Brookfield responsabiliza al Estado peruano por disolución de Rutas de Lima y anuncia arbitraje
Aseguró que las decisiones estatales vulneraron la seguridad jurídica y llevaron a pérdidas millonarias en la concesión.
Brookfield Infrastructure Group responsabilizó al Estado peruano por la liquidación de Rutas de Lima, tras señalar que la concesionaria enfrentó medidas que calificó como arbitrarias y un hostigamiento constante de diversas entidades públicas.
La compañía comunicó que la Junta General de Accionistas aprobó el 29 de septiembre el inicio del proceso de disolución y liquidación de la empresa que administraba los peajes en la capital.
Entre los motivos, Brookfield destacó las resoluciones judiciales que impidieron el cobro en algunos peajes, lo que redujo severamente la recaudación de la concesión.
“La Sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió el cobro de peajes en la Unidad de Peaje Chillón, llevando a la empresa a perder más del 50% de sus ingresos”, se señala en el pronunciamiento.
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La compañía agregó que otro fallo suspendió el cobro en la estación de Conchán, lo que incrementó las pérdidas a más del 60%.
La empresa también mencionó que el Estado bloqueó el uso del Tramo Ramiro Prialé, pese a que se invirtieron más de 500 millones de soles en ese proyecto. Además, cuestionó el rechazo a laudos arbitrales internacionales que le fueron favorables.
“El repudio expreso de laudos arbitrales internacionales, los cuales han sido confirmados por la justicia federal de los EE.UU., por un valor de más de S/ 700 millones”, indicó.
Alegan campaña de desprestigio
Brookfield denunció que la Municipalidad de Lima desplegó una campaña de desprestigio. Según el comunicado, existió “una continua campaña de hostigamiento y difamación impulsada por el alcalde de Lima y otras autoridades, que ha incluido, entre otras acciones, ataques sistemáticos en la prensa y redes sociales”.
El conglomerado afirmó que el conjunto de medidas provocó la inviabilidad financiera de Rutas de Lima.
“La disolución de Rutas de Lima es consecuencia directa de las acciones del Estado peruano, que han destruido el valor de nuestro activo sin consideración alguna por la seguridad jurídica”, declaró Ben Vaughan, Chief Operating Officer de Brookfield Infrastructure Group.
Arbitraje internacional
Ante ese panorama, la compañía anunció que inició un proceso internacional.
“Brookfield ha iniciado un arbitraje internacional en contra del Estado peruano al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, y se reserva todos sus derechos con relación a las violaciones continuas del Estado y la destrucción de su inversión”, afirmó.
La empresa recordó que invirtió más de 3.300 millones de soles en obras de infraestructura para Lima y que, con la liquidación, la ciudad perderá recursos clave para el mantenimiento vial.
Brookfield concluyó que el caso constituye un precedente negativo para la atracción de capital extranjero en territorio peruano.
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