Estado peruano se allanó a sentencias de la Corte IDH

"Just est are boni et segui" (El Derecho es el arte de lo bueno y justo) decía el emperador Justiniano (524 - 565) quien hizo copilar el Digesto y los códigos básicos del Derecho Romano. Esas enseñanzas que los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)  ignoraron,  pues pese a que el derecho  de defensa como una garantía está ligado  al debido proceso, tanto en la Convención Americana  sobre Derechos Humanos (CADH) como en el antes mencionado tribunal, no se permitió a los defensores del Estado peruano sustentar debidamente sus argumentos.

En la mayoría de los casos se violó el artículo 8  que presumiblemente rige y  ordena  que toda persona deba ser oída  con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.

Lo real es que los jueces de la Corte IDH se parcializaron con los defensores de los terroristas y sus familiares, a los que dieron tribuna para sus engorrosos e injustificados alegatos, lo que no ocurrió con los representantes de militares, policías y ronderos acusados de delitos de lesa humanidad durante sus riesgosas Operaciones Especiales de Inteligencia. A ellos les dieron escasos minutos y fueron interrumpidos varias veces.

Tampoco se les permitió plantear la figura de la recusación a pesar de la evidente postura neomarxista de los magistrados de la Corte IDH, que como veremos en posterior edición también fue presidida por el inefable Diego García Sayán.

Presenciar esas audiencias es remontarse al proceso seguido contra Juana de Arco, condenada a morir en la hoguera el 30 de mayo de 1431 en Ruán, Francia, y a quien sólo se permitieron 12 descargos sobre un total de 72 acusaciones que les hicieron los miembros de un tribunal inquisitorial.

A continuación, hechos que concluyeron en sentencias contra el Estado peruano, en su mayoría casos perdidos por la funesta defensa  de los representantes  legales  enviados durante los regímenes de Valentín Paniagua Corazao y el extraditable  Alejandro Toledo Manrique,  así como por cierta intencionalidad  personificada en el exministro de Justicia  y luego juez de la Corte IDH García Sayán. Esas circunstancias que concluyeron con el allanamiento a la mayoría de dictámenes de dicho tribunal supranacional para luego criminalizar al expresidente Alberto Fujimori.

Es más, el propio Abimael Guzmán Reynoso en su libro "De Puño y Letra" - que se vende abiertamente en el centro de Lima y alrededores de ciertas universidades - admite que todas las concesiones y beneficios que logró con éxito fueron gracias a Paniagua y Toledo y en cuanto a Fujimori admite que le brindó las facilidades para concretar la rendición total de sus huestes pero que no pudo alcanzar con él la "solución política". Eso, señala el genocida, "sí le fue concedido por los gobiernos subsiguientes".

DE RODILLAS

Estamos en el Perú y como dice el dicho: "Aquí puede suceder cualquier cosa, por más insólito que parezca”. Y es que Osmán Morote Barrionuevo, el número 2 de Sendero, quien promovió el motín en el centro penitenciario de San Juan de Lurigancho, estuvo a punto de recibir una cuantiosa indemnización en cumplimiento de un dictamen de la Corte IDH, luego de que  el gobierno de Toledo se allanara a la decisión del tribunal de Costa Rica.

La oportuna denuncia fue hecha por Francisco Diez Canseco Távara, ilustre columnista de Expreso, quien advirtió: "De conformidad con el informe de la Corte IDH, respecto a la asonada de Lurigancho, uno de los que va a recibir varios miles de dólares de indemnización es Osmán Morote, pues ha sido considerado como agraviado por la Corte. Es un fallo que consagra la impunidad del terrorismo".

Poco después, en diciembre de 2006, la Corte IDH ordenó al Perú que pague más de 12 millones de dólares por concepto de indemnizaciones a los senderistas que dirigidos por Deodato Juárez Cruzat tomaron el penal Miguel Castro Castro en mayo de 1992, cuando murieron 42 sediciosos, mientras que 172 resultaron heridos y otros 322 denunciaron haber sido víctimas de maltrato psicológico. Lo cierto es que fueron beneficiados cerca de un millar de terroristas y el fallo de la Corte IDH incluyó un acto público de desagravio a las "víctimas" y de reconocimiento de responsabilidad internacional de parte del Estado. A lo que se agregó el coro caviar lanzando  una serie de ideas  para inmortalizar a los genocidas de Sendero y el "Movimiento Revolucionario Túpac Amaru".

