Caso Sunedu: Expreso responde a carta de exdirectora de licenciamiento, Linda Cossio

La exdirectora de licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Linda Lucía Cossio Labrín, nos ha hecho llegar a nuestra redacción una carta notarial, en la que señala que el informe publicado el pasado 29 de diciembre titulado “Cae operadora de Sunedu caviar” en la que la Sunedu declaró nulo concurso público que nombró directora de licenciamiento.    

En el documento, Cossío Labrín señala que la información tenía una serie de imprecisiones y afirmaciones tendenciosas y sin sustento, las cuales hacen referencia a que la suscrita, como Directora de Licenciamiento, habría operado en mérito a intereses subalternos que beneficiarían a grupos de universidades.

Según la carta, “hacen ver que mi persona habría formado parte de una organización criminal enquistada en Sunedu para cometer actos ilícitos, lo cual rechazo tajantemente y pido que se retire la publicación por afectar mi buen nombre y reputación”.

Agrega que “estas aseveraciones atentan contra mi honra y buena reputación y, así mismo, contienen elementos delictivos, pues se acusa sin fundamento ni prueba alguna a una funcionaria pública de carrera y con más de diecinueve (19) años de experiencia profesional, de promover obstáculos o barreras a fin de beneficiar a ciertos grupos de universidades, señalando de manera expresa y contundente que mi actuar profesional durante mi estancia en la Sunedu, habría perseguido fines subalternos, situación que configura una conducta ilícita. Es decir, se me imputa la comisión de un delito sin ninguna prueba o sustento.

La carta señala que “el aseverar que siendo evidente que no midió a todas las universidades con la misma vara” constituye una afirmación calumniosa, pues no señala en función de qué se sostiene que hubo favorecimiento a cierto grupo de universidades. No resulta de más recordarle que manifestar en un medio de alcance masivo a nivel nacional tamaña afirmación que no se ajusta a la verdad y sin sustento alguno, constituye delito contra el honor”, se lee.

MÁS INFORMACIÓN: Sunedu: el nombramiento de Cossio en ente evaluador fue ilegal y tuvo vicios de origen

Linda Cossío aclara en el documento que se encuentra sumamente orgullosa personal y profesionalmente por la labor que realicé todo el tiempo  que estuve a cargo de la Dirección de Licenciamiento, en la cual presté servicios desde el año 2017, después de una trayectoria impecable de casi 14 años en una universidad privada, para apoyar la labor de licenciamiento, pilar de la reforma de la educación universitaria, para luego ir ascendiendo por mérito propio y, en virtud de mis credenciales académicas y profesionales –además del arduo trabajo realizado– ser designada como Directora de Licenciamiento en el año 2019.

Reitera que “sin soslayar el hecho de que en sí mismas las aseveraciones efectuadas en el medio que usted dirige son difamatorias, el no haber cumplido con su deber periodístico de requerir algún tipo de declaración por parte de la suscrita, manifiesta una clara voluntad de informar parcialmente y de forma orientada, perjudicando no solo a una entidad del Estado, sino también la reputación y buen nombre de los funcionarios a quienes se menciona y expone tendenciosamente en la publicación”.

Respuesta de Expreso

Es importante señalar que la noticia publicada por EXPRESO en la que se la menciona, revelando que la nulidad de su nombramiento como directora de Licenciamiento de la Sunedu se dio por no cumplir con el perfil académico requerido para el puesto, nos resulta de interés periodístico y por tanto digno de darlo a conocer públicamente. Resulta paradójico que la directora encargada de velar por los estándares de calidad académica en las universidades del país no haya cumplido con los estándares académicos que requería el puesto, según menciona la propia Sunedu en documentos públicos y oficiales. Queremos dejar muy claro que en ningún momento se la acusa de ser parte de una organización criminal o algo similar. Simplemente constatamos el hecho de su salida de la Sunedu y del comportamiento irregular que tuvo la gestión en la que usted participó, como hemos denunciado desde hace varios años en estas mismas páginas.

La Sunedu, creada en julio de 2014 a través de la Ley 30220 (Ley Universitaria), estableció 17 funciones. En ninguna de esas 17 funciones se le otorgó la facultad de clausurar universidades. La razón fue muy sencilla: proteger a los cientos de miles de estudiantes para que no se queden sin su centro de estudios. Entre el 2014 –año de creación de la Sunedu– y abril de 2018 no se cerró ninguna universidad. Se licenciaron 22 universidades públicas y 32 universidades privadas.

En septiembre de 2018, se puso en vigencia un sorpresivo reglamento para cerrar universidades, resolución que carece de validez legal por cuanto no tiene rango para modificar la Ley Universitaria ni para añadir a la Sunedu una facultad que la Ley no autoriza, como es el cierre de universidades. Así surgió el llamado Licenciamiento de Universidades, sobre un reglamento de cierres a partir de una resolución administrativa sin valor legal, porque una resolución administrativa no puede modificar la Ley Universitaria. Las normas legales peruanas establecen que una Ley solo puede ser modificada o ampliada por otra Ley. En apenas 20 meses cerraron 46 universidades, dejando en la calle a más de 180 mil estudiantes.

A pesar de las denuncias del diario, su gestión hizo caso omiso a las diversas irregularidades que mencionamos en diversas ocasiones. Ese reglamento habría tenido la clara intención de crear un oligopolio de universidades pertenecientes a grupos económicos poderosos, que lograrían obtener el licenciamiento y sacar del mercado a las que tuvieran licencia denegada, equiparándolas con las cancelaciones de licencia por falta grave.

En el Proceso de Licenciamiento que dio lugar al cierre de universidades y el otorgamiento de licencias a los centros de estudios considerados como “aptos” o a nuevas instituciones educativas también declaradas como 'aptas' para brindar educación universitaria, la Sunedu utilizó un esquema que está definido dentro de la normativa de Indecopi como barreras burocráticas.

Caso UTP

Un caso es el de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) del Grupo Intercorp, que muestra una clara tendencia monopólica como ocurre en sus cadenas Inkafarma y Mifarma, incursionando también en el rubro educación a nivel escolar y universitario.

La UTP tiene su sede central en Lima, pero necesitaba contar con una cadena de universidades en provincias para acceder a ese mercado de altos ingresos. En vista de que el mercado de provincias ya contaba con universidades en funcionamiento, el mecanismo para dejar libre dicho mercado habría sido el cierre de universidades ya establecidas.

La Sunedu otorgó a la UTP el licenciamiento para una sede central (Lima) y seis filiales en provincias (Arequipa, Chiclayo, Piura, Huancayo, Chimbote, Ica), señalando que “la universidad demostró contar con la infraestructura y el equipamiento necesario para la prestación del servicio educativo”. Pero se le habría dado un trato diferenciado al no exigirle el cumplimiento de los mismos requisitos que sí se exigió a otras universidades que perdieron su licenciamiento. Un requisito para que una universidad obtenga el Licenciamiento Institucional de exigencia obligatoria es que la sede principal y sus filiales a nivel nacional tengan infraestructuras similares y el mismo nivel de equipamiento e implementación. La Sunedu debe constatar que la infraestructura esté completa, que estén instaladas las bibliotecas, equipados los laboratorios y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de una sede universitaria. En el caso de las filiales de la UTP, otorgó las licencias sin que existan varios locales. Más de una de esas filiales, en el momento en que se les otorgó el licenciamiento, se encontraban en construcción y otras ni siquiera iniciaban su edificación. No cumplían con las exigencias establecidas: infraestructura completa, bibliotecas y laboratorios. Tampoco cumplieron otro requisito: licencia de funcionamiento municipal que se otorga recién cuando se está en condiciones de operar.

Esas son las barreras burocráticas que denunciamos hace más de un año en las páginas de EXPRESO para cancelar el licenciamiento de competidores de la UTP a quienes les exigió los trámites y requisitos que no se exigió a la UTP. De ese modo, habría condicionado y obstaculizado el acceso al licenciamiento, lo que dio lugar a que varias universidades que pudieron ser reformadas terminen perdiendo su condición de agentes económicos en el mercado.

Caso UPAL

Otro caso es el de la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL), que obtuvo el 5 de agosto de 2019 licenciamiento para ofrecer el servicio educativo superior universitario. La Sunedu no le requirió a la UPAL las exigencias, trámites y requisitos que sí le exigió a aquellas universidades que perdieron sus licenciamientos. Nuevamente el uso de barreras burocráticas para sancionar a unos y favorecer a otros. La Sunedu cerró 48 universidades por no cumplir requisitos esenciales, pero a la UPAL le otorgó licenciamiento sin que cumpla esos mismos requisitos.

Un requisito esencial exigido era contar con infraestructura adecuada y de calidad. En el caso de la UPAL se admitió como “sede universitaria” el local de una ferretería ubicada en la calle Alejandro Iglesias 296, Chorrillos.

Se la licenció con aulas donde los alumnos tendrían que desalojar los laboratorios para poder recibir clases y después rearmar tales laboratorios. El expediente señala que las tres aulas pueden recibir 80 estudiantes en total. La rigurosa Sunedu licenció una universidad para apenas 80 estudiantes, pero canceló el licenciamiento a universidades con amplia infraestructura y extensos campus universitarios que podrían haber sido reformadas.

Incluso decidió modificar la licencia a la UPAL, ampliando su propuesta educativa, cuando esta no demostró ni siquiera contar con la infraestructura necesaria para tales fines. Presentó solo un proyecto constructivo.

Caso UPC

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) obtuvo su licenciamiento el 4 de octubre de 2017 para ofrecer el servicio educativo superior universitario en ocho locales ubicados en Lima, con 91 programas. En 2022, la Sunedu resolvió aprobar la modificación de la licencia institucional de la UPC “otorgándole el cambio de modalidad de 82 programas autorizados: 52 a las modalidades semipresencial y a distancia simultáneamente; 19 a la modalidad semipresencial; y 11 a la modalidad a distancia, generándose un número total de 134 programas de estudio adicionales a los que ya se encontraban autorizados”. Este licenciamiento le permite hoy a la UPC convertirse en una inmensa universidad con 134 programas y todas las modalidades posibles: presencial, semipresencial y virtual.  Sin embargo, la Sunedu le ha negado licenciamiento a universidades que ofrecían reducir sus programas para ser más eficientes, cumplir con infraestructura adecuada y equipamientos modernos.

Estos son algunos casos de irregularidades que nuestras páginas han denunciado y no se han investigado. Incluso, la Sunedu modificó las reglas del juego y publicó un nuevo reglamento de licenciamiento de universidades nuevas, que incluía a las universidades con licencia denegada. La estrategia habría sido la misma: No dejar entrar a otros competidores al mercado, imponiendo condiciones más estrictas pero que podían ser evaluadas de manera bastante discrecional por la Sunedu, pues no se establecía cuáles era los criterios de evaluación que seguiría para otorgar o denegar la licencia a una universidad, ni porcentajes ni criterios objetivos y reales que le permitan al administrado tener predictibilidad sobre el resultado y generar seguridad jurídica, constituyéndose, así como una barrera burocrática para el ingreso al mercado universitario.

Las irregularidades encontradas por EXPRESO son diversas, pero su gestión nunca atendió nuestras denuncias. Se continuó con el mismo esquema de siempre, que habría favorecido a unos con estándares distintos que a otros.

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