Carlos Fernández, reemplazo de Silvana Carrión en Procuraduría, registra paso por estudio que asesoró a Odebrecht

Tal como la defenestrada Silvana Carrión, el actual procurador ad hoc para el caso Odebrecht y otros, Carlos Fernández Muñoz, también trabajó años más de 7 años en el estudio de César Azabache. Su labor allí también se dio cuando este bufete jurídico contrataba con Odebrecht, y ahora defiende a su razón social Rutas de Lima.

En su contacto de Linkedin, el funcionario indica que, entre octubre del 2010 y marzo del 2018, estuvo en ese centro laboral. La constructora corrupta había sido su cliente en el 2016. Al estallar el caso Lava Jato, comunicó la resolución del convenio.

Ahora, el exjefe de Fernández se presenta ante jueces y fiscales pidiendo que se anulen los procesos penales a los peajes entregados por Susana VIllarán. Este caso ha llegado a juicio, aunque el principal informante, José Miguel Castro, fue hallado muerto con el cuello degollado, según expertos.

El ahora encargado de defender al Perú antes que a los delincuentes que nos han demandado por 3,200 millones de dólares (en los casos Gasoducto y Rutas de Lima), ha patrocinado a exministros de Estado, así como a grandes cadenas comerciales.

Cabe indicar que Fernández ingresó como abogado del Estado en el año 2019, cuando Martín Vizcarra era presidente de la República. En 2020, el “Lagarto” creó la Procuraduría General del Estado (PGE), y designó allí a Daniel Soria.

Este último había ingresado sin haber cumplido el requisito de experiencia en estos temas, pero el seis de noviembre de ese año ascendió al cuestionado funcionario como adjunto en el caso Lava Jato.

Ante este conflicto de intereses, congresistas de distintas bancadas –a excepción del tercer vicepresidente del Parlamento, Illich López– coincidieron en que Fernández no solo debe irse, sino que se debe investigar si el abogado de Odebrecht sigue teniendo a sus allegados en puestos claves del sistema de justicia.

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Américo Gonza (Perú Libre) se comprometió junto a su bancada a exigir la renuncia del nuevo defensor de los intereses del Estado contra la empresa corrupta.

“Yo tengo un proyecto para que a Odebrecht se le anule todos los beneficios mediante ley. Vamos a exigir ese retiro (de Fernández Muñoz), vamos a corroborar con otros elementos”, dijo el legislador a EXPRESO.

Alertó que la permanencia del exsocio de Azabache en la Procuraduría Lava Jato impediría llegar a la verdad respecto a los actos criminales cometidos y de los funcionarios quienes participaron de esta maquinaria ilícita.

“Nos sorprende que un abogado que esté relacionado al estudio Azabache que defiende a Odebrecht, eso nos preocupa porque no va haber objetividad, hay un conflicto de intereses. Es más de lo mismo, la traba Odebrecht está enquistada en el hueso del sistema peruano”, añadió.

En tanto, el presidente de la comisión especial que investiga el acuerdo de colaboración eficaz entre los brasileños y el Estado, Alejandro Muñante (Renovación Popular), solicitó a la procuradora general del Estado, María Caruajulca, a evaluar la permanencia de Fernández.

Asimismo, instó al Consejo Directivo de la PGE a evaluar personal idóneo para asumir la Procuraduría Lava Jato y tomar decisiones inteligentes al momento de elegir subordinados en esta institución.

“Deberían designar a un funcionario que no tenga ningún tipo de cuestionamiento”, dijo Muñante a EXPRESO.

Asimismo, señaló que la Procuraduría anteriormente no tuvo criterio para elegir a quienes defiendan los intereses del Estado. Esto en alusión al exsocio de César Azabache que había ingresado en la institución pública en 2019.

“No se puede continuar con esa misma gente que generó pérdida de confianza ante el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. Ha sido un error la designación de este doctor porque perteneció al mismo equipo de la señora Carrión”, agregó el político.

Por su parte, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, (Acción Popular), consideró que esta designación debe analizarse e investigarse con el fin de verificar la existencia de un conflicto de interés.

“Todos los nombramientos siempre obedecen a un procedimiento y el procedimiento tiene que revisarse. Es responsabilidad de quien hace esos nombramientos que se cumplan las normas y los requisitos que hagan efectivos para este fin. En ese sentido, se tiene que revisar ese nombramiento sobre todo con la gravedad que usted ha detallado”, dijo López Ureña a este medio de comunicación.

Como si no bastara con los cuestionamientos a Fernández, la otra adjunta que representa al Perú, Nory Vega Caro, fue criticada en plena audiencia por los peajes corruptos de Villarán. Su intervención fue para darle la razón a la parte demandada, lo cual llamó la atención del juez superior Ramiro Salinas Siccha, quien falleció meses después.

“¿Usted viene en representación del Estado o de Rutas de Lima o Línea Amarilla?”, consultó el magistrado, ante lo cual la procuradora dijo que solo citaba la “normatividad vigente”.

“Usted representa al Estado. La Municipalidad es Estado. Por eso me causa un poco de resquemor que un procurador del Estado vaya en perjuicio del Estado, y eso no puede ser. No lo podemos permitir”, acotó Salinas Siccha.

Cabe indicar que pedimos la versión de Fernández por medio de los canales oficiales, pero al cierre de esta edición, aún no la recibíamos.

Sin embargo, funcionarios de la defensa del Estado nos indicaron que él estaba en su actual puesto en forma interina, y que en los próximos días será reemplazado por alguien que sí tenga pergaminos sin cercanías sospechosas.

En silencio

Hace unas semanas, César Azabache Caracciolo deslindó de algún conflicto de intereses con la hoy exprocuradora Silvana Carrión. Desde su salida, el litigante no se ha pronunciado en sus redes sociales, y se ha concentrado en comentar públicamente otros temas.

Pago a corruptos

A diferencia de las procuradurías de otros países, en vez de recuperar dinero de la empresa corrupta para el Estado, la peruana primero hizo que el Perú entregue a Odebrecht, en 2019, el pago de S/529 millones por la hidroeléctrica de Chaglla. Esto para que entregue “información valiosa”.

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