Carlos Rivera, de IDL, cuestionado por haber defendido a prófugo acusado de violación sexual
Letrado renunció a defensa cuando madre de la menor agraviada expuso el caso en redes sociales.
El presidente del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, quedó bajo críticas luego de que se conociera que, en el pasado, asumió la defensa de un prófugo de la justicia y con una sentencia en su contra por un caso que violación sexual a una menor de 10 años.
Rivera Paz, quien se presenta como defensor de derechos humanos, presentó hace cuatro años ante el PJ una tutela de derechos con el objetivo de anular el juicio. Argumentó que el testimonio de la menor carecía de precisión respecto a la fecha y hora de los hechos denunciados.
La madre de la niña cuestionó duramente esa estrategia legal. En diálogo con el programa ‘Contracorriente’, expresó su indignación: “Pidió una tutela de derechos para anular el juicio diciendo que mi hija no recordaba el día y la hora. Yo no sabía que si a una niña la dañaban tendría que anotar el día y la hora”.
Explicó que la defensa de Rivera buscó desacreditar el relato de la menor incluso frente a la prueba médica y al registro de cámara Gesell.
Según la madre, el abogado intentó debilitar los argumentos de la acusación, lo que le causó una doble carga en el proceso judicial. “Yo luché bastante para que ese juicio saliera adelante y cuando ya estaba por entrar a juicio oral, Carlos Rivera Paz pidió una tutela de derechos”, recordó.
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Rivera representó legalmente al acusado durante aproximadamente seis meses. Sin embargo, su vínculo con el caso se hizo público cuando la madre de la víctima lo expuso en redes sociales y en medios. Ante esa situación, el abogado renunció a la defensa y el IDL sacó un comunicado en el que aseguró desconocer su participación.
Aun así, la madre de la menor agraviada mantiene una posición crítica hacia el presidente del IDL. “Yo no creo que él defienda ningún derecho humano de nada. Ha vulnerado el testimonio de una niña de 10 años, qué clase de persona es”, cuestionó.
El acusado, pese a la sentencia en su contra, continúa prófugo, aunque participa en audiencias virtuales. La madre denunció que esa situación prolonga un proceso que ya suma más de seis años. “Ya hay una sentencia y él está prófugo; sin embargo, ingresa a todas las audiencias virtuales. No sé cómo tiene tanta consideración de él”, lamentó.
El caso reabrió el debate sobre la coherencia entre el discurso de defensa de los derechos humanos y la práctica legal de quienes representan a instituciones como el IDL.
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