Corte IDH intenta frenar aplicación de ley de amnistía y desafía soberanía del Estado peruano
Nueva intromisión internacional reactiva presión de un ente supranacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exhortó al Estado peruano no aplicar la Ley N.° 32419, conocida como la nueva Ley de Amnistía, hasta que el tribunal emita un fallo definitivo.
Con esta resolución, el organismo internacional reafirmó que el perdón judicial a procesados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos resulta contrario a la Convención Americana, de la cual Perú es Estado parte.
Tribunal internacional ignora soberanía y cuestiona decisión del Congreso
El tribunal recordó que la normativa promulgada en agosto, que busca exonerar de responsabilidad a militares, policías y funcionarios implicados en crímenes cometidos durante la época del terrorismo, afecta directamente los derechos de las víctimas.
“Las amnistías que pretenden encubrir graves violaciones a los derechos humanos son incompatibles con las obligaciones internacionales”, sostuvo la Corte.
Revive procesos dolorosos para frenar la amnistía nacional
La decisión se enmarca en los casos Barrios Altos y La Cantuta, procesos en los que el mismo tribunal condenó al Estado peruano por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas perpetradas entre 1980 y 2000. En 2001, la Corte responsabilizó al Perú por la masacre de 15 personas en Barrios Altos, y en 2006 lo hizo por la desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor en La Cantuta.
En ambas sentencias, la Corte ordenó investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los altos mandos militares y políticos.
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Con este nuevo pronunciamiento, el tribunal enfatizó que la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo no puede aplicarse en casos de crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en nuevas responsabilidades internacionales para el Estado peruano.
Tribunal extranjero pretende imponer normas sobre decisiones nacionales
La resolución revive un enfrentamiento entre las instituciones nacionales y el sistema interamericano.
Mientras el Congreso defendió la norma como un acto de soberanía, la Corte reafirmó que el derecho internacional prevalece sobre las disposiciones internas cuando se trata de violaciones graves de derechos humanos.
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