
El sistema de inversión pública peruano enfrenta una crisis estructural alimentada por tres factores persistentes: la primera, y más grave, es la corrupción tolerada, que utiliza las obras paralizadas como herramienta de chantaje político; la gestión ineficiente, reflejada en expedientes técnicos mal elaborados, falta de planificación financiera y presupuestos duplicados o quintuplicados.
La fragmentación en la función de las instituciones encargadas por prevenir y sancionar las acciones de corrupción, como la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Procuraduría General.
Impacto de la corrupción
“La corrupción impide ejecutar proyectos y obras esenciales para la población, dotar de servicios básicos, como agua potable y desagüe a comunidades enteras; construir colegios y hospitales, o construir carreteras que permitan a las comunidades la intercomunicación necesaria, entre otros”, señaló Luna Gálvez.
La corrupción e ineficiencia estatal ha significado que la obra de recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (hoy ANIN), presenta un incremento en sus costos de S/ 749.4 millones.
Lo mismo sucede con el Hospital Provincial de Cascas II-1, en La Libertad, que presenta un incremento de costos por 418.3%, más de 360 millones de soles.
En el caso del Hospital Antonio Lorena, en el Cusco, el incremento es de 1,117 millones de soles (402%).
Estos casos se repiten en distintas regiones y paralizan o incrementan el valor de construcciones de colegios, carreteras, servicios de agua y desagüe, entre otros. La corrupción y la ineptitud condenan a comunidades enteras a no recibir los servicios básicos esenciales.
Inseguridad, corrupción e ineptitud
En plena crisis de seguridad ciudadana que registra más de 1,600 asesinatos en lo que va del año y el precio que paga el país es de S/ 20 mil millones en lo que va del año, al menos cinco centros penitenciarios –en Ica, Chincha, Arequipa, Pucallpa y Cajamarca– se encuentran paralizados, pese a que sus costos muestran incremento exagerados.
Así lo pudo constatar la Comisión Especial de Control Concurrente durante las visitas inopinadas realizadas en los últimos meses para levantar información sobre las irregularidades, millonario incremento de costos y abandono de la infraestructura destinada a albergar a sicarios y extorsionadores que hoy imponen el terror entre emprendedores y familias peruanas.
“El caso más alarmante es el del penal de Ica, cuya inversión pasó de S/ 269.7 millones a S/ 877 millones, obra paralizada desde el 2020. Encontramos en nuestra visita materiales deteriorados y estructuras corroídas por el abandono”, señaló Luna Gálvez.
Sin embargo, no es el único caso. Situaciones similares se registraron en el penal de Chincha cuyas obras de ampliación pasaron de costar S/ 53 millones a S/ 93 millones; el de Pucallpa paralizado desde el 2022, pasó de costar S/ 102 millones a S/ 369 millones.
La misma situación se constató en el Complejo Penitenciario de Arequipa, que presenta un incremento de más de S/ 303 millones, pero se encuentra paralizada desde el 2021 y el penal de Cajamarca que, tras nueve años, desde la declaratoria de su viabilidad, apenas alcanza un avance físico del 27.1%.
Pero no es el único caso, la ampliación y mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP-Arequipa, a cargo del Ministerio del Interior, presenta un incremento en sus costos de 110 millones, el 310%.
Algo similar ocurre en la ampliación de los servicios de la Escuela Técnico Superior de Iquitos de la PNP, cuyo costo se elevó en 2,298.8%, es decir S/ 482.6 millones.
Así también el informe señala a la inversión de mejoramiento e implementación de la Unidad PNP Frente Policial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en Pichari, La Convención, Cusco. Su costo se incrementó en 109 millones de soles (201.7%).
“La inacción y la corrupción se han convertido en trabas de la lucha contra la inseguridad ciudadana; los corruptos son cómplices de los sicarios y extorsionadores. Hemos advertido a la Fiscalía y a la Comisión de Fiscalización para que tomen acciones. Es imperdonable que, en plena emergencia criminal, el Estado mantenga paralizadas inversiones de esta magnitud”, señaló el líder de Podemos Perú.
Limitaciones del control concurrente
El control concurrente ha demostrado su eficacia en la prevención de la corrupción (ver recuadro), presenta limitaciones y vulnerabilidades que deben ser corregidas, como el hecho de que se activa solo cuando la obra ya está en ejecución, no en la fase de formulación o diseño.
Además, más del 70% de las alertas emitidas por la Contraloría no fueron corregidas por falta de coerción y voluntad política.
Tampoco se aplica en modalidades como Obras por Impuestos (OxI), Asociaciones Público-Privadas (APP) ni convenios de Gobierno a Gobierno, pese a su alto riesgo de irregularidades.
Ante ello, la comisión ha presentado dos proyectos de ley, uno ya en la agenda del pleno, que buscan fortalecer esta modalidad de control, restituir su presupuesto y fortalecer la coordinación entre los entes involucrados.
Extender vigencia
Ante este escenario de corrupción sistémica, la Comisión Especial de Control Concurrente aprobó solicitar la ampliación de plazo para continuar con la fiscalización en siete departamentos aún no visitados, revisar 351 inversiones paralizadas mayores a S/ 5 millones, y monitorear las inversiones en EsSalud, a las 35 empresas de Fonafe que manejan ingresos por S/ 36 mil millones.
Además, se busca hacer seguimiento a los mecanismos de contrataciones como obras por impuestos, asociaciones público-privados y gobierno a gobierno.
Así también concretar los proyectos de ley presentados por la CEM para fortalecer la lucha anticorrupción y el control concurrente.
“La corrupción en las obras públicas no solo roba dinero: roba tiempo, esperanza y vidas. Mientras más de 2,500 obras están paralizadas y S/ 43 mil millones en inversión no se ejecutan, desmantelar las estructuras de fiscalización es una decisión política que solo favorece a los corruptos”, sostuvo Luna Gálvez.
Más del 100%
En 18 gobiernos regionales se registran 653 inversiones que superan en 100% la diferencia entre el costo viable y el monto actualizado: más de S/ 28,944 millones.
Diversos delitos
La Comisión Especial de Control Concurrente informó a la Fiscalía de la Nación de los graves indicios de delitos como colusión, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en inversiones en distintas regiones del país. También se remitió un informe a la Comisión de Fiscalización.
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