Katherine Ampuero sobre denuncias contra Marita Barreto y Rafael Vela: “Fiscal de la Nación les está dando tiempo para desaparecer pruebas”

Al parecer la fiscal Marita Barreto tiene un incremento patrimonial que genera dudas, ¿qué piensa usted?

Es evidencia de un desbalance patrimonial, ya que el patrimonio que posee Marita Barreto no guarda una relación proporcional con los ingresos económicos que habría percibido en el cargo de fiscal. Además, hemos observado actos que ha realizado para sustraer sus bienes de la acción de la justicia.

¿Cómo cuáles? 

Ha recurrido a la realización de actos jurídicos, como, por ejemplo, ceder en anticipo de legítima a su hijo la casa que ha construido, la cual estaría valorizada en aproximadamente 500,000 dólares. Posteriormente, su hijo le otorga a ella un usufructo perpetuo, permitiéndole disfrutar del bien inmueble a título gratuito. Asimismo, hemos observado que no se comporta como una simple usufructuaria, sino como propietaria del bien, ya que lo ofrece en venta. Ante una supuesta compradora, muestra la casa como si fuera su dueña, enseña todas las instalaciones, resalta la calidad de los acabados y negocia el precio. Incluso, menciona: “Estamos pidiendo 400,000 dólares, pero el precio es negociable”. Esto evidencia que ha recurrido a estos actos jurídicos con el fin de sustraer dicho bien inmueble de la acción de la justicia.

Y no se puede decir que desconoce cómo eludir a la justicia porque se especializa en el combate contra la corrupción…

Ella es muy consciente de que estos actos jurídicos lo suelen hacer las personas que están investigadas, porque ella es una fiscal que justamente investiga a personas por lavado de activos que suelen recurrir a estas acciones para poner su patrimonio a buen recaudo, justamente lo que ella en este momento está haciendo.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ¿está actuando bien en esta investigación?

Lo que llama la atención es que, frente a esta evidencia, la fiscal de la Nación debería iniciar de inmediato una investigación por enriquecimiento ilícito, ya que existen indicios y evidencias de un presunto desbalance patrimonial. Los ingresos de Barreto como fiscal no justifican el patrimonio que posee. El terreno del inmueble fue adquirido en el año 2018 y, repentinamente, se observa una construcción valorizada en aproximadamente 400,000 dólares. ¿De dónde obtuvo el dinero para esta edificación? Además, se señala que ni siquiera ha declarado dicho inmueble en la declaración de bienes y rentas, la cual los funcionarios públicos están obligados a presentar anualmente. Esto indicaría que habría ocultado información relevante. Este hecho constituye un indicio y una evidencia que obligan al titular de la acción penal a iniciar diligencias preliminares. Sin embargo, en lugar de hacerlo, la fiscal de la Nación omite su función y remite la denuncia a otro fiscal de la Coordinación Especializada en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios, quien no tiene competencia en la materia y, por lo tanto, no puede iniciar una investigación por enriquecimiento ilícito.

¿Por qué tendría que ser la fiscal de la Nación?

Tiene que hacerlo porque ella es la única que tiene competencia, es la fiscal natural, llamémoslo así, para iniciar una investigación por enriquecimiento.

Pero al enviarlo a otro fiscal sin competencia, ¿qué es lo que se busca?

Está dilatando la investigación. Al remitir la denuncia a otro fiscal que no tiene competencia para iniciar una investigación por enriquecimiento ilícito, la fiscal de la Nación ha retrasado el proceso, dándole tiempo a la denunciada para que desaparezca, oculte o destruya información relevante para el esclarecimiento de los hechos. Hemos visto cómo las personas involucradas en actos irregulares suelen destruir pruebas e incluso influir en las declaraciones de testigos clave. Esto representa un grave riesgo, ya que la pérdida de información podría impedir que los hechos se esclarezcan y, en consecuencia, facilitar la impunidad.

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Marita Barreto siempre se ha declarado la abanderada de la verdad, pero sus hechos dicen otra cosa…

Estamos viendo una absoluta incongruencia entre lo que dicen los fiscales y lo que hacen. Ha sido muy bonito el discurso de lucha contra la corrupción y sus declaraciones de que no investigan a personas, sino presuntos hechos delictivos. Sin embargo, ahora observamos que ellos mismos podrían estar involucrados en hechos que presentan evidencia o indicios de ilicitud, pero, a pesar de ello, están evadiendo la acción de la justicia.

Si este caso le hubiera pasado a otra persona, la propia Barreto ya habría abierto investigación…

Vemos a una fiscal de la Nación que, frente a otros hechos, abre de inmediato una investigación y lo publica en las redes oficiales del Ministerio Público. Asimismo, presenta denuncias constitucionales contra, por ejemplo, congresistas, lo cual me parece muy bien. Sin embargo, con esa misma diligencia también debe actuar cuando se trata de cuestionamientos a personas que trabajan dentro del Ministerio Público. Ellos son los llamados por ley a investigar y los titulares de la acción penal; por lo tanto, su conducta debe ser absolutamente intachable y estar fuera de todo cuestionamiento.

¿A parte de este terreno hay otro hecho que se pueda traducir como una evidencia de enriquecimiento ilícito en el caso de Barreto?

