Dina Boluarte suma respaldo en el TC: Defensor del Pueblo y magistrado critican a Fiscalía
“El jefe de Gobierno no puede trabajar con 18 investigaciones abiertas”, sostuvo juez Gustavo Gutiérrez Ticse.
En la audiencia clave para el equilibrio de poderes en el Perú, el Tribunal Constitucional (TC) evaluó este jueves la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, en la que se solicita limitar las investigaciones que puedan darse contra un presidente en funciones.
La sesión se centró en los argumentos que buscan evitar lo que el Ejecutivo considera una interferencia con las funciones de la presidenta Dina Boluarte.
La mandataria, quien optó por no viajar a Arequipa y permanecer en Lima, estuvo representada por su abogado Joseph Campos. Durante la audiencia, Campos argumentó que las investigaciones fiscales interfieren con el ejercicio del cargo presidencial.
“El único llamado a investigar y encausar a la presidenta de la República es el Congreso”, sostuvo el abogado, aludiendo a la prerrogativa constitucional del Parlamento.
Uno de los pronunciamientos más llamativos de la jornada provino del magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse, quien expresó el impacto de los procesos fiscales sobre la capacidad de gobierno.
“El jefe de Gobierno no puede trabajar con 18 investigaciones abiertas”, indicó, marcando una postura que respalda la tesis del Ejecutivo sobre una posible afectación a la gobernabilidad.
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El magistrado Gutiérrez Ticse remarcó que la figura presidencial no puede estar sometida a un constante acoso judicial, ya que eso pondría en riesgo la estabilidad institucional.
Su intervención dejó entrever una inclinación del TC por establecer límites al accionar del Ministerio Público en este tipo de casos.
Dina Boluarte gana respaldo
En paralelo, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, también intervino en la audiencia para sustentar su posición a través de un amicus curiae en favor de la presidenta Boluarte. Según Gutiérrez, la Constitución es clara al asignar al Congreso la facultad exclusiva de investigar y procesar a un presidente en funciones.
“El único llamado a investigar y encausar al presidente de la República es el Congreso”, afirmó tajantemente el defensor del Pueblo. Asimismo, planteó que, mientras dure su mandato, la jefa de Estado debe gozar de un blindaje constitucional para evitar lo que consideró un uso indebido del sistema judicial con fines políticos.
La demanda presentada por el Ejecutivo sostiene que las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial invaden competencias propias del Ejecutivo, en especial por las investigaciones abiertas contra la presidenta Boluarte. Estas indagaciones, según la demanda, limitan su capacidad para gobernar con plena independencia.
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