Corte Suprema rechaza pedido de Andrés Hurtado para archivar caso de tráfico de influencias
Juez supremo Juan Carlos Checkley negó excepción presentada y ratificó investigación penal.
La Corte Suprema desestimó la solicitud del exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, para que se archive la investigación preparatoria que enfrenta por el presunto delito de tráfico de influencias.
La decisión judicial mantiene vigente el proceso penal que lo involucra junto a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta y otras personas.
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la excepción de improcedencia de acción que presentó Hurtado el pasado 19 de marzo.
Con esa medida, el procesado buscaba que se ordene el sobreseimiento de los tres hechos que el Ministerio Público le atribuye y que, además, se anulen eventuales antecedentes judiciales y penales generados en torno a este caso.
En una resolución emitida el 12 de agosto, el magistrado precisó que no corresponde evaluar en esta etapa procesal si el imputado cometió o no el delito, ni definir su grado de participación.
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“Tratándose del delito de tráfico de influencias, al resolver la excepción de improcedencia de acción, no le corresponde al juez dilucidar la probanza de los aspectos típicos del artículo 400° del Código Penal (…) habiendo quedado establecido que los hechos imputados en los tres casos investigados sí constituirían delito de tráfico de influencias, corresponde desestimar la excepción”, señaló Checkley en su fallo.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos investiga a Hurtado por su presunta participación como intermediario en el pago de una coima al empresario Javier Miu Lei.
Según la imputación, ese dinero habría tenido como destino a la fiscal Peralta, a fin de que recuperara barras de oro incautadas por el Ministerio Público en 2020.
Además, el exconductor afronta un mandato de prisión preventiva de 18 meses dictado por la Fiscalía Suprema en este proceso, así como otro de nueve meses en una investigación distinta a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.
Esta última indagación se relaciona con presuntas irregularidades en el trámite migratorio del futbolista Roberto Siucho, ocurrido en 2019.
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