Congreso se resiste a cumplir con sus propios acuerdos: reaparece caso Javier Ríos Castillo después de 18 años
El Legislativo está en la obligación de fundamentar sus decisiones sobre la falsa “renuncia” del agraviado para ocupar un asiento en el Tribunal Constitucional.
Hoy es la audiencia de apelación de un auto de improcedencia del caso del jurista Javier Ríos Castillo que en diferentes instancias le ha ganado al Congreso de la República para asumir un asiento en el Tribunal Constitucional (TC) en el nombramiento congresal del 13 de junio de 2007.
Resulta que con anterioridad se resolvió que en este caso no había nada qué discutir pero resulta que en ningún momento hubo una resolución denegatoria o confirmatoria sobre la actuación del Parlamento que sostuvo que Javier Ríos Castillo había renunciado a la plaza que ganó para ocupar un asiento en el colegiado de tribunos del TC.
La defensa de Castillo sostiene que nunca hubo tal renuncia, anunciada erróneamente en ese entonces por el congresista Aurelio Pastor, esto por la sencilla razón que la ley señala que la renuncia solo procede ante el titular del Tribunal Constitucional y no ante los fueros del Legislativo.
En consecuencia, si no hubo debate sobre el caso ni menos resolución favorable o desfavorable, no hay otra salida que la continuidad del actual proceso hasta su finalización de acuerdo a ley y no escudarse en dichos como que “no hay nada qué discutir”, como pretende la procuraduría del Congreso.
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Por lo demás, los abogados de Javier Ríos Castillo solicitan que se declare la nulidad de la resolución ficta mediante la cual se ha denegado la solicitud del Colegio de Abogados de Lima para que se expida la resolución legislativa del nombramiento de Ríos Castillo como magistrado del Tribunal Constitucional.
El citado Colegio de Abogados ha establecido que dicha elección, como tal, está vigente, porque no se ha notificado resolución o acto que diga lo contrario.
“El propio Tribunal Constitucional ha dejado a salvo mi derecho a cuestionar las actuales decisiones del Congreso no desde la perspectiva de mis derechos fundamentales antes invocados sino de su validez “, señala Ríos.
El Poder Legislativo está entonces en la obligación de fundamentar sus decisiones.
Escuchar a la demandada
Por lo demás, el auto apelado, al traer temas no expuestos en la demanda, sin escuchar a la demandada, está subrogando a esta, por lo que Javier Ríos Castillo solicita a la Cuarta Sala en lo Contencioso Administrativo de Lima, actuar conforme a Derecho y declarar fundada en todos sus extremos la apelación en debate.
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