Betssy Chávez inicia huelga de hambre: ¿qué actos hostiles denuncia sufrir en penal de Chorrillos?
Escribió carta.
La ex primera ministra Betssy Chávez se declaró en una huelga de hambre indefinida desde el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva por el golpe de Estado de Pedro Castillo.
A través de una carta leída por su abogado, Raúl Noblecilla, durante la audiencia judicial de este martes, Chávez aseguró que tomó esta drástica decisión en protesta por lo que calificó como “actos hostiles e ilegales” cometidos en su contra por personal penitenciario.
Betssy Chávez denunció que la administración del penal restringió su acceso a servicios básicos y limitó de manera arbitraria sus derechos como interna.
“Esta situación carcelaria es infrahumana, he de acatar una huelga de hambre absoluta y determinante hasta el cese de las vulneraciones descritas y se reorganice este establecimiento penitenciario con nuevas autoridades”, escribió en su misiva.
La exfuncionaria responsabilizó directamente a la directora del penal, Nelly Aquino Guardales, a la jefa de seguridad, Elvia Córdova Mondragón, y a la encargada del Órgano Técnico de Tratamiento, Vilma Páucar, por las supuestas vulneraciones a su integridad.
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Durante la audiencia, Noblecilla exigió la suspensión de la sesión judicial y pidió medidas de protección para su defendida, afirmando que la situación carcelaria puso en riesgo su vida.
Sin embargo, la jueza Norma Carbajal rechazó en dos oportunidades el pedido. “Esta situación no impide que la acusada se comunique con sus abogados”, sostuvo la magistrada al justificar su decisión.
Betssy Chávez, por su parte, advirtió que no quiere que su posible muerte se explique con versiones ambiguas.
“No quiero que después digan que ‘la señora falleció por causas desconocidas’”, expresó. En audiencias anteriores, la también exministra denunció presuntos chantajes sexuales, sobornos y cobros indebidos por servicios dentro del penal.
La exjefa de gabinete reiteró que hará responsable al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por cualquier atentado contra su vida y exigió una reorganización total del centro penitenciario, con el reemplazo inmediato de las actuales autoridades.
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