Vladimiro Montesinos libre gracias al Congreso: ley 'humanitaria' lo favorece
Desde abril existe dictamen que impide a condenados mayores de 80 años dejar prisión. Como no se aprueba, exasesor de Fujimori sonríe.
Si bien delincuentes mayores de ochenta años como Vladimiro Montesinos planean salir libres por su edad, desde enero el Congreso tenía un proyecto para evitarlo. Este se hizo dictamen en abril, pero no se puso a debate ni se aprobó, con lo cual el exasesor de Alberto Fujimori dejaría la prisión.
Esta historia empieza el once de diciembre, cuando el en diario oficial El Peruano se publicó la Ley 32181. Este traía una parafernalia de términos que en realidad escondían beneficios para veteranos criminales.
“Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, a fin de garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú”, se titulaba pomposamente la norma.
Allí se incluía que todo condenado con más de ocho décadas de edad, pasaría a arresto domiciliario o comparecencia restringida.
Como esto favorecía a Montesinos y otros delincuentes como Osmán Morote (número dos del movimiento terrorista Sendero Luminoso), varios congresistas propusieron “candados”.
Uno de estos fue el proyecto de ley 10012, presentado por Renovación Popular a iniciativa de Milagros Jáuregui de Aguayo. Esto lo recordó el vocero de esa bancada, Alejandro Muñante.
MÁS INFORMACIÓN: Fuego cruzado en Vía Expresa: SUAT y Dirincri neutralizan a raqueteros tras intensa persecución
“Viendo que había estas situaciones excepcionales, porque se trata de la excepción y no la regla, es que desde la Comisión de Justicia se impulsó un proyecto para ponerle más candados a esa disposición. Es un dictamen que ya ha sido aprobado”, indicó el legislador celeste.
Recordó que su colega Norma Yarrow había hecho una propuesta complementaria, y que el grupo de trabajo presidido por Isaac Mita (Perú Libre) debía gestionarlo. “Habría que revisar bien este tema, pero la propuesta ya se presentó para poder solucionar cualquier problema”, agregó.
Explicó que la iniciativa original para corregir los efectos polémicos de la Ley 32181 implicaba que sentenciados por terrorismo, corrupción de funcionarios, entre otros graves delitos, no podían solicitar dicho beneficio.
“Los candados como que no aplica para casos de terrorismo, corrupción de funcionarios, si no me equivoco. Es de autoría de las congresistas Aguayo y Yarrow, y nace de la bancada de Renovación Popular para tratar de corregir la norma”, sostuvo el legislador.
Muñante recordó que la norma que favorece a los procesados de más de 80 años se aprobó basada en la interpretación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Es una ley que reviste un caso humanitario. Algunos han señalado incluso que se efectuó en base a una interpretación de la CIDH, de que ningún preso debe morir en la cárcel, y sobre todo a los 80 años, que es una edad bastante avanzada. Entonces, se pensó en la gran mayoría, no en Vladimiro Montesinos”, indicó el congresista.
El proyecto de Jáuregui decía literalmente que no se beneficiarían quienes hayan cometido homicidio calificado y otros delitos violentos, así como los “sentenciados con pena privativa de la libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua”.
Como Montesinos tiene este tiempo de condena (el cual se cumpliría recién en junio del 2026), no podría dejar su celda en el centro de reclusión que la Base Naval hasta esa fecha.
Pero algo pasó, entre el 21 de enero (fecha en que se presentó la iniciativa) y el 14 de abril (cuando se aprobó el dictamen) de este año; se retiró la parte de los sentenciados a 25 años o más.
“Violación a menores de edad, sicariato, extorsión, secuestro, tráfico ilícito de drogas y terrorismo”, eran los únicos casos que la comisión presidida por Mita dictaminó hace casi mes y medio.
Fuentes de Renovación indicaron que, si bien esto desnaturalizaba parcialmente el propósito de su propuesta, tenían la alternativa de modificarlo en pleno debate durante la sesión plenaria.
“Siempre hay que hacer un pequeño cambio al texto, ya sea con un nuevo texto sustitutorio. La idea era ver que había un apoyo mayoritario para impedir que sentenciados por delitos violentos salga, y ponerlo eso en el texto final que se votaría”, nos indicaron.
Sin embargo, el Congreso de la República llegaría tarde a esta justa. César Pacheco, abogado de Montesinos, adelantó que en estos días presentaría formalmente el pedido para que su patrocinado se acoja a la vigente Ley 32181 y salga en libertad.
“Todos los sentenciados que tengan 80 años se van libres. Así dice la ley y la ley se cumple al pie de la letra”, declaró el letrado a Infobae.
El último martes, el otrora todopoderoso asesor de Alberto Fujimori festejó sus ocho décadas de vida. Más que su pasado, celebraba su futuro inmediato, el cual sería por las calles del Perú, ya sea bajo arresto domiciliario o comparecencia restringida.
“¿Por qué va a ir a detención domiciliaria? Ya el juez dirá cuáles son las reglas de conducta que le va a imponer, pero sale libre porque él está ahorita incomunicado en la Base Naval del Callao”, declaró Pacheco.
Incluso advirtió que la aplicación de la norma es obligatoria para el Poder Judicial. Adelantó que, si se le niega el beneficio a su patrocinado, denunciará penalmente al magistrado responsable.
“El juez que no quiera cumplir la ley estaría contraviniendo la Constitución Política del Estado y, por lo tanto, sería merecedor a (una denuncia por) por un delito que se llama prevaricato. Juez o fiscal que no cumple con la ley incurre en el delito de prevaricato”, enfatizó el letrado.
Un factor que podría marcar la diferencia, es que el exfuncionario condenado por corrupción, homicidios y otros crímenes pretendería postular en las elecciones del 2026. No iría a la Presidencia de la República porque no se inscribió a tiempo en un partido vigente, y los invitados no pueden aspirar a ese cargo.
En febrero último, Montesinos apareció inscrito en el movimiento “Por amor al Perú”. Este grupo aún no se ha registrado oficialmente, aunque no pierde las esperanzas.
Raúl Mendiola, principal propulsor de esta iniciativa, indicó entonces que no había encontrado el nombre del delincuente entre sus potenciales copartidarios.
“Todo tiene su pro y su contra. Su pro es que es un ciudadano común y corriente, el contra es que hay personas recalcitrantes que van a decir corrupto… y, obviamente, si fue corrupto, ya cumplió su condena”, declaró entonces a La República.
A inicios del año pasado, el próximo reo en libertad había admitido responsabilidad en la matanza de Pativilca (el Grupo Colina había matado a varios sospechosos de terrorismo que los tenía secuestrados).
Esto lo hizo para que la condena se diluya en la que actualmente cumple por los asesinatos en Barrios Altos, cuyos autores materiales también eran unos malos militares torpes y sedientos de sangre.
Específicamente en el caso de la desaparición forzada de Fortunato Gómez Palomino, a otro sentenciado, el general Juan Rivero Lazo, el Tribunal Constitucional determinó que la pena se subsumía. Esto dejaría libre el camino a la libertad de Montesinos.
Según trascendió, al igual que hizo Juan Rivero Lazo, la defensa de Vladimiro Montesinos presentó un amparo para que se dé por cumplidas sus pena en junio de 2026.
Secretos militares
Vladimiro Lenin Ilich Montesinos Torres nació en Arequipa, un 20 de mayo de 1945. En 1976, cuando era capitán del Ejército, proporcionó a los EE. UU. secretos militares de Perú. Esto le valió pasar un año en prisión denunciado por traición a la patria.
Vladimiro Montesinos incomunicado
Pacheco cuestionó que su patrocinado este incomunicado en prisión, pese a que eso no se ordenó en su sentencia. Acusó a los fiscales y jueces que intervinieron, de hacerle un “cargamontón” en represalia por su papel en la lucha antiterrorista.
Senderistas podrían beneficiarse
Osmán Morote y Laura Zambrano, condenados cabecillas de Sendero Luminoso, cumplen ochenta años en los próximos meses, y aprovecharían la lentitud del Congreso. Ellos fueron condenados por haber participado en atentados terroristas que costaron vidas de peruanos.
