Caso Qali Warma: dictan prisión preventiva a seis implicados por presunta red de corrupción
Fiscalía avanza en investigación que involucra a funcionarios y proveedores privados.
El Poder Judicial (PJ) impuso 36 meses de prisión preventiva contra seis personas involucradas en el presunto entramado de corrupción del caso Qali Warma, medida que el Ministerio Público (MP) consideró clave para asegurar el curso de las investigaciones.
Esta decisión responde a los avances logrados por el Noveno Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la dirección del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta.
La resolución judicial afecta a Edgar Capani, jefe de conservas de la empresa Frigoinca; Davilton Rodríguez, abogado del extinto programa Qali Warma; José Mera, especialista en Loreto; Miguel Rosales, supervisor en Lima y Callao; Deyvis Espinoza, miembro técnico del programa; y Yesabella Pazos, inspectora de la Digesa.
Según la tesis fiscal, los procesados habrían integrado una red criminal enquistada en entidades del Estado para manipular procesos de licitación y beneficiar de forma ilícita a empresas proveedoras de alimentos, como Frigoinca.
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Esta empresa figura como una de las principales beneficiadas en los procesos presuntamente amañados.
Además de las detenciones preventivas, la Fiscalía continúa evaluando la situación legal de otros implicados.
Entre ellos se encuentran dos personas cuya situación podría resolverse con comparecencia con restricciones, y Fredy Hinojosa, exdirector ejecutivo de Qali Warma (2019-2022), sobre quien pesa un impedimento de salida del país.
En paralelo, Michael Burga, gerente de Frigoinca e hijo del fallecido Nilo Burga, solicitó formalmente someterse a un proceso de colaboración eficaz. El pasado 4 de julio, el Poder Judicial le concedió la libertad, tras aceptar su responsabilidad en dos delitos y comprometerse a entregar información valiosa.
Reconoce delitos de cohecho y organización criminal
“Estamos en una etapa en la cual él ha solicitado someterse a la colaboración. Tiene la condición de aspirante a colaborador eficaz”, declaró su abogado, Luis Capuñay, en diálogo con Radioprogramas. Añadió que Burga reconoció haber cometido los delitos de organización criminal y cohecho.
El MP considera que este testimonio podría resultar determinante para esclarecer los alcances de la presunta red de corrupción que operó desde el Estado en perjuicio del programa alimentario escolar.
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