Colegio de Abogados de Lima busca evitar abusos en investigaciones por lavado de activos
Decano del CAL, Raúl Canelo, explicó que norma actual permite abrir investigaciones sin precisar origen ilícito del dinero.
Con el objetivo de frenar posibles excesos en las investigaciones por lavado de activos, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) presentó un proyecto de ley que busca garantizar un tratamiento más equilibrado y justo en estos procesos, sin debilitar la lucha contra este delito ni contra el financiamiento del terrorismo.
El decano del CAL, Raúl Canelo, explicó que la norma actual permite abrir investigaciones por lavado de activos sin precisar el origen ilícito del dinero, lo que podría afectar injustamente a ciudadanos con ingresos informales.
“Antes se requería identificar el delito fuente, como narcotráfico o trata de personas. Actualmente, basta tener dinero sin justificar para ser sospechoso de lavado de activos”, indicó. Asimismo, advirtió que se deja de lado una realidad estructural: “más del 70% de nuestra economía es informal”.
Medidas restrictivas bajo revisión
La iniciativa legal también plantea que acciones como el congelamiento de cuentas bancarias o la incautación de bienes solo se apliquen cuando existan argumentos sólidos y bien sustentados.
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Canelo advirtió que los procedimientos actuales pueden perjudicar severamente a trabajadores informales. “El vendedor ambulante, el comerciante de autos usados, el sastre... todos ellos podrían ser denunciados por lavado de activos solo por manejar efectivo.
Y cuando eso ocurre, son reportados a registros públicos y al sistema financiero, les bloquean sus propiedades. Eso es un abuso y, en muchos casos, discriminación”, afirmó.
Para el decano del gremio de juristas, si el problema es tributario, entonces corresponde una denuncia por evasión fiscal, no por lavado de activos. “Hay que distinguir los tipos penales y no usar uno tan grave como este sin el debido análisis”, sostuvo.
Riesgo para la economía
Según el CAL, la actual forma de aplicar las investigaciones puede provocar una fuga de capitales, pues provoca inseguridad jurídica y desconfianza entre quienes operan en la economía informal.
La propuesta busca que el Ministerio Público y la Policía Nacional —responsables de estos procesos— cuenten con un marco legal más claro, proporcional y garantista.
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