Delia Espinoza dice que habría un golpe al “orden constitucional” si la sacan de su silla y advierte al ministro del Interior
Fiscal se mantiene en el cargo, pese al nombramiento de su reemplazo.
Delia Espinoza Valenzuela, quien continúa atornillándose al cargo de fiscal de la Nación, advirtió mediante un oficio dirigido al ministro del Interior, Carlos Alberto Malaver, que cualquier intento de intervención policial en la sede del Ministerio Público quebrantaría el orden constitucional y carecería de legitimidad legal.
A través de un documento remitido el 24 de junio, Espinoza cuestionó la Resolución N.º 231-2025-JNJ, emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ordena la reposición de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, bajo amenaza de recurrir a la fuerza pública. Según precisó la supuesta titular del Ministerio Público, esa disposición vulnera la autonomía constitucional del órgano que dirige.
“El Ministerio Público es un organismo autónomo. Cualquier intervención de la Policía Nacional del Perú, sin mandato judicial o resolución motivada, sería ilegal”, afirmó Espinoza.
En su pronunciamiento, recordó que la elección de la actual fiscal de la Nación fue válida, conforme al artículo 158 de la Constitución y al Acuerdo N.º 6579-2024 de la Junta de Fiscales Supremos.
Espinoza también enfatizó que la directora encargada de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez Hidalgo, carece de competencia para ordenar apercibimientos con amenaza de uso de la fuerza pública. Por tanto, devolvió el oficio en el que se exigía reponer a Benavides en un plazo de 24 horas.
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Además, indicó que presentó una oposición formal a la ejecución de esa resolución, en cumplimiento del artículo 12.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. “No se trata de desacato, sino del ejercicio legítimo de mis derechos”, afirmó la fiscal en declaraciones difundidas en redes sociales.
Espinoza también reveló que el Noveno Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite su demanda de amparo contra la resolución de la JNJ, la cual consideró “inconstitucional”, al no haber sido firmada por todos los integrantes del pleno. “Tres veces se ha solicitado el acta y el video de la deliberación, sin respuesta alguna”, agregó.
Frente al escenario de una eventual intervención policial, la fiscal advirtió que cualquier disposición que ordene el ingreso en instalaciones del Ministerio Público sería no solo una infracción administrativa grave, sino también un posible ilícito penal.
"En caso de que los altos mandos dispongan la intervención de la Policía Nacional del Perú, incurrirán en infracciones administrativas graves y en la comisión de ilícitos penales", se lee en la misiva.
Por su parte, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) convocó a una reunión de urgencia con Espinoza y Benavides, con el fin de alcanzar una “solución armoniosa y justa” al conflicto. Sin embargo, la susodicha no asistió, y reiteró que continúa ejerciendo de manera legítima el cargo para el cual fue elegida.
“Exhorto a todas las instituciones a no desinformar ni intervenir indebidamente en este proceso. Actuar fuera del marco constitucional sólo agravaría la crisis”, concluyó.
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