La CVR violó los principios fundamentales del derecho

POR: CÉSAR REÁTEGUI

Si bien consultores y analistas especializados en el fenómeno terrorista aseguraron a inicios de los años 90 del pasado siglo que terminar con esa lacra demoraría no menos de 25 años, no se puede negar que se llegó a extremos nunca imaginados de barbarie por la desidia de la clase política y la timidez con la que en un inicio las autoridades enfrentaron esa escalada de sangre y muerte causada por los genocidas de Sendero Luminoso y el “Movimiento Revolucionario Tupac Amaru” (MRTA).

Asimismo, por la desconfianza y prejuicios de ciertos líderes políticos del entorno del presidente Fernando Belaunde Terry hacia los militares, como Carlos García Bedoya, quien había sido parte del gobierno del régimen del general EP (r) Francisco Morales Bermúdez y señaló en octubre de 1980 que la década de los años 70 había producido la remoción de estructuras, exclusión de taras históricas, integración de grandes mayorías y que, tras los logros del règimen militar, el nuevo gobierno tenía la base sobre la cual edificar e impulsar una sociedad moderna y libre.

No fue así, pues mientras Sendero iniciaba su oleada de atentados y crímenes en Ayacucho, el entonces ministro del Interior, José María de la Jara, recibía un “jalón de orejas” de Javier Alva Orlandini en el hotel Crillón, reprochando el nombramiento de Héctor López de Martínez como viceministro, pues había colaborado con el gobierno militar.

Episodios como ese se repitieron cada vez que se nombraba a los nuevos jefes policiales, alterando la conducción de las desaparecidas Guardia Civil, Policía de Investigaciones del Perú y Guardia Republicana.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

El inicio del gobierno acciopopulista fue pusilámine, pero lo más grave fue que no tenìa ni la más mínima idea de la esencia del enemigo, que venía haciendo correr ríos de sangre, especialmente en la región andina del país.

El Poder Legislativo, antes de la llegada del expresidente Alberto Fujimori al poder, fue incapaz de aprobar leyes capaces de instrumentar la guerra contrasubversiva.

En los 80, cuando aún gobernaba Belaunde, el entonces diputado por el PPC, Enrique Elías Laroza, presentó un proyecto de ley que hubiera favorecido a las fuerzas armadas en el combate contra los sediciosos, iniciativa que fue materia de una importante ponencia por parte de nuestro columnista Ántero Flores- Aráoz, pero no pasó la valla del Senado y acabó en el archivo.

Recién a partir del 5 de abril de 1992 y con el asesoramiento de Vladimiro Montesinos, Víctor Pérez Liendo, Daniel Espichán Tumay y de juristas de la Corte Antimafia de Roma, se dio el marco legal que permitió la derrota de Sendero y el MRTA.

Mucho antes, el 13 de junio de 1989 Mariella Balbi, hoy columnista de EXPRESO, expuso en un diario local, bajo el titulo “Ponerse de acuerdo es el gran reto”, la urgencia de que Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, el Apra, SODE y el Partido Unificado Mariateguista (PUM), que no coincidían en torno a la estrategia antiterrorista, dejasen a un lado sus doctrinas partidarias y juntos enfrentasen al terrorismo, conclusión a la que llegó luego de una serie de entrevistas a líderes de las distintas tiendas políticas.

En su mayoría confirmaron que la subversión era el gran problema del Perú, excepto Javier Diez Canseco, líder del PUM, quien sugirió dialogar con la cúpula genocida de Sendero y más bien criticó a ciertos medios de comunicación por censurar su posición.

“La amnistía general para los presos políticos sociales y para todos los acusados de terrorismo es uno de los pasos fundamentales que debe dar el próximo gobierno, si desea acabar con el clima de violencia”, afirmó Diez Canseco poco después, al abandonar las instalaciones del Congreso tras una larga sesión.

Lo cierto es que en la clase política de aquellos años de terror y turbulencia imperó una nefasta indiferencia, incluso poco antes del satanizado “autogolpe”, que algunos osan comparar con el golpe de Estado sui generis del presidente Martín Vizcarra, cuyas abismales diferencias señalaremos en posterior edición.