Seguidamente la CIDH emitió el fallo que en su Inciso 57 dice: " La Corte acepta que el Estado establezca  un parque o erija un monumento que satisfaga   el sentido o fin de la medida de reparación ordenada por el tribunal en su sentencia" y  ordena que los nombres de los terroristas abatidos en el enfrentamiento con las  fuerzas del orden figuren en ese memorial que conocemos como "El ojo que llora". Lo cual fue cumplido servilmente por Toledo poniendo al Perú de rodillas ante la CIDH.

De otro lado, los beneficiarios de los subversivos muertos recibieron  $ 50 mil dólares y los que sobrevivieron 20 mil dólares cada uno. Entre ellos, Madeleine Valle Rivera, abogada   de sediciosol y líder de la agrupación prosenderista "Asociación de familiares de presos políticos, desaparecidos y víctimas de genocidio".

PAGO A PRÓFUGA

El Estado tuvo que asignar 319 mil dólares a la terrorista María de la Cruz Flores, sentenciada a 20 años de prisión y prófuga de la justicia cuando la Corte IDH ordenó dicha indemnización bajo el pretexto de que habían sido vulnerados sus derechos humanos durante el corto tiempo que estuvo detenida.

El dictamen del tribunal supranacional se emitió el 18 de noviembre de 2004. Allí además de la reparación civil se obligó al Estado peruano a reintegrarle el derecho a ejercer la medicina en un hospital  del sector Salud y becarla para la especialización   que ella prefiera. Ella había sido miembro de "Socorro Popular", actualmente se dice que vive en Alemania.

A LA MAESTRA CON CARIÑO

María Loayza Tamayo. subversiva que cayó tras un lago seguimiento de la Dirección  Nacional contra el Terrorismo, también fue favorecida por la CIDH que ordenó se la indemnice con  50 mil dólares y que se deje sin efecto  la condena de 20 años de prisión que le había sido impuesta tras una serie de indagaciones. Según dicha instancia supranacional, había sido procesada simultáneamente en el fuero militar y común.

Al respecto el juez de esa corte, Montiel Arguello dijo que su absolución fue en base a términos poco claros. de parte de los demás integrantes de. "Respecto a la orden de libertad de María Elena Loayza Tamayo, la Corte ha usado una fórmula bastante oscura que equivale a un decreto de absolución de la procesada y como fundamento se aducen las violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención, especialmente de la prohibición del doble enjuiciamiento", señaló.

La farsa de Leonor la rosa

Nadie olvida los espasmos y contorsiones que conmovieron a la opinión pública cuando la exministra de Justicia Miriam Schenone visitó a la exagente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE),  internada en el Hospital Militar Central por supuestas torturas de parte de cuatro oficiales de ese organismo en 1997.

Tras la dramática escena y una exhaustiva investigación, el fuero castrense absolvió a dos de los acusados y sin ninguna prueba contundente sentenció a ocho años de prisión   a los otros dos, arruinando su brillante trayectoria.

Años después, en 2002 el fuero militar acopió una serie de documentos y reconoció su error y declaró que ambos militares eran inocentes, pero ya Toledo había ordenado el pago 120,000 dólares a la embaucadora Leonor La Rosa.

PAGO A FAMILIA HUILLCA

El Estado pagó 270 mil dólares a los deudos del dirigente sindical Pedro Huillca Tecse, asesinado vilmente por  SL el 18 de diciembre de 1992, crimen que como narramos en anteriores ediciones fue reconocido por "El Diario", vocero de Sendero, en una edición especial.

PREMIO PARA FERIA

Mónica Feria estudiaba Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cayó en manos de la Policía en 1992 cuando empaquetaba  ejemplares de "El Diario". En 1997 se dedicó a defender la los sediciosos. La Fundación Gruber le pagó 500 mil dólares.

POR: CESAR REATEGUI

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