Lo que se ha visto en la denuncia periodística no solo es el inmueble, también muestra una pulsera que sería de la marca Cartier que sabemos es una marca muy costosa, y el sueldo de una fiscal es poco probable que le permita tener ese tipo de joyas tan costosas.

¿Y si alguien le ha regalado esa joya?

Cuando se ha ocupado un cargo tan sensible como el de coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), no se pueden aceptar regalos costosos. No olvidemos que la presidenta de la República, Dina Boluarte, está siendo investigada por haber recibido obsequios de su wayki (gobernador de Ayacucho), y es la propia fiscal de la Nación quien lleva a cabo dicha investigación. Es fundamental aplicar el mismo criterio para todos. Sin embargo, esto no significa que se deba sentenciar a nadie de antemano. La investigación tiene como propósito esclarecer los hechos. Por ello, reafirmo que la fiscal de la Nación está eludiendo sus funciones, ya que no quiere asumir la responsabilidad que le corresponde, vulnerando así el derecho de todos los ciudadanos a conocer la verdad...

No solo es el caso de Marita Barreto, sino también de Rafael Vela, excoordinador del Equipo Lava Jato, quien también tendría problemas para demostrar cómo financió la compra de una casa…

De acuerdo con la denuncia periodística que hemos visto, el fiscal Rafael Vela también tendría un patrimonio que no guarda relación de proporcionalidad con sus ingresos. En su declaración jurada de bienes y rentas, registra ingresos en el sector privado por montos considerables. Sin embargo, estos montos deben estar debidamente sustentados, y la forma de hacerlo es a través de los recibos por honorarios. En dichos recibos, se debe indicar el origen del ingreso, es decir, si proviene de una universidad por haber dictado clases, así como la cuenta bancaria en la que se efectuó el depósito. Además, los montos deben coincidir. En el caso de Rafael Vela, según la denuncia, estos montos no coincidirían.

También habría un desbalance patrimonial…

Lo que él ha recibido del sector privado no coincide con los recibos por honorarios. En su declaración en el formulario de bienes y rentas, habría registrado un monto mayor que no coincide con el recibo por honorarios, donde figura un monto menor. En consecuencia, este hecho también merece ser investigado. Sin embargo, la fiscal de la Nación, en lugar de iniciar una investigación adecuada, deriva la denuncia a la Coordinación Especializada en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios.

Pasa la misma figura que con Marita Barreto…

En este caso, la fiscal de la Nación vuelve a abdicar en sus funciones, dilata la investigación y la entrega a un coordinador que no tiene competencia para iniciar una investigación por enriquecimiento ilícito. Entonces, me pregunto: ¿a qué está jugando la fiscal de la Nación? ¿A que el proceso se dilate? ¿A que la gente lo olvide? ¿A tratar el caso con indulgencia para que finalmente se archive sin ser investigado, como ya ocurrió con el anterior fiscal?

¿Con quién?

La denuncia señala que la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría ordenado archivar la investigación en el caso de Rafael Vela, quien era su amigo, sin siquiera abrir un proceso de investigación. Por ello, tanto Patricia Benavides como el fiscal que archivó la investigación deben ser investigados. Así como se han abierto diversas investigaciones contra Patricia Benavides por archivos irregulares, este también constituye un archivo irregular. La pregunta es: ¿por qué no querían que se investigara?

Otro fiscal que tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito es Domingo Pérez…

En el caso de Domingo Pérez, sí se abrió una investigación preliminar y actualmente existe una investigación preparatoria, es decir, ya hay un proceso penal por enriquecimiento ilícito. En ese caso, se realizó una pericia cuya conclusión determinó la existencia de un desbalance patrimonial entre sus ingresos y egresos. Lo mismo debería hacerse con Marita Barreto y Rafael Vela: un perito nombrado por la Fiscalía debería llevar a cabo una pericia para evaluar sus ingresos y determinar si existe o no un desbalance patrimonial. No entiendo por qué la fiscal de la Nación se resiste a que estos hechos sean investigados.

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¿Y por qué la fiscal de la Nación abdica de sus funciones? ¿Qué cree usted?

Es una opinión personal, pero creo que en la fiscal de la Nación también hay cierto temor. Tuve la oportunidad de ver la entrevista que tuvo durante su proceso de nombramiento como fiscal suprema, y llamó la atención la adquisición de sus bienes. Uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia le preguntó cómo había adquirido varios inmuebles en poco tiempo, y su justificación fue que, durante la pandemia, logró ahorrar mucho porque no gastó en pasajes ni en comida. Sin embargo, esa respuesta no resistía un análisis más profundo. Por ello, considero que ella también tiene mucho que explicar a la ciudadanía respecto al incremento de su patrimonio.

Y a Delia Espinoza, ¿quién tendría que abrirle una investigación?

La Junta tiene que hacer aquí un análisis de su caso.

Pero el hecho mismo de que no quiera investigar como corresponde, ¿no constituye un delito?

Aquí ya correspondería al Congreso porque ella, al ser una alta funcionaria del Estado, es aforada y estaría incurriendo en omisión de funciones y allí sí ya es competencia del Congreso de la República.