Nicanor Boluarte: lentitud favorece a 'hermanísimo' | Juez demora tres meses en decidir caso 'Los Waykis'
Concepción Carhuancho promocionaba y viajaba por eventos con fiscal Pérez, en vez de resolver pedido de captura a Nicanor Boluarte. Se reanuda sesión a las 9:00 a.m.
Luego de la dilatada saga de sesiones, que ha durado unos tres meses, al borde de la medianoche de ayer el juez Richard Concepción Carhuancho suspendió la sesión de prisión preventiva contra cuatro de los seis implicados en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, en la que está involucrado Nicanor Boluarte, la misma que se reiniciará hoy a las 9:00 a.m.
De acuerdo a la prognosis de la pena de cada uno de los acusados, todo indica que hoy se les impondrá prisión preventiva a cada uno de ellos.
Aparte del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, se trata del exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, Jorge Luis Ortiz Marreros (quien habría fugado); Jorge Chingay Salazar, amigo del principal implicado, quien se habría encargado de recaudar dinero a cambio de nombramientos en Cajamarca; y Zenovia Griselda Herrera Vásquez, encargada de proponer a los prefectos y subprefectos, también incluida entre los acusados para quienes se solicita la misma medida restrictiva.
En paralelo, Nicanor Boluarte no compareció este lunes en la audiencia en la que el Poder Judicial, y todo indica que habría fugado ante los insistentes rumores que circulaban desde el domingo en el sentido de que le darían prisión preventiva. Una lentitud adrede del citado juez ha podido favorecer la fuga del “hermanísimo”.
Fase final
En la fase final de la tediosa lectura del fallo, a las 9:01 de la noche de ayer, el citado juez solicitó “unos minutos” para entrar en detalles finales y luego en la prognosis de la pena. Y a las 9:27 de la noche, con los rostros cansados y molestos de los presentes, Concepción Carhuancho, con una lectura desordenada de varios tomos que tenía en su escritorio, concluía los detalles sobre el tráfico de influencias en los casos del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y en Provías Descentralizado, entidades donde se habrían nombrado funcionarios y cobrado los respectivos “cupos”.
En este punto, se refirió, además, a los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en las citadas reparticiones públicas. Esta sucesión de supuestos ilícitos se dio, según esta versión, desde el 7 de diciembre de 2022 hasta la actualidad, ya que se dedicaban básicamente a nombrar funcionarios públicos, en especial prefectos y subprefectos. Para eso, señala, utilizó la familiaridad con la jefa de Estado, planificando la creación de la presunta organización criminal, dándole forma con todos los integrantes de la banda y la coordinación con personas clave para el control del aparato estatal y la obtención de ganancias ilícitas.
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