Denuncias contra fiscales supremos llegan a 14 ante Congreso: Delia Espinoza, Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez bajo la lupa
Titular del Ministerio Público encabeza lista.
La Junta de Fiscales Supremos, órgano que debería encarnar la máxima integridad en el Ministerio Público, enfrenta una severa crisis de legitimidad al acumular sus integrantes un total de 14 denuncias constitucionales ante el Congreso de la República.
Las acusaciones, en trámite ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), involucran presuntas faltas graves cometidas durante el ejercicio de sus funciones.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, encabeza la lista con cinco denuncias en su contra. Entre los casos más recientes figura una acusación aprobada por la SAC, impulsada por la bancada de Renovación Popular.
La denuncia la responsabiliza de favorecer a su colega Pablo Sánchez al archivar una investigación que lo vinculaba con presuntas irregularidades en el caso del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Los delitos atribuidos son cohecho activo específico y encubrimiento personal.
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Otra denuncia, interpuesta por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, acusa a Espinoza de abuso de autoridad por solicitar acceso a dispositivos personales y claves privadas.
Además, el extitular del Interior señala que la fiscal habría filtrado información reservada a medios de comunicación. La subcomisión ya admitió a trámite este caso.
El congresista Jorge Luis Flores también presentó una denuncia contra Espinoza por supuestos excesos en el ejercicio de su cargo al solicitar al Congreso información sobre votaciones internas, como parte de las investigaciones del caso ‘Los Niños’.
Este expediente también incluye al fiscal supremo Juan Carlos Villena, quien habría otorgado a Espinoza más facultades mediante resolución interna.
En paralelo, los fiscales supremos Espinoza, Villena, Sánchez y Zoraida Ávalos enfrentan dos denuncias conjuntas: una por presuntamente no acatar la norma que otorga facultades de investigación a la Policía Nacional del Perú (PNP) y otra por desobedecer la orden judicial de reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema.
Denuncia a Pablo Sánchez
El caso más antiguo recae sobre Pablo Sánchez, denunciado por el congresista Alejandro Muñante por su intervención en una diligencia en la sede del Instituto de Defensa Legal (IDL) en 2018, durante las revelaciones de los ‘CNM Audios’.
Por su parte, Tomás Gálvez Villegas, reincorporado recientemente, enfrenta una denuncia constitucional por organización criminal y tráfico de influencias, presentada por la misma Patricia Benavides. La SAC ya culminó su investigación y el caso espera la presentación del informe final.
Pese a que la Junta de Fiscales Supremos debe liderar el rumbo del Ministerio Público, actualmente se encuentra envuelta en una red de denuncias, pugnas institucionales y cuestionamientos éticos que debilitan la independencia de poderes y ponen en tela de juicio la integridad del sistema de justicia peruano.
Ni siquiera Tomás Aladino Gálvez, que hace pocas semanas se reincorporó, se salva. En la actualidad, enfrenta una única denuncia en su contra por un conocido caso que data de 2018: ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
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