Fiscalía ya entregó acuerdo secreto con Odebrecht: Phillip Butters y abogado Wilber Medina tienen más de 1,000 páginas

“La Fiscalía, en cumplimiento de la STC 2901-2024-HD/TC, acaba de entregarnos una copia del Acuerdo de Colaboración Eficaz (1,097 folios). Lo revisaremos e inmediatamente lo publicaremos para que todos los peruanos conozcan su contenido”, anunció el abogado Wilber Medina, respecto al convenio entre el Equipo Lava Jato y Novonor (ex-Odebrecht).

De esta manera, el habeas data de Phillip Butters daría paso a revelaciones sobre cómo delincuentes brasileños lograron que Rafael Vela, José Pérez y el exprocurador Jorge Ramírez los liberaran de toda condena efectiva.

Supuestamente, esto se hizo a cambio de información clave y una reparación civil de 610 millones de soles (sin contar intereses), pagadera en quince años. Este acuerdo ha sido duramente criticado por amplios sectores de la población.

La travesía de Butters y Medina hasta este punto estuvo llena de anécdotas. En 2019, el gobierno de Martín Vizcarra y sus operadores mediáticos incluso sugirieron que el conductor de Willax podría ir a prisión por no respetar la reserva del acuerdo.

Posteriormente, el habeas data fue rechazado reiteradamente por jueces que protegían el secretismo en torno a la empresa más corrupta en la historia del Perú. Incluso el polémico magistrado Oswaldo Ordóñez votó contra la transparencia.

Gracias a que la Sala 2 del TC resolvió de manera unánime que se debía respetar el derecho al acceso a la información pública, todo el Perú conocerá la verdad.

Ahora, la dupla Butters-Medina ha solicitado oficialmente a Delia Espinoza, titular del Ministerio Público, aplicar este criterio del máximo intérprete de la Constitución.

“Tengo el honor de dirigirme a usted para felicitarla por su elección como fiscal de la Nación y, en dicha condición, con el objeto de combatir la corrupción y defender los derechos de los peruanos, solicito el ejercicio de mi derecho de acceso a la información”, empieza una solicitud de Butters.

Acuerdo con Graña

El primer pedido menciona: “Del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Equipo Especial de Fiscales – Lava Jato, la Procuraduría Pública Ad Hoc y José Graña Miró Quesada, aprobado judicialmente el 12 de diciembre de 2022, conforme lo informa el Poder Judicial”.
Graña fue el principal cómplice de Odebrecht en sus corruptelas. Ambos sujetos procesales han admitido haber delinquido en proyectos como la Interoceánica Sur y el Metro de Lima.

Asimismo, se invoca a Espinoza para que entregue los convenios con la constructora Aenza (ex Graña & Montero) y Obrainsa (cuyos ejecutivos han delatado a Vizcarra).

“Por último, amparado en la STC 2901-2024-PHD/TC y con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública, solicito que en la página web del Ministerio Público se cree un botón para publicar todos los acuerdos de colaboración eficaz aprobados judicialmente relacionados con delitos contra la administración pública”, acota Butters.

Sobre Chaglla y Sunat

Tal vez los puntos más polémicos que tuvieron como pretexto el acuerdo secreto fueron el pago de S/524 millones por la central hidroeléctrica de Chaglla y el archivo de un proceso de deuda tributaria de más de mil millones de soles.

Esto ocurrió durante el gobierno de Vizcarra. Tanto Vela como Pérez respondieron que solo cumplían con las condiciones del acuerdo.
Chaglla era una obra incautada por el Estado al estallar el caso Lava Jato, como ocurrió con la logística del Gasoducto del Sur. Esto contó con el apoyo de Zoraida Ávalos, quien llegó a ser fiscal de la Nación con certificados de estudios sospechosos.

Ávalos otorgó facultades especiales al Equipo Lava Jato para que conociera casos que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanera (Sunat) tuviera con los brasileños.

Represalias

Ante esta impunidad, el ente recaudador presentó diversos reclamos legales, los cuales han llegado al TC. El acuerdo secreto se firmó a inicios de 2019, y prácticamente todas las personas públicas que se manifestaron en contra terminaron siendo investigadas por el Ministerio Público.

Tal fue el caso de los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, quienes terminaron destituidos. Una situación similar vivieron el entonces congresista Roberto Vieira y el pastor José Linares, quienes organizaron las primeras marchas contra el acuerdo con Odebrecht.

Vizcarra, quien antes defendiera el secretismo del acuerdo con Odebrecht (a fines de 2018 canceló una actividad oficial en Brasil para impedir su publicación) y acusara a Butters de difundir noticias falsas, ahora sigue los pasos del “Sabelón”.

Así lo informó el portal Epicentro TV: “Amparándose en la sentencia del TC que levanta la reserva del Acuerdo con Odebrecht, solicitó este miércoles a la Procuraduría copias del Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre el Equipo Especial Lava Jato y la empresa ICCGSA (Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA), y de la sentencia judicial que lo aprobó”.

Advertencia

Adelantándose a la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional, de hacer público el acuerdo colaboracionista con Odebrecht, señaló que todo alto tribunal dicta sentencias que marcan un antes y un después.

Y esta “es una de ellas porque saca a luz los acuerdos de colaboración eficaz escondidos, negociados y aprobados a puerta cerrada, sin fiscalización alguna y que luego se valoran como cosa juzgada o verdad absoluta, aun cuando perjudiquen a terceros que no han podido defenderse en dicho proceso especial”.

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