COMANDO

En 1985 se promulgó la Ley Nª 24150, que resultó insuficiente y sólo especificó las atribuciones de los Comandos Políticos-Militares responsabilizando a los uniformados el grave fenómeno del terrorismo, sin tener en cuenta que no se trataba de un conflicto convencional, donde se enfrentan fuerzas identificadas por sus doctrinas , uniformes y teatros de operaciones conocidos.

Esta vez se trataba de una guerra asimétrica, ante un enemigo invisible y en lugares nunca previstos, lo que motivó que un sinnúmero de patrullas del Ejército cayeran en emboscadas, siendo la más trágica la del capitán EP José Arbulú Sime, a quien una turba de más de cien terroristas, incluyendo mujeres y niños, masacraran en Cayara.

No obstante, la patrulla que salió en persecución de los subversivos fue acusada de haber dado muerte a inocentes campesinos. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de Costa Rica, donde luego de una serie de investigaciones el 3 de febrero de 1993 fue archivado por ese tribunal supranacional.

Conforme a dicho dispositivo, los mandos militares de las zonas de emergencia coordinaban con los funcionarios del sector público y del sector privado los planes a ejecutar, una vez aprobados por el Ejecutivo.

No obstante, ya desde la llegada del general EP Clemente Noel Moral a Ayacucho, muchos alcaldes y gobernadores venían coordinando las acciones con los mandos militares, pero nunca se les vio movilizar políticamente a sus partidarios en marchas por las calles rechazando la insanía senderista, a excepción del desaparecido diputado aprista Alberto Valencia Cárdenas, quien armado de una mini -metralleta de uso civil- visitó los pueblos asolados por las hordas de Abimael Guzmán (a) “presidente Gonzalo”, acompañado por el ingeniero Víctor Córdova Cueto, quien terminó refugiándose en Lima luego de que las hordas senderistas dinamitaran su casa en Huamanga.

Se deleitó acusando a militares y policías

Como en los tétricos tiempos de la Santa Inquisición, los miembros de la CVR desconocieron la máxima “Summum jus summa injuria” ( “La justicia extrema es la máxima injusticia” ), principio del derecho que confirma que no se actúa con justicia y con razón cuando por satisfacer el deseo de unos cuantos se origina daño y menoscabo a todos. Incluso, el catolicismo llegó a admitir “la tolerancia por parte de los poderes públicas de algunas situaciones contrarias a la verdad y la justicia, para evitar un mal mayor o para adquirir o conservar un mayor bien”. Así, el mal mayor a evitarse es que se vuelvan perdurables los odios y venganzas entre peruanos, perola CVR tuvo una inclinación izquierdista que le impidió actuar con equidad y demostró deleite al acusar a militares y policías.

- PENSAMIENTO LETTS

Ricardo Letts Colmenares declaró en 1983 que “si hay un golpe militar, el único que estaría en condiciones de actuar sería el PCP Sendero Luminoso. Sendero es un elemento de reflexión, que obliga a pensar dos veces a los sectores golpistas de las Fuerzas Armadas”.

- OJOS CERRADOS

La CVR cerró los ojos ante el salvajismo de las huestes de Abimael Guzmán y Víctor Polay, dejando a la vista una irrefutable parcialidad en favor de los terroristas.. Sus conclusiones ponen al descubierto el perfil ideológico de sus miembros y evidencian cómo la CVR juzga - sin haberlos escuchado- la acción pastoral de miembros del clero que vivieron en los pueblos asolados por SL y el MRTA, quebrantando el principio jurídico que estipula “Audiatu el altera pars” ( “Sea oída también la otra parte”).

- DESLINDE DE BARRANTES

El extinto presidente de Izquierda Unida, Alfonso Barrantes Lingán, fue el primero en instar a SL a que confesase sus crímenes. “Sendero -dijo- debe señalar cuáles han sido las torres que dinamitaron sus activistas para deslindar responsabilidades.” (EXPRESO 18-12-1980).

- COMO ROBIN HOOD

Javier Diez Canseco declaró: ”Ellos [SL] pretenden, como Robin Hood, salvar a los sectores populares, quieren lograr la transformación social a través de acciones perjudiciales al movimiento popular. Ellos utilizan medios artesanales, la derecha usa operativos mucho más complicados".

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