Ministro Juan José Santiváñez plantea metas concretas para los primeros 100 días de su gestión: “El principal objetivo será la reforma del sistema de justicia”

¿Doctor Santiváñez, le sorprendió su regreso al gabinete?

Bueno, en realidad esto es una posición política que es finalmente resuelta por la señora presidenta de la República y el señor premier y, particularmente, agradezco mucho la confianza depositada en mi persona. Entiendo que, con la intención de brindarle quizás mayor agilidad a este Ministerio, teniendo en cuenta los programas de lucha contra la criminalidad, de acceso a la justicia y de respeto por los derechos humanos. Y también la posición del Perú ante diversas normativas que se han venido dictando, como, por ejemplo, la ley de amnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Tras su censura del gabinete hace 5 meses, algunos consideran su designación como una provocación. ¿Usted cómo lo toma?

Yo entiendo la posición política de algunos sectores, especialmente —y lo digo claramente— de un sector caviar, un sector de izquierda que ha visto probablemente mi incorporación al gabinete como una preocupación con respecto a sus propios intereses. Ayer (el sábado) leía en el portal de una radio muy importante, en donde las entrevistas prácticamente habían sido a todos los congresistas con los cuales, desde que estuve en el sector Interior, discrepé con respecto a algunas ideas que tenían, y yo entiendo que esa sea su posición o su discurso frente a un nombramiento que lo que busca es darle agilidad a este Ministerio. Pero es algo que, principalmente, a mí no me preocupa.

Por otro lado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le ha brindado públicamente su respaldo, motivado por la coordinación y el trabajo que usted ha hecho cuando estaba en el sector Interior.

No solamente el alcalde de Lima me ha brindado públicamente su apoyo. El alcalde de Ancón, el alcalde de Santa Rosa, el congresista Edwin Martínez, la congresista Kira Alcarraz, la congresista Maricruz Zeta, el congresista Camiche; diversas otras autoridades con las que, desde el sector Interior, trabajamos muy fuertemente en las leyes que venían dictando y también, en el cargo que ocupé justamente en la Jefatura en Palacio de Gobierno, de alguna u otra forma dimos viabilidad a estas propuestas que finalmente eran dictadas en beneficio del país. Entonces, agradezco las palabras de acogida que han tenido frente a esta designación, y lo que vamos a hacer ahora es trabajar.

¿Cuáles son las primeras prioridades para los primeros 100 días de gestión?

Bueno, para los primeros 100 días lo que tenemos que entender aquí es que necesitamos un Ministerio de Justicia con mayor agilidad, no solamente una mayor agilidad en la reforma de justicia, sino también, por ejemplo, en la construcción de los penales, en la estructuración de nuevos centros de reclusión que cumplan su finalidad, en limpiar —también hay que decirlo claro— al Ministerio de algunos sectores, específicamente caviares o de izquierda, que han tenido siempre como intención desvirtuar las acciones que tienen los gobiernos en su lucha contra la criminalidad y en su lucha contra la delincuencia, y también reforzar la posición que la señora presidenta de la República tiene con respecto a las normas, por ejemplo, de amnistía, o incluso a la posición que debe tener el Estado peruano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Su gestión abordará la reforma de Justicia, siendo este un tema de honda preocupación para la ciudadanía en general?

Es uno de los primeros pilares que nosotros vamos a promover; siempre —esto quiero remarcarlo— con respeto, con un trabajo coordinado con las entidades encargadas de administrar justicia y analizar cuáles son los mecanismos más adecuados para poder brindar a la población el acceso justamente a estos, pero sobre todo que no generen tampoco ningún tipo de impunidad.

Por mencionarte un caso. Nosotros tenemos los juzgados de flagrancia que vienen siendo promovidos por el Poder Judicial desde hace ya un par de años; incluso, cuando estábamos en el sector Interior, nosotros también participamos y hoy el sector Justicia es importante en esa iniciativa, pero el Ministerio Público no participa; es absolutamente ajeno e irrelevante para este tipo de acciones que lo que pretenden más bien es agilizar el proceso, agilizar las investigaciones y la imposición de sanciones, y que, en realidad, no están respondiendo —creo yo— a la necesidad, o a lo que se quiere realmente, ya no en la persecución, sino en la sanción en sí que puede dictar un magistrado con respecto a una conducta delictiva de una persona.

Usted ha señalado que estos juzgados de flagrancia no están andando al ritmo que se requiere, básicamente por la falta de “acción” del Ministerio Público, ¿considera que se deba a una injerencia de carácter político?

Yo creo que aquí nosotros no podemos hablar, o mejor dicho, no podríamos cuestionar la posición de una institución; lo que tenemos que advertir es la idoneidad de las personas que están bajo su mando o las personas que están bajo su dirección. Yo creo que en muchos casos —y no es una apreciación solamente de este ministro, sino de diversos actores políticos y sociales— se ha podido advertir que probablemente la dirección del Ministerio Público no resulta ser la más idónea ni mucho menos la más acertada. Lo que nosotros haremos desde nuestra posición es contribuir de la manera más técnica para que todos los entes encargados de la administración de justicia puedan trabajar coordinadamente en beneficio, principalmente, de la sociedad y buscando siempre la persecución del delito a través de diversas modificatorias, que incluyen incluso la modificatoria de la normatividad procesal penal.

¿Conoce de alguna experiencia, cuya reforma del sistema de justicia haya sido efectiva y beneficiosa para todo el país?

Sí, por ejemplo, El Salvador. Yo creo que en El Salvador, justamente para generar toda esta transformación en el tema de justicia, tuvieron que involucrarse absolutamente todos los actores y tuvieron que tomarse decisiones políticas adecuadas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es eso. Creo que la confianza de la señora presidenta constitucional de la República es justamente porque conoce perfectamente que nosotros tenemos el conocimiento y, sobre todo, la fortaleza para tomar decisiones sin que estas sufran ninguna dilación. Aquí lo que necesitamos es trabajar arduamente, trabajar rápidamente, trabajar ágilmente, porque el sistema de justicia no puede esperar, no puede esperar más.

¿Ante esta pasividad del sistema de justicia, cuál es el camino correcto a seguir para que no sea considerado un avasallamiento y se logre la transformación que se requiere. Se viene coordinando con el Congreso de la República estas acciones?

Yo creo que esta labor involucra a todos: involucra al Poder Ejecutivo, involucra al Poder Legislativo, involucra al Poder Judicial, involucra a organismos como la Junta Nacional de Justicia; involucra también a organismos como la Defensa Pública y al Colegio de Abogados de Lima. Es decir, nosotros tenemos que concertar para lograr que el sistema de justicia resulte ser más ágil, más justo, pero que responda a las necesidades en este momento de la población, y eso, como te reitero, no solamente parte de una modificación normativa, sino también de contar con los recursos adecuados para que la logística que se pretende tener y construir sea suficiente para que responda a esas necesidades que tiene hoy por hoy el sistema de justicia.

¿En cuánto tiempo, se verá un cambio significativo de esta reforma?

De manera inmediata. Nosotros, ya en las pocas horas que tenemos como ministro, ya hemos acordado, por ejemplo, este martes vamos con una pequeña comisión, en donde estará incluso el señor premier, a visitar las instalaciones de lo que era El Frontón, del penal El Frontón, con los ingenieros y arquitectos encargados de una proyección para analizar la viabilidad de la apertura de este establecimiento penitenciario. Adicionalmente, ya estamos cursando los oficios también a las autoridades pertinentes para generar la reunión que permita una concertación en lo que refiere a la modificación del marco jurídico penal y procesal penal, así como también el análisis que se tiene que hacer con respecto a diversas propuestas o posiciones que establece la señora presidenta de la República, como es la posición del Perú frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cómo lograr desde su posición que el Ministerio Público haga un trabajo más colaborativo con la Policía Nacional y que sea más diligente?

Yo creo que todos los actores que formamos parte del sistema de justicia tenemos que estar atentos y alertas frente a cualquier tipo de inacción de cualquier institución, no solamente el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía, la Defensa Pública. Tenemos que estar atentos frente a una inacción y, en caso de que esta se produzca o no resulte suficiente, tomar acciones de manera inmediata. Que no te quepa ninguna duda de que este ministro sí es un ministro de decisiones y sí es un ministro que va a hacer lo que tenga que hacer para que el sistema de justicia funcione, pero un sistema de justicia que sea igualitario para todos y que no se convierta en un sistema de abuso de poder, y mucho menos que se instrumentalice para convertirse en una persecución a opositores de pensamiento.

¿Puede usted decirme, como ministro, si el Ministerio Público ha estado instrumentalizado y actuando políticamente para perseguir a aquellos que no piensan como el grupo que dirige el Ministerio Público?

Yo no creo que el Ministerio Público, como institución, haya sido creado para fines distintos de los de persecución de la justicia. Puede haber personalidades, pueden haber pensamientos en determinada institución, sea o no del Ministerio Público, que, de alguna u otra manera, pretendan tergiversar o instrumentalizar sus fines para objetivos distintos. Eso es lo que nosotros no tenemos que tolerar y, para eso, vamos a ser desde nuestra posición sumamente críticos, pero también con acciones concretas. Porque lo que aquí se tiene que tomar son decisiones, y que no te quepa ninguna duda que esas decisiones, las que tengan que tomarse, se harán.

¿Cómo se va a solucionar el hacinamiento penitenciario?

Tenemos una población penitenciaria que excede —y considerablemente— las instalaciones, en este caso, de los establecimientos. Cuando sostenemos estadísticas, estamos superando casi los 100 000, cuando estamos hablando de establecimientos penitenciarios que, en realidad, no tendrían por qué soportar ni el 40 o 50% de esta población. Por eso es necesario contar con grandes establecimientos más seguros, más restrictivos, sin acceso, por ejemplo, a la comunicación o, en todo caso, con un acceso restringido, y también contar con establecimientos penitenciarios especializados para delincuentes de alta peligrosidad. Challapalca es un penal sumamente reconocido por sus cualidades especiales, que lo que hacen es restringir algunas cuestiones o restringir el acceso a determinadas facilidades para los internos, pero consideramos, por ejemplo, que la evaluación de la viabilidad de penales como El Frontón para delincuentes de alta peligrosidad, y otro tipo de penales, como la propuesta que existe del penal de Trujillo, tienen que ser evaluados de manera inmediata, e inmediata tiene que viabilizarse su ejecución, de tomarse la decisión.

¿Cuántos penales son los que usted está proyectando viabilizar de manera inmediata?

Bueno, por el momento se están viabilizando los penales de San Martín; el penal de Arequipa. Hemos conversado también con respecto al penal de Trujillo, y el día martes estamos visitando las instalaciones del expenal El Frontón para poder analizar y viabilizar. Por otro lado, Ancón 3 ya está estructurado. Teníamos un tema en discusión con el señor alcalde, que ya lo acabamos de subsanar el día de ayer, en el primer día de ministro; el día de mañana (hoy) voy a recibir una visita del alcalde y viabilizarlo de manera inmediata.

¿Usted se compromete a buscar la manera para que ya no se dirijan las extorsiones desde las cárceles?

El día de ayer estaba siendo informado por los funcionarios del Minjus sobre las reuniones que tienen que viabilizarse con la empresa encargada, en este momento, del control de las comunicaciones en los establecimientos penitenciarios. Espero tener esta semana esas reuniones y conocer qué mecanismos adicionales van a promover e incentivar dentro de estos establecimientos penitenciarios para impedir que cualquier tipo de comunicación no autorizada pueda salir de cada uno de ellos.

¿Eso quiere decir que se va a hacer control en todos los penales del país?

Se debe ejercer un control absoluto, no solamente con respecto a las empresas que tienen que brindar los servicios para que estas llamadas, por ejemplo, no puedan salir de los penales, sino también control sobre el personal del INPE, el personal encargado de la administración de cada uno de estos establecimientos penitenciarios. Se deben hacer controles permanentes, como se hizo cuando estuve como ministro del Interior, en donde desarrollamos megaoperativos en días indistintos en los penales de todo el Perú. Eso se va a continuar —mejor dicho, se va a establecer— para evitar y desincentivar, dentro de las personas que se encuentran privadas de su libertad, conductas que estén destinadas a la comisión de actos delictivos.

¿Cómo se va a promover la reinserción social de la población penitenciaria. Sin embargo, también se ha visto beneficios cuestionables para algunos sentenciados?

Ese es un trabajo que nosotros vamos a analizar justamente con el director del INPE. Vamos a evaluar también las propuestas que tienen con respecto a los ámbitos de reinserción. Y también, creo yo, es necesario evaluar los beneficios que son otorgados a determinadas personas en la comisión de delitos graves. Hemos sido, hace poco, testigos de liberaciones de diversas personas a las cuales no solamente se les ha señalado, sino que se ha demostrado ser cabecillas de organizaciones criminales. Digamos, ¿es justo que determinados beneficios puedan aplicarse a determinadas conductas manifiestamente acreditadas como conductas ilícitas de homicidio, extorsión?

La pena tiene que pagarse —por eso se llama pena— y tiene que cumplirse, porque, de otra forma, estaríamos, pues, frente a la imposición de sanciones que pudieran ser variables, digamos, de manera indiscriminada, solamente por el cumplimiento de alguna acción dentro del sistema carcelario.

¿Cuál será la posición del gobierno, frente a la intención de que el Ministerio Púbico cree su propia policía?

Eso, obviamente, no tiene futuro. Eso es inconstitucional. Y no solamente no tiene ningún futuro, sino que prácticamente es la comisión de un delito, que es el delito de usurpación de funciones. Entonces, eso no solamente no se va a tolerar, sino que, si sucediera, se va a denunciar oportunamente.

¿Cuál es su posición frente a la Corte IDH?

El gobierno del Perú responde frente a su soberanía y por la integridad de sus decisiones y su propia legislación. En la medida que esta comulgue con cualquier interpretación que sostenga los intereses del Estado peruano y no afecte su soberanía, resulta bienvenida, pero lo que no puede tolerarse es la intromisión de organizaciones ya politizadas que pretendan delinear las políticas que debe seguir un gobierno y menos un país absolutamente soberano.

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