Dina Boluarte entre la justicia y la persecución: fiscal Delia Espinoza pide reconsiderar caso ‘Rolex’
A presidenta solo se le puede acusar por determinados delitos, precisa Gerardo Eto Cruz. Titular de la SAC, María Acuña, dice que reconsideración no está contemplada con el reglamento.
La guerra está declarada. Muchos dicen que se trata de un acoso o una persecución política, otros que solo se busca justicia. Por un lado, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sacó toda su artillería pesada para presentar en solo dos días cinco denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte, pero la Comisión Permanente del Congreso ya se encargó de archivar una de las acusaciones contra la mandataria por el caso ‘Rolex’.
Espinoza no se quedó con los brazos cruzados y mediante un escrito solicitó ayer al Parlamento que reconsidere el archivamiento de dicha denuncia. Sin embargo, el gran aliado de la mandataria, no se demoró en dar una respuesta a la fiscal.
La congresista María Acuña, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), señaló que no va a haber ninguna reconsideración sobre el archivo del caso ‘Rolex’, porque no está contemplado en el reglamento del Parlamento.
Denuncias
Entre las diversas denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía contra la mandataria figuran las relacionadas con una presunta omisión de funciones y abandono de cargo tras sus cirugías; otra por encubrimiento personal a Vladimir Cerrón por el caso ‘Cofre’; denuncia por lesiones leves y graves durante las manifestaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023; denuncia por presuntos delitos durante su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, por delito de colusión por el caso Qali Warma; por enriquecimiento Ilícito y omisión de consignar declaración en documento administrativo; por la muerte de 5 personas y un herido durante las manifestaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023; por la muerte de más de 40 personas durante las manifestaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023; y por la desactivación del grupo de la Diviac de la Policía Nacional que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
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Según sus abogados, los caviares implementaron el mecanismo de guerra política, llamado lawfare contra Dina Boluarte. En el Perú este mecanismo, de judicialización de la política, ha sido implementado, se podría decir, con “cierto éxito” por los caviares contra quienes consideran sus enemigos más importantes, señalan los defensores de la mandataria.
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