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CIDH se entromete en caso Zoraida Ávalos y busca impedir su destitución

Órgano internacional defiende a magistrada que tardó en investigar a golpista Pedro Castillo.

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Ocho jueces supremos se meten en caso Zoraida Ávalos: exigen reunión especial para debatir inhabilitación.
Fecha Publicación: 21/06/2023 - 07:37
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vuelve a entrometerse en temas internos del país. Esta vez, busca evitar que la exfiscal Zoraida Ávalos sea destituida a raíz de la denuncia constitucional por encubrimiento al expresidente golpista Pedro Castillo, a quien no investigó oportunamente en casos de corrupción. 

El órgano internacional dice expresar preocupación por las acusaciones constitucionales contra personas operadoras de justicia en el Perú, donde -además- hace un llamado al Congreso peruano a garantizar el derecho de defensa y el debido proceso para que "no se debilite la independencia judicial".

Como es público, el Congreso de la República abrió una acusación constitucional contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos, puesto que el Legislativo está facultado a investigar, juzgar y sancionar con penas de suspensión, destitución o inhabilitación a altas autoridades del Estado por "infracción de la Constitución".

En el documento, la CIDH expresó su "preocupación" por la ambigüedad de la acusación, ya que ni la ley ni la Constitución precisan las conductas punibles y sus consecuencias. Por lo que llamó a delimitarla.

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Al respecto, el Estado aclaró que la acusación constitucional se encuentra regulada en los artículos 99 y 100 de la Carta Magna. Además, precisó que esta figura es parte de la función sancionadora del Congreso y que, como facultad de control político, puede ser ejercida por "responsabilidades eminentemente políticas, aún cuando no exista la comisión de un delito de por medio".

Frente a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insitió en observar "con rigor" el proceso. El Estado, a su vez, comunicó -nuevamente- que el procedimiento de la acusación constitucional se encuentra reglamentado en la propia Constitución y en el Reglamento del Congreso.


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