¡Escondieron miles de audios! Fiscales apuntan a Pablo Sánchez y Gustavo Gorriti
Chávez Cotrina reveló manejo de información. Habrían encubierto a San Martín, Barrios y a la misma Delia Espinoza, a cambio de “favores”.
Tanto el funcionarios supremo Pablo Sánchez como el activista Gustavo Gorriti habrían escondido miles de audios que comprometían penal o moralmente a jueces y fiscales, a fin de manipularlos para que actúen conforme a sus intereses económicos.
Esta posibilidad, revelada por la fiscal provincial titular Norha Córdova en Willax, cobra mayor interés cuando se evidencian artimañas dentro del sistema de justicia para beneficiar a Odebrecht y a otros entes corruptos que terminaron beneficiados por “errores” en investigaciones y procesos judiciales.
“¿Qué? ¿Cómo tú no sabes? Hay cientos de audios, así me dijo, y los están escuchando los dos Sánchez en la fiscalía en el piso nueve”, manifestó la funcionaria, respecto a lo que le dijo en el 2018 el aún coordinador nacional en casos contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina.
Córdova dirigía la investigación en el caso “Cuellos blancos del puerto”, hasta que su proactividad la llevó a incomodar a quienes traficaban con la información reservada.
Las palabras que Chávez Cotrina no ha desmentido se referían a Pablo Sánchez y a Rocío Sánchez. Esta última laboraba en el Ministerio Público destacada en el Callao, y tomó la posta junto con Sandra Castro, hasta que se reveló que habrían favorecido nada más y nada menos que al nefasto Martín Vizcarra.
El siete y ocho del significativo julio del 2018, el caso Lava Jato dejó de ser el más comentado, para dar paso a los audios de la vergüenza, entre César Hinostroza, Walter Ríos y otros personajes vinculados a delitos como tráfico de influencias. Los publicó Gorriti, a través de su centro laboral, la organización no gubernamental (ONG) Instituto de Defensa Legal (IDL).
Solo unas horas antes, EXPRESO había advertido que unas interceptaciones supuestamente legales, en el distrito judicial y fiscal del Callao, eran manejadas, a nombre del Ministerio Público, por Isauro Fuentes Rivera.
Este abogado era pariente de un preso por terrorismo (perteneciente al MRTA) y supuestamente debía verificar nexos entre narcotraficantes y jueces y fiscales en tierras chalacas.
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