Congreso: Comisión de Justicia endurece penas y eleva a 30 años de cárcel para sicarios
Norma busca frenar el crecimiento de bandas que operan con violencia.
La Comisión de Justicia del Congreso dio un paso decisivo para endurecer la lucha contra el sicariato en el Perú, al aprobar un dictamen que eleva de 25 a 30 años la pena mínima de cárcel para quienes cometan asesinatos por encargo.
La propuesta también contempla la posibilidad de imponer cadena perpetua si la víctima resulta ser un funcionario público o un comerciante.
Los legisladores que respaldaron la medida explicaron que buscan enfrentar con mayor firmeza el avance de las organizaciones criminales, que han convertido al sicariato en una práctica recurrente para eliminar rivales y consolidar su poder territorial.
"Necesitamos enviar un mensaje contundente. El Estado no puede permitir que este delito continúe creciendo impunemente", expresó uno de los congresistas que impulsó el dictamen.
El proyecto de ley no se limita al castigo del autor material. También establece sanciones para quienes ofrezcan servicios como sicarios o participen en la planificación del crimen.
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La figura del ofrecimiento y la conspiración para asesinar entrarán ahora en la categoría de delitos con penas agravadas. La norma plantea penas diferenciadas de acuerdo al grado de participación y la existencia de agravantes como el vínculo con bandas organizadas o el perfil de la víctima.
La Comisión de Justicia argumentó que la escalada de violencia, alimentada por el accionar de organizaciones criminales, exige respuestas legislativas rápidas y efectivas.
El dictamen será remitido al Pleno del Congreso para su debate final. Si obtiene la aprobación, el Código Penal será modificado y las penas para estos crímenes se volverán más severas.
La iniciativa surge en un contexto de creciente alarma social por el incremento de asesinatos por encargo, especialmente en zonas urbanas. Diversas voces del Parlamento advierten que el sicariato no solo elimina vidas, sino que siembra terror entre los ciudadanos.
Por ello, aseguran que el endurecimiento de las penas constituye una herramienta clave para frenar su expansión.
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