Oenegeros podrían ir a cárcel por USAID: Comisión Multipartidaria del Congreso investigará si hay delitos
Renovación Popular plantea indagar si millones de cooperación internacional se usaron contra el Perú. Dina Boluarte critica a ONG políticas.
Luego de las revelaciones en Estados Unidos sobre cómo la millonaria ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) era mal utilizada en promoción de aborto, defensa de terroristas, ideología de género y otras acciones en contra de la sociedad, la bancada Renovación Popular presentó una moción para constituir una Comisión Investigadora Multipartidaria.
Esta comisión se encargaría de averiguar y detectar a los beneficiarios del controvertido financiamiento desde el 2015.
El objetivo de crear esta comisión investigadora es determinar si este financiamiento fue dirigido de manera irregular para la implementación de agendas político-ideológicas en contravención a lo normado en la Constitución y las leyes vigentes y/o al debilitamiento de nuestra institucionalidad democrática.
Esta comisión tendría un plazo de 120 días desde su instalación, para que cumpla con la labor encomendada. El congresista Alejandro Muñante explicó los pormenores de esta moción.
“Determinar si los fondos que ha destinado USAID en el Perú han ido a parar realmente para cubrir los objetivos que se han trazado. Este apoyo servía para cubrir brechas, ayudar a poblaciones vulnerables, a reducir la pobreza, pero queremos saber si efectivamente estos fondos han sido destinados para eso o es que se han utilizado para otros fines como impulsar agendas políticas o ideológicas ya sea a través de las ONG o hasta instituciones públicas”, comentó.
“El objetivo es descubrir si hubo una mala utilización del financiamiento de USAID en asuntos extraños y foráneos que tienen que ver con el impulso de determinadas ideologías ya sea en temas de woke o de impulsar, por ejemplo, agendas políticas de tinte izquierdista. Esto hay que descubrirlo porque aquí han operado muchas ONG con total impunidad, sin rendirle cuenta a nadie, sin pagar impuestos”, agregó.
Una vez recabada la información, esta servirá para determinar responsabilidades políticas y administrativas, así como civiles y penales. Y esto se remitiría al Ministerio Público para que proceda con los indicios de delito.
“Derechos de criminales”
La presidenta Dina Boluarte acusó a las ONG de recibir financiamiento internacional para defender a delincuentes. Durante la inauguración de la maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia, afirmó que la democracia es víctima de grupos financiados desde el extranjero.
“No formamos burócratas ni activistas extremistas, formamos líderes con pensamiento crítico, arraigados en valores de libertad, responsabilidad individual y respeto por las instituciones tutelares, en un mundo donde la democracia es constantemente atacada por ideologías colectivistas y estatistas que buscan debilitar las bases de la sociedad”, indicó.
Luego, la mandataria señaló que el país no debe permitir que los derechos humanos sean usados políticamente.
“No podemos permitir que el discurso de los derechos humanos sea utilizado como arma ideológica para socavar la autoridad del Estado y deslegitimar el principio del orden. No podemos permitir que los derechos humanos sean privilegio de los criminales, mientras nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas eran abandonadas a su suerte”, agregó.
“Muchas ONG financiadas con dinero que provenían del mundo internacional, priorizaban los derechos de aquellos criminales. En muchos países hemos visto cómo este concepto ha sido tergiversado para justificar agendas que erosionan la seguridad, desestabilizan las democracias y debilitan la soberanía de las naciones”, agregó.
La presidenta afirmó que su gobierno tiene una visión clara. “Los derechos humanos deben proteger la libertad individual, el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica, sin que sean excusa para el caos o la impunidad”, concluyó.
Añoranzas oenegeras
Según el exdirector ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Carlos Pando, la decisión del gobierno de EE.UU. de suspender la entrega de fondos de USAID fue inédita, pero legítima.
En entrevista para Red de Comunicación Regional, estimó que la administración de Trump podría crear una nueva agencia cooperante, pero no dejará de brindar su asistencia internacional.
Sin embargo, anotó que la nueva entidad estaría enfocada en dar prioridad al plan de Estados Unidos.
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USAID anunció que suspenderá las contrataciones de trabajadores considerados como no esenciales, tanto en las oficinas nacionales como en delegaciones en el extranjero. La agencia tiene cerca de 10,000 empleados en el mundo y un presupuesto de 50,000 millones de dólares, de acuerdo a información del 2023.
Pando dijo que en el Perú diferentes organizaciones no gubernamentales resultaron afectadas por la suspensión de la ayuda económica de EE.UU., a través de USAID.
Como exfuncionario de APCI, recordó que una de las funciones de esa entidad es evaluar de manera aleatoria el uso de los recursos que reciben las ONG de la cooperación internacional.
Finalmente, agregó que el incumplimiento origina la imposición de multas e incluso denuncias penales si detectan un presunto delito.
Salas Arenas
La decisión de la administración de Trump de recortar los fondos destinados por USAID a diversas ONG y medios de comunicación en América Latina, incluido Perú, causó un terremoto en nuestro país. Y es que esta medida afecta a entidades señaladas de promover agendas ideológicas “progresistas” y de interferir en la política local con recursos externos.
Entre las más “tocadas” y antes beneficiarias figuran conocidas empresas como el Grupo El Comercio, RPP y La República, y portales y ONG del rubro como Ojo Público, Epicentro, y el Instituto de Defensa Legal (IDL), dirigido por Gustavo Gorriti.
Incluso las gestiones de Jorge Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Piero Corvetto en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) trabajaron con dinero e intereses del extranjero.
Proyecto perlulibrista
A fin de impedir esta polémica, Perú Libre presentó ayer un proyecto de ley para impedir este flujo de recursos a diferentes instituciones públicas y personas naturales y jurídicas.
El artículo 3 de este proyecto de ley n.º 10140, presentado a mesa de partes este 5 de febrero, prohíbe de manera estricta el financiamiento extranjero, donaciones o cualquier forma de apoyo económico a favor del Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Jurado Nacional de Elecciones, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y Oficina Nacional de Procesos Electorales, así como a cualquier tipo de entidades, sean personas naturales o jurídicas.
“La influencia política de actores económicos y políticos puede manipular los procesos judiciales, poniendo en riesgo la imparcialidad en la administración de justicia y el control de la gestión pública”, se lee en el sustento.
Otro argumento es la suspicacia en que los organismos electorales dependan en cierta manera de intereses extranjeros que no siempre van de la mano con los peruanos.
“En muchos países existen leyes y regulaciones específicas que prohíben o restringen la financiación extranjera a organismos públicos para prevenir cualquier forma de injerencia. Estas normativas están diseñadas para proteger la soberanía del país y asegurar que las decisiones y acciones de los organismos públicos sean independientes y reflejen los intereses nacionales”, añade la propuesta.
Trump cierra USAID
El último lunes 3 de febrero las oficinas de USAID, en Washington, amanecieron cerradas y precintadas con cintas amarillas después de que el magnate Elon Musk anuncie que el presidente Donald Trump ha aceptado desmantelarla.
Los trabajadores y funcionarios de USAID recibieron un correo electrónico en la noche del domingo donde los instaban a quedarse en casa, después de que durante el fin de semana la página web de la agencia y sus cuentas en redes sociales fuesen desactivadas.
El futuro de esta agencia del Gobierno, fundada en 1963, con cerca de 10,000 empleados y un presupuesto de 50,000 millones de dólares en 2023, quedó en estos momentos en el aire.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, puso en evidencia parte de los gastos en los que ha incurrido USAID: “1.5 millones de dólares para promover la DEI (diversidad, equidad e inclusión) en los lugares de trabajo de Serbia, 70,000 dólares para una producción de un musical de DEI en Irlanda, 47,100 dólares para una ópera transgénero en Colombia, 32,000 dólares para un cómic transgénero en Perú”.
A esto se suma que la agencia otorgó 268 millones de dólares para 6,200 periodistas y 707 medios de comunicación en todo el mundo. Este monto se refiere solo al año 2023, y precisa que los entes de prensa no eran estatales, pero además se daba apoyo a 279 organizaciones de la llamada “sociedad civil”.
En Sri Lanka, USAID había invertido 7,9 millones de dólares para capacitar a periodistas en el “lenguaje binario de género” en sus publicaciones.
Periodistas no binarios
En Irak, se asignaron 20 millones de dólares para la producción de un nuevo espectáculo de Barrio Sésamo, enfocado en educar a los niños en “valores inclusivos y de tolerancia”.
En Kazajstán, USAID destinó 4.5 millones de dólares para “combatir la desinformación”, mientras que en Guatemala se invirtieron 2millones de dólares en programas de cambios de sexo y “activismo LGBT”.
De manera similar, seis millones de dólares fueron asignados para “transformar los espacios digitales” de acuerdo con los principios feministas.
Rindan cuentas
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva ordenando una auditoría de cada ONG que ha recibido fondos de la agencia de apoyo exterior USAID. ¿Qué dirán los directivos del IDL, Manuela Ramos y otras ONG, aparte de La Encerrona, Epicentro, La República, El Comercio y RPP?
Piden a Salhuana
Antes de la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores donde asistió el canciller Elmer Schialer, varios congresistas le pidieron a Eduardo Salhuana, presidente del Parlamento, debatir la nueva ley de ONG en la Comisión Permanente la próxima semana.
Sin embargo, el representante de APP estaba más preocupado en tomarse fotografías con el ministro de Relaciones Exteriores.
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