Denuncian a Dina Boluarte por presunta colusión durante su gestión en Midis
El caso se suma a otras investigaciones por presuntas irregularidades en su gobierno.
El Ministerio Público presentó esta tarde una nueva denuncia constitucional ante el Congreso de la República, con-tra la actual presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por hechos ocurridos durante su periodo como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
La Fiscalía la acusa como presunta autora del delito de colusión agravada en agravio del Estado.
Según el comunicado oficial, el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación identificó que Boluarte habría utilizado su cargo ministerial para beneficiar a Víctor Hugo Torres Merino, amigo de la infancia de su hermano, Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra.
“Se habría concertado su contratación como proveedor de servicios en los programas sociales Qali Warma y Plata-formas de Acción para la Inclusión Social”, detalló el Ministerio Público.
La denuncia sostiene que Boluarte facilitó estas contrataciones dentro del ámbito del Midis, cartera que dirigió antes de asumir la Presidencia de la República.
Según las investigaciones, los vínculos personales con el entorno de su hermano influyeron directamente en los procesos de adjudicación, lo que configuraría un aprovechamiento indebido del poder para favorecer a terceros.
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Esta acusación se suma a una denuncia más amplia que la Fiscalía presentó esta mañana contra la jefa de Estado y varios exministros de su primer gabinete.
En este segundo expediente, el Ministerio Público responsabiliza a Boluarte y a funcionarios como Pedro Miguel Angulo Arana, Alberto Otárola, César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero por su actua-ción frente a las protestas sociales registradas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Señalan uso excesivo
La Fiscalía les imputa los delitos de lesiones leves y graves, en perjuicio de al menos 75 personas heridas durante la intervención policial y militar en regiones como Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.
“Las pruebas apuntan a que los altos mandos tenían pleno conocimiento del uso excesivo de la fuerza y aun así permitieron su aplicación”, señaló la entidad.
Diversas organizaciones de derechos humanos documentaron los hechos y denunciaron el uso desproporcionado de armas de fuego, gases lacrimógenos y represión directa contra manifestantes, muchos de los cuales resultaron heridos de gravedad o con secuelas permanentes.
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