Dina Boluarte: defensa legal de mandataria asegura que fallo del TC fortalece democracia peruana
Abogado subrayó que presidenta ya afrontó investigaciones fiscales que, en su opinión, no debieron iniciarse mientras ejercía cargo.
El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, defendió la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que suspende las investigaciones fiscales contra la jefa de Estado hasta que concluya su mandato.
Según indicó, el fallo no se trata de un beneficio personal, sino de una restitución del marco jurídico que históricamente protegió la figura presidencial en el Perú.
Campos afirmó que la resolución “es un aporte a la democracia que restablece una situación que ciertamente había sido interrumpida”.
En declaraciones a un medio local, explicó que el TC reafirmó que un presidente en funciones solo puede ser investigado en los casos señalados en el artículo 117 de la Constitución: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso inconstitucionalmente o evitar el funcionamiento de los organismos electorales.
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El abogado subrayó que la presidenta Boluarte ya afrontó investigaciones fiscales que, en su opinión, no debieron iniciarse mientras ejercía el cargo.
“A quien menos beneficia es a la presidenta Boluarte, porque ya sufrió todo lo que en este momento el Tribunal ha dicho que ya no va a ocurrir”, señaló.
Según indicó, el efecto real de la sentencia será hacia adelante, pues otorgará garantías de gobernabilidad a futuros mandatarios.
En ese sentido, Campos negó que la decisión implique impunidad. “Toledo, Fujimori, García, Humala […] todos han sido investigados y procesados bajo la regla que el Tribunal está restableciendo”, recordó.
Aseguró que la medida no elimina la rendición de cuentas, sino que la posterga hasta después del mandato presidencial.
El defensor legal de Boluarte también destacó que la sentencia del TC tiene aplicación general y no exclusiva.
“No se trata de un beneficio particular, como algunos interesados quieren hacer creer”, indicó. Explicó que la regla restablecida es de carácter permanente y aplicable a todos los futuros jefes de Estado.
Para reforzar su postura, Campos evocó referencias internacionales. Mencionó un fallo judicial reciente en Estados Unidos que restringe las investigaciones indefinidas contra presidentes en ejercicio por actos oficiales.
“Ya no se puede investigar para siempre al presidente de la República”, afirmó, insistiendo en que la protección institucional al cargo resulta indispensable para la estabilidad democrática.
El letrado remarcó que las investigaciones fiscales inmediatas ocasionan un efecto político nocivo.
“Cada vez que hay una denuncia contra un presidente de la República hay un oprobio público que se capitaliza políticamente y eso no se puede permitir”, advirtió.
Añadió que un jefe de Estado no es un funcionario común, sino la representación de una voluntad nacional que necesita condiciones de tranquilidad para gobernar.
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