Dina Boluarte llama a reformar sistema de justicia: “Tiene que ser real y para todos los peruanos”
Pide restaurar la confianza ciudadana en el sistema legal.
La presidenta Dina Boluarte instó este lunes a emprender una reforma integral del sistema de justicia peruano, con el objetivo de construir una sociedad más democrática, pacífica y con acceso equitativo a la legalidad.
Durante su mensaje, la mandataria reafirmó su compromiso de “brindar una justicia real y concreta en favor de todos los peruanos”, resaltando que esta debe ser “reparadora y primordialmente igualitaria”.
Remarcó la necesidad de transformar el actual sistema de justicia en un modelo legítimo y democrático, que responda a las demandas de la ciudadanía y promueva el desarrollo integral de las personas.
“Trabajamos con fuerza para lograr los consensos necesarios con los demás poderes del Estado que nos permita implementar una reforma del sistema de justicia estructural
que facilite el acceso real a la justicia”, manifestó.
En concordancia con este llamado, el Congreso de la República aprobó la creación de un consejo consultivo que acompañará a la Comisión Especial para la Reforma del Sistema de Justicia, presidida por la congresista María del Carmen Alva.
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El grupo consultivo estará conformado por siete reconocidos juristas, entre ellos Víctor García Toma y Ernesto Blume Fortini, ambos exmiembros del Tribunal Constitucional, y Aníbal Quiroga León, destacado constitucionalista.
La comisión legislativa dio luz verde al plan de trabajo 2024-2025 el pasado 2 de abril, con ocho votos a favor. La agenda contempla la formulación de propuestas legislativas y ejecutivas que apunten a un rediseño estructural del sistema judicial peruano.
Como parte de sus primeras acciones, la titular del grupo parlamentario sostuvo reuniones protocolares con las presidentas del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, Janet Tello y Luz Pacheco, respectivamente, con el propósito de consolidar una coordinación interinstitucional en este proceso de reforma.
La propuesta de Boluarte coincide con una creciente demanda social por mayor transparencia, celeridad y equidad en la administración de justicia, en un contexto en el que múltiples sectores cuestionan la efectividad y legitimidad del sistema actual.
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