Ayacucho contará con unidad piloto de flagrancia tras disposición del Poder Judicial
Medida busca articular el trabajo de jueces, fiscales y defensores, mientras el Ejecutivo asigna recursos para su continuidad.
El Poder Judicial (PJ) dispuso la creación de una unidad piloto de flagrancia delictiva en el distrito judicial de Ayacucho, la cual entrará en funcionamiento el próximo 22 de diciembre.
La medida busca acelerar los procesos inmediatos contra quienes sean detenidos en delito flagrante, mediante una estructura especializada que concentrará a diferentes instancias judiciales en una sola sede.
La decisión quedó oficializada en la Resolución Administrativa N.° 000342-2025-CE-PJ, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
El documento establece que la implementación se desarrollará con cargo a la disponibilidad presupuestal del PJ, mientras que la Comisión de Implementación de Unidades de Flagrancia coordinará la asignación de recursos junto con la Gerencia General.
Funciones adicionales
El plan contempla que el 2° Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamanga asuma funciones como Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Flagrancia Delictiva. Este despacho tendrá competencia para conocer todos los procesos inmediatos por delito flagrante en la provincia de Huamanga.
De forma complementaria, el 2° Juzgado Penal Unipersonal de Huamanga actuará como Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Flagrancia Delictiva. Según la resolución, ambos órganos asumirán en adición de funciones, lo que significa que mantendrán sus competencias habituales, pero sumarán el tratamiento de casos por flagrancia.
Para procesos complejos que demanden la intervención de un órgano colegiado, el 1° Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial desempeñará el rol de Juzgado Penal Colegiado Especializado en Flagrancia. Esta instancia intervendrá cuando la norma lo exija, garantizando la continuidad de los juicios inmediatos que requieren más de un magistrado.
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En cuanto a los casos que deban ser revisados por una segunda instancia, la resolución precisa que la competencia seguirá correspondiendo a la Sala Penal de Apelaciones de Ayacucho y a aquellas que ya cuentan con jurisdicción definida.
Otras medidas
El documento también encarga a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho adoptar medidas administrativas para garantizar la implementación de la nueva unidad.
Entre las acciones previstas figuran la adecuación de espacios físicos para albergar a los operadores de justicia y la coordinación logística que permita el funcionamiento inmediato desde su puesta en marcha.
La resolución subraya que el compromiso de los jueces, fiscales, defensores públicos y policías será clave para que el modelo piloto funcione adecuadamente.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo deberá asignar los recursos económicos necesarios para asegurar la sostenibilidad de la iniciativa en la región.
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