Caso 'No' a la revocatoria: Susana Villarán y demás implicados tiemblan por pedido de Procuraduría
Son acusados de recibir un total de 530,000 dólares en aportes ilegales para financiar polémica campaña.
La Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó formalmente al Poder Judicial ser incorporada como 'actor civil' o 'parte agraviada' en la investigación que se sigue a varios exfuncionarios y políticos, incluyendo a la exalcaldesa Susana Villarán, por el presunto financiamiento ilegal de la campaña por el 'No' a su revocatoria en 2013.
La petición, presentada ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, busca que el Estado peruano recupere los fondos que habrían sido malversados a través de aportes ilegales provenientes de las empresas brasileñas Odebrecht y O.A.S.
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La solicitud de la Procuraduría se centra en la reparación civil, un proceso que podría generar un impacto económico significativo para los investigados si se les encuentra culpables del delito de lavado de activos y otros cargos relacionados.
La investigación, encabezada por el fiscal Walter Villanueva, ya incluyó a varias figuras políticas como las excongresistas Marisa Glave y Ana Elena Towsend, el exministro Jorge Nieto, así como a funcionarios de la comuna limeña y miembros de la Fundación 'Unidos para Transformar'. Estos individuos son acusados de haber recibido un total de 530,000 dólares en aportes ilegales para financiar la campaña que buscaba evitar la revocatoria de Villarán.
Implicados en caso 'No' a la revocatoria reaccionan
Los abogados defensores de los implicados presentaron escritos en los que se oponen a la incorporación de la Procuraduría en el caso, argumentando que no existen bases suficientes para reconocer al Estado como parte agraviada. Esta disputa legal será evaluada en una audiencia programada para el miércoles 5 de marzo a las 3:00 p.m., donde el Juzgado decidirá si acepta o no la solicitud.
De ser aceptada la inclusión de la Procuraduría, se abriría la puerta para que el Estado peruano solicite la reparación civil, un proceso que podría extenderse durante el juicio penal y aumentar las implicancias legales para Villarán y los demás acusados.
En caso de que los investigados sean hallados culpables, se les podría ordenar el pago de una reparación económica a favor del Estado, lo que complicaría aún más la situación de los involucrados.
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