Se rindió la Fiscalía ante Odebrecht y chantaje con voz artificial sacude al Ministerio Público

El acuerdo entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht debería ser anulado, debido a que solo trajo perjuicio al país, ya que los fiscales del caso Lava Jato, José Domingo Pérez y Javier Vela, terminaron actuando como operadores de la constructora brasileña, señalaron varios de los invitados de la comisión investigadora de los actos vinculados a la colaboración eficaz entre Odebrecht y el Perú que preside Alejandro Muñante (RP).

A la sesión, que se inició a las diez de la mañana y fue reservada, asistieron el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas, la exprocuradora del caso Lava Jato, Katherine Ampuero, el abogado Wilber Medina y el fiscal a cargo del equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba. Este último inicialmente pidió una reprogramación, ya que no contaba con el permiso de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para declarar; sin embargo, se presentó ante el grupo indagador a la hora que había sido citado.

Contenido delictivo

El primero en ingresar a la reunión, que se realizó en reserva, fue el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, quien debería haber sido repuesto en sus funciones, luego de que el Tribunal Constitucional declarara nulo el procedimiento disciplinario mediante el cual se le destituyó. Sin embargo, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado al juez Juan Carlos Checkley que suspenda a Gálvez 36 meses, a pesar de que aún no está en investigación preparatoria.

En declaraciones a EXPRESO, Gálvez Villena señaló que el acuerdo eficaz entre el Estado, la Fiscalía, la Procuraduría y la empresa brasileña Odebrecht, desde un inicio tuvo carácter delictivo y solo sirvió para encubrir los hechos de corrupción de la constructora brasileña.

“Este acuerdo de colaboración eficaz suscrito por los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez tuvo un contenido delictivo, encubridor, y permitió a la empresa (Odebrecht) que demande al Estado peruano por arbitrajes multimillonarios”, sostuvo el magistrado.

Afirmó que el objetivo de los referidos fiscales nunca fue decomisar ni un sol en beneficio del país. “No se le decomisó un céntimo a Odebrecht, le concedieron todos los beneficios, a pesar de que ellos no entregaron ninguna prueba relevante a la justicia peruana. He hecho llegar esa información y quedamos a disposición de la comisión para cualquier otra información”, afirmó el fiscal supremo.

Es más, Gálvez Villena dijo que, en vez de intervenir los bienes de la constructora brasileña, los fiscales se sometieron por completo a la empresa.

“Ellos se sometieron a la empresa Odebrecht. Lo primero que tenían que hacer era intervenir las oficinas, los almacenes de la empresa, allanar todas las computadoras y no tenían necesidad de colaboración alguna. Pero ellos se sujetaron, se sometieron a la empresa”, indicó.

Indicó que, al tratarse de una empresa extranjera corrupta, la justicia peruana no tenía por qué entregarle ninguna obra, como finalmente lo hicieron los cuestionados fiscales en el caso de la Hidroeléctrica Chaglla.

“Ellos no tenían por qué haber entregado Chaglla, porque eso era producto del delito de la corrupción y del soborno, y eso se tenía que haber sido incautado y decomisado”, manifestó.

Como se recuerda, en abril de 2019 Odebrecht vendió la central hidroeléctrica Chaglla al consorcio China Three Gorges por aproximadamente US$ 1,400 millones, lo que incluyó el pago de los pasivos con diversos acreedores que mantenía a la fecha del cierre, así como el valor correspondiente a los accionistas.

En ese momento, Chaglla era la tercera hidroeléctrica más importante del país. Gálvez Villena indicó que, pese a que la empresa Odebrecht no aportó pruebas de importancia para la investigación, la Fiscalía le otorgó todo tipo de beneficios.

“Odebrecht dijo que en todos los proyectos no había corrupción, y por tanto esas (obras) no se comprendían en la investigación. Por eso, cosas anecdóticas, accesorias y nada más se comprendieron en la colaboración, y a pesar de que la empresa no aportó prueba relevante alguna, ellos le concedieron todos los premios y beneficios habidos y por haber”, señaló.

Pide nulidad de acuerdo con Odebrecht

Pero fue la exprocuradora Katherine Ampuero quien señaló que ya es hora de dejar sin efecto el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, pues esta siempre incumplió con su deber de entregar información relevante para la investigación.

“Si no quieren seguir dando la información, como ya lo han hecho de manera reiterada, es hora de que dejen sin efecto el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Así como lo están pidiendo en el caso de Jorge Barata (ex-CEO de Odebrecht), que también lo pidan con respecto de la empresa. Vamos a ver si cambia o no de opinión la empresa”, manifestó.

En el caso en referencia y a pedido de la Fiscalía, la Corte Superior Penal Nacional revocó el acuerdo de colaboración eficaz del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, por incumplir su obligación con el Ministerio Público al no declarar en el juicio contra Ollanta Humala Tasso.

El acuerdo de colaboración con la constructora Odebrecht excluyó a Barata de responsabilidad penal en el delito de colusión en los proyectos de construcción de la Vía Evitamiento Cusco, la vía Costa Verde Callao, los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima y los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

Para Ampuero, la cancelación del acuerdo entre el Estado y Odebrecht no invalida las pruebas y los testimonios con los que se han podido procesar judicialmente a los expresidentes y altos funcionarios por casos de corrupción.

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“Además, si se trae abajo el acuerdo por incumplimiento, porque la empresa está incumpliendo con lo prometido, eso no quiere decir que la información entregada no se pueda utilizar en los juicios, porque quien estaría incumpliendo el acuerdo es la empresa Odebrecht. No sé por qué hasta ahora sigue en la Fiscalía el blindaje a la empresa corrupta, que obviamente no quiere colaborar con la justicia y se quiere seguir burlando de todos nosotros”, sentenció la abogada.

Al ser consultada por la decisión de la justicia brasileña de suspender la cooperación jurídica internacional con Perú en los casos relacionados con el caso Lava Jato, dijo que era el producto del trabajo mal hecho del Equipo Especial de Fiscales del citado caso.

“Esta es una cosecha del Equipo Especial Lava Jato y de la Procuraduría, y de quienes firmaron el acuerdo (de colaboración eficaz), porque no colocaron allí los candados necesarios para defender la averiguación de la verdad y la sanción a los responsables”, dijo a EXPRESO.

En vez de ello, agregó, se creó la famosa “cláusula progresiva” de entrega de información, en la que ni siquiera señalaron un plazo, permitiendo cerrar el acuerdo.

“Con ello se les otorgó todos los beneficios a la empresa brasileña sin que entreguen la totalidad de la información, y no pusieron los mecanismos necesarios para obligarla a colaborar verdaderamente con la investigación de la verdad”, añadió Ampuero.

Se fugarán a Brasil

Otro abogado invitado a declarar ante la comisión investigadora fue Wilber Medina, quien llevó adelante con éxito la demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía y Odebrecht.

Medina también se mostró de acuerdo con que el Perú dé por terminado el acuerdo que en nada le sirvió al país.

“Nosotros también deberíamos cortar el acuerdo. Esa suspensión de la cooperación Perú-Brasil va a traer consecuencias para los casos (de la exalcaldesa de Lima) Susana Villarán, (la ex primera dama) Nadine Heredia y (el expresidente) Martín Vizcarra”, aseveró.

Advirtió que todos los antes mencionados fácilmente podrían fugarse a Brasil. “Todos se van a fugar a Brasil y como allí no hay acuerdo de colaboración eficaz, no habrá extradición”, afirmó el abogado.

En otro momento, Wilber Medina contó que asistió al grupo de trabajo para dar a conocer las negligencias de Rafael Vela y José Domingo Pérez.

“He hablado de las graves omisiones en las que han incurrido (Rafael) Vela Barba y Domingo Pérez con Odebrecht, cosa que no hicieron con (la empresa) Graña y Montero. En el caso de Graña y Montero prohibieron que ellos demanden en el exterior; con Odebrecht no exigieron eso”, subrayó.

Se victimiza

El último en ingresar a la comisión congresal fue el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, quien estuvo declarando por más de una hora ante los integrantes del grupo investigador.

A su salida, Rafael Vela dijo no estar de acuerdo con la investigación que efectúa el Congreso de la República sobre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, y añadió que asistió por respeto a las instituciones.

“(¿Está de acuerdo con esta investigación? ¿Hay algo que investigar?) Yo pienso que no, pero como parte del sistema democrático, tenemos que asistir a las convocatorias que ellos hagan. De hecho, estamos ante la reiterada situación de tratar de controvertir el acuerdo de colaboración eficaz que ha sido controlado judicialmente, así que, desde ese punto de vista, estamos claros que siempre hemos respetado la legalidad”, aseguró el fiscal superior.

De lo que sí quiso hablar Rafael Vela fue de los audios difundidos por el dominical de TV Punto Final, en los que se escucha una presunta conversación entre Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, y el abogado Christian Salas, defensa legal del partido Fuerza Popular, quienes supuestamente elaboran una estrategia para afectar la labor de José Domingo Pérez, de la fiscal Marita Barreto y de la entonces fiscal suprema Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación.

“Es escandaloso y, en realidad, esto no proviene de un hecho aislado. Recordarán que yo fui suspendido por el señor Fernández Jerí y solamente pude reincorporarme luego de una sentencia del Poder Judicial. Así que no es que esta sea la primera intromisión de Fernández Jerí. La primera de ellas es por la que está siendo investigado, que es respecto a la suspensión ilegal en mi contra, conjuntamente, en una conspiración criminal con la señora Patricia Benavides, en su momento, el señor Garrido Lecca y otras personas más”, refirió.

Sospechoso

Por su parte, el presidente de la comisión investigadora, Alejandro Muñante, se mostró sorprendido por la publicación del audio sobre un supuesto complot en contra de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, un día antes de que Rafael Vela se presentara ante su grupo de trabajo.

“Que las investigaciones sigan su curso, pero sí nos preocupa el modus operandi que no es nuevo en el país, de soltar audios con la finalidad de desprestigiar a un funcionario público (que habla) en contra del Equipo Especial Lava Jato. Hay que ser muy prudentes”, sostuvo el parlamentario de Renovación Popular.

Muñante recordó que cuando se quería desacreditar a algún postulante al Tribunal Constitucional (TC), IDL Reporteros publicaba de inmediato algún audio sin importancia, pero que pretendía vincular al candidato con los jueces del caso denominado “Los Cuellos Blancos”.

“Incluso cuando se postulaban al TC, el IDL sacaba un audio inocuo de un candidato con la única finalidad de bajárselo del proceso. Entonces, este tema ya lo conocemos; es un modus operandi que suelta audios sin corroboración y sin fuentes, y que no se cuenta con interlocutores”, enfatizó.

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