Brasil exige devolución de pruebas tras caer caso Lava Jato: José Domingo Pérez no lo reveló en juicio a Susana Villarán
En vez de investigar, usaron información de Odebrecht contra la misma constructora, algo prohibido en acuerdo de 2019.
Ante la falta de averiguaciones propias sobre los sobornos de Odebrecht, el Equipo Lava Jato usó la entregada por la misma constructora. Como el acuerdo de colaboración eficaz del 2019 lo prohibía, ahora no solo se ha suspendido la cooperación internacional con Brasil, sino se ha anulado todo lo entregado y ordenado su devolución.
EXPRESO accedió al Despacho Nº 3/2025/CJI-SENAJUS/GAB-SENAJUS/SENAJUS, enviado el 12 de septiembre de este año, por Jean Keiji Uema, secretario Nacional de Justiçia del país vecino.
Por tiempo indeterminado
“Mantengo la suspensión, esta vez por tiempo indeterminado, de todas las solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia penal provenientes de Perú que involucren a la empresa Odebrecht S/A y sus colaboradores –ya sean instrumentadas mediante auxilio directo o carta rogatoria”, se ordena.
Este problema se conoció en 2022, pero hasta en tres oportunidades, la justicia de Brasil había dado nuevos plazos. El Equipo Lava Jato depende casi totalmente de esta coyuntura para probar sus acusaciones y/o condenas a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Susana Villarán.
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En el documento, el funcionario extranjero refiere esto con oficios de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República, y la anulación de pruebas.
Asimismo, el trece de agosto, la Fiscalía de Perú (SEI n.º 32644362), enviaron su justificación para usar testimonios, recibos bancarios, información de los servidores MyWebDayB y Drousy (anulados porque no se siguió la cadena de custodia).
“Tras la evaluación técnica, el DRCI (Dirección de Recuperación de Lavado de Activos y Cooperación jurídica Internacional) entendió que del análisis de la información proporcionada y citada anteriormente no se verifica, salvo mejor juicio, que las autoridades peruanas garanticen o vayan a garantizar la eficacia de los términos de especialidad y limitación del uso de las pruebas, conforme a lo pactado con el Ministerio Público Federal”, se agrega.
“Se recomienda devolver los pedidos en curso sin cumplimiento. Se ordena notificar a las autoridades peruanas que deben respetar estrictamente los términos establecidos y la decisión del Supremo Tribunal Federal”, añadieron.
Las consecuencias de esta irregularidad ya estarían siendo aprovechadas por los políticos procesados.
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