Acuerdo con OAS contradice versión de fiscales peruanos sobre frustrada colaboración de Leo Pinheiro
Acta firmada en 2019 revela compromisos distintos a los que declararon públicamente Rafael Vela, José Domingo Pérez y Silvana Carrión.
En marzo de 2019, fiscales peruanos del caso Lava Jato y autoridades brasileñas suscribieron un acta de entendimiento que ahora reabre el debate sobre la frustrada colaboración eficaz de José Adelmário “Leo” Pinheiro, expresidente de OAS.
El documento, firmado en Brasil, recoge compromisos que contradicen la versión sostenida en los últimos años por el Equipo Especial Lava Jato.
La cláusula central del acuerdo establecía que la parte peruana asumía el “compromiso de no utilizar los elementos probatorios resultantes contra José Adelmário Pinheiro Filho, ni procesarlo civil, administrativa o criminalmente”.
Este punto resulta clave, pues la narrativa oficial atribuía el fracaso de la colaboración a la negativa de Pinheiro de pagar una reparación civil.
Las firmas que validan el documento son las del fiscal superior Rafael Vela, el fiscal provincial José Domingo Pérez y el entonces procurador ad hoc Jorge Ramírez. Sin embargo, la colaboración nunca se concretó. El acuerdo advertía que no existía garantía de homologación judicial, condición indispensable para dotarlo de validez legal.
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La revelación cuestiona la versión de los fiscales Vela, Pérez y de la procuradora ad hoc Silvana Carrión, quienes insistieron en que el empresario se negó a aceptar las condiciones del Estado. En cambio, el acta de Brasil muestra un compromiso distinto que alimenta dudas sobre la negociación.
Expertos consultados subrayan las contradicciones. El abogado penalista Andy Carrión remarcó que la falta de homologación anuló el pacto, mientras que el exprocurador Christian Salas calificó como irregular que se incluyera una cláusula de exoneración de responsabilidad civil.
El proceso de corroboración de la información entregada por Pinheiro culminó en 2023 sin que se homologara su testimonio como colaborador eficaz. Aun así, la fiscalía sostiene que cuenta con otros elementos probatorios para sustentar las acusaciones en curso.
El acta suscrita en Brasil, que en su momento prometía ser un hito en la cooperación internacional contra la corrupción, hoy se ha convertido en un punto de controversia que debilita la versión oficial y expone las tensiones internas sobre cómo se condujeron las negociaciones.